En 2012, la captura en España de un primo del Chapo Guzmán, quien pretendía introducir cocaína a Europa, causó revuelo, entre otras cosas porque se evidenciaba la penetración del crimen organizado mexicano en aquellas tierras y porque uno de los detenidos esa vez es un priista que presumía de su buena relación con Peña Nieto y Emilio Gamboa. El asunto tiene además otra vertiente: demuestra la amplísima cooperación entre las fuerzas de seguridad europeas y estadunidenses –al FBI se le permitió actuar sin cortapisas–, y el ninguneo a las autoridades mexicanas, a las cuales no hicieron partícipes del gran operativo.
Jesús Manuel Gutiérrez Guzmán, primo de Joaquín El Chapo Guzmán, se reunió el 31 de mayo de 2012 en Phoenix, Arizona, con un socio para discutir los pormenores del envío de más de 300 kilos de cocaína de Brasil a España a fin de seguir extendiendo la red del Cártel de Sinaloa en Europa. Hablaron del esquema de distribución mediante la empresa exportadora Cristerlia Celta, establecida legalmente pero que sería utilizada como pantalla.
Desde marzo de 2011 los mexicanos habían establecido la infraestructura para iniciar sus actividades en Europa. Primero hicieron cuatro envíos legales de plátano y piña desde Brasil y Ecuador para fabricar un historial de su empresa fachada y conocer los protocolos de vigilancia de las autoridades aduaneras y policiales.
Pero la jugada no les salió bien. El 8 de agosto del año pasado la policía española anunció con bombo y platillo la captura de Gutiérrez Guzmán y tres de sus socios.
La noticia dio la vuelta al mundo, sobre todo por ir acompañada de un video del momento de la detención del traficante al salir del centenario Hotel Palace, en el centro de Madrid, y al divulgarse las imágenes de uno de los aprehendidos, Humberto Celaya Valenzuela, priista que en su perfil de Facebook presumía sus fotos con Enrique Peña Nieto y Emilio Gamboa Patrón (Proceso 1867).
Ahora, tres resoluciones de la justicia española sobre los procesos de extradición a Estados Unidos de estos detenidos –documentos que Proceso pudo consultar– muestran que el primo del Chapo participó en el entramado de otra operación de envío de una tonelada de cocaína a Europa desde Ecuador.
Una fuente judicial dice a este semanario que existen indicios de que Samuel Zazueta –quien aparece en el video de la captura de Gutiérrez Guzmán– podría ser un integrante del Cártel de Sinaloa, identificado en la operación Guadaña como Héctor Murillo Rivera, a quien la policía vigiló en 2009 durante dos estancias en Madrid.
Con la operación Guadaña –en la cual intervinieron Estados Unidos, Brasil, Argentina y España– fue capturado el narco mexicano Nicolás Rivera Gámez (Proceso 1800).
El pasado abril la Policía Europea (Europol) reveló que el Cártel de Sinaloa y Los Zetas se están convirtiendo en “actores clave en el mercado europeo de narcóticos”.
Europol difundió: “Se recopiló información que muestra que los grupos criminales mexicanos intentan establecerse como actores esenciales en el mercado de la droga europea”, y agregó que están implicados en “el tráfico de armas de Centroamérica al sureste europeo.
“Los Zetas”, abundó Europol, “están envueltos en el tráfico de personas del noreste de Europa para la explotación sexual en México”.
Un pie en España
Gutiérrez Guzmán ignoraba que la persona con la cual estaba haciendo negocios en Phoenix en 2012 era un agente encubierto del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que se hizo pasar por miembro de una organización de narcotraficantes europeos.
Éste y otros oficiales encubiertos de la División Boston del FBI, así como oficiales de enlace de la agencia en la embajada estadunidense en Madrid, habían dado seguimiento a la organización desde 2009, apuntan los documentos.
Como parte de esa operación, la Black Waters, los agentes encubiertos del FBI planearon iniciar esta sociedad con los representantes del cártel sinaloense, con quienes se reunieron varias veces y a quienes vigilaron en distintos puntos de Estados Unidos (Nueva Hampshire, Massachusetts, Florida y las Islas Vírgenes), México, Brasil y España.
Gutiérrez Guzmán, quien demostró ser un “representante directo de su primo, El Chapo Guzmán”, prendió los focos rojos del FBI durante uno de estos encuentros, cuando les adelantó a los investigadores encubiertos la posibilidad de que el narcotraficante más buscado por Estados Unidos y México hiciera un viaje a España, entre otras cosas para conocer los pormenores de las operaciones que buscaban colocar la cocaína en el mercado europeo.
El FBI ya estaba trabajando en secreto con las autoridades de España en esta investigación –sin conocimiento de las mexicanas–. Una fuente española vinculada con las investigaciones –quien habló con Proceso a condición de mantener su anonimato por razones de seguridad– confirma que Gutiérrez Guzmán expresó la posibilidad de que El Chapo viajaría a España, lo cual puso en “alerta máxima” a las corporaciones de varios países.
Aunque con el paso de los meses, acepta, resultaba difícil que se concretara la presencia del Chapo en Europa, nunca se descartó del todo esa posibilidad, pues “el líder (Gutiérrez Guzmán) iba sugiriendo que este negocio tenía una gran importancia y hablaba con una enorme certeza de que El Chapo vendría a España.
“Lo atribuyó al acoso que El Chapo debía estar recibiendo en México”, dice la fuente, quien por cierto descarta cualquier vínculo de estos implicados con el caso Guadaña. Otra fuente judicial consultada por separado atribuyó el interés del Chapo en el mercado europeo al “enorme poderío que tienen las organizaciones mexicanas para su expansión por el mundo”, tal como lo cita el informe de la Europol.
La primera fuente citada explica que del análisis sobre los comentarios de los miembros del clan, se “veía con lógica que (El Chapo) viniera a un país de habla hispana, por ser su propia lengua”.
Además, profundiza, otro elemento útil “para implantar de forma clara una célula” y camuflarse, “(es) que España es una puerta de entrada para Europa, tiene un promedio anual de 57 millones de turistas, lo cual da oportunidad de pasar como uno de ellos.
“Eso, añade, incrementa la dificultad para la policía española de detectar a grupos como éste, que son celular pequeñas, compactas y muy operativas”.
Esgrimiendo “razones de seguridad” de los oficiales que participaron en este caso, la misma fuente se negó a dar detalles de la forma y el sitio en que el primo del Chapo expresó la posibilidad de la presencia del jefe del Cártel de Sinaloa en España.
No obstante, en el expediente del procedimiento de extradición (35/2012) de uno de los subordinados, Jesús Gonzalo Palazuelos Soto, desahogado en el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que preside el juez Fernando Grande Marlaska, se advierte que la justicia española abrió una diligencia centrada en El Chapo Guzmán.
Se trata del fallo 11/13 con el cual el tribunal rechazó un recurso de Palazuelos en el que refiere que el Juzgado Quinto de la Audiencia Nacional inició la diligencia 66/11 “centrada en la localización y detención del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, y ello a requerimiento del FBI, a través de una comisión rogatoria que fue presentada en la Fiscalía Especial Antidrogas, de la investigación 2/11”.
Las extradiciones
Tras conocerse su detención en Madrid, el fiscal estadunidense John P. Kacavas dio a conocer en un comunicado que un gran jurado de Nueva Hampshire entregó un acta de inculpación contra Gutiérrez Guzmán, Celaya Valenzuela y otros “por conspiración para distribuir mil o más kilos de cocaína”.
Fueron vinculados desde una operación de droga en 2009 en esa zona de Massachusetts.
“La investigación abarca reuniones con miembros de la conspiración en Nueva Hampshire, Florida y las Islas Vírgenes, en las cuales se discutieron detalles del esquema de distribución de la droga”, apunta el comunicado.
El 8 de junio de 2011 un gran jurado federal estadunidense presentó ante la corte una acusación contra el Chapo Guzmán y seis miembros más del cártel, entre ellos Celaya Valenzuela, dio a conocer Reforma el 7 de septiembre del año pasado.
Un día después la juez Landya B. McCafferty libró las órdenes de aprehensión contra los acusados, bajo cargos de conspirar para distribuir una tonelada de cocaína entre 2009 y 2011.
El FBI y la policía española mantuvieron al margen en estas pesquisas al gobierno mexicano, pese a que Celaya buscó en 2012 la candidatura a una diputación en Sonora y coordinó una campaña del PRI.
Los otros acusados en Nueva Hampshire son Rodolfo Alarcón Mendoza, Sergio López Alarcón, José Benjamín Locheo del Río y Álvaro Rivera Pedrego.
Reforma publica que Rivera Pedrego es conocido también como Miguel Durán y fue detenido en la frontera con Arizona en octubre de 2011. Tiene un largo historial delictivo en esa entidad estadunidense con acusaciones federales desde principios de los noventa. El 24 de julio del año pasado un juez de Tucson ordenó el traslado de Rivera a Concord, Nueva Hampshire, para que comparezca ante la corte.
La acusación estadunidense especifica que 346 kilos exportados a Estados Unidos fueron asegurados y posteriormente se incautaron en Detroit “varias cantidades” de metanfetaminas y heroína enviadas por el Cártel de Sinaloa para reponer cargamentos previos de cocaína que no llegaron a su destino.
En esta acusación no aparece Palazuelos Soto. Sin embargo éste fue incluido en la solicitud de extradición por el papel relevante que tuvo en la operación de supervisión de la parte logística en el cargamento enviado a España.
Según el procedimiento de extradición 35/2012, Palazuelos era el responsable de “controlar” y “supervisar” el envío de un cargamento de cocaína de 373 kilos que salió de Puerto Santos (Brasil) el 15 de julio de 2012, “lo que derivó en ‘observación telefónica’ de los miembros hasta el descubrimiento de la sustancia estupefaciente el 28 de julio de 2012, en el puerto de Algeciras”.
La Audiencia Nacional rechazó el 15 de febrero de 2013 el recurso de súplica promovido por Palazuelos para ser enjuiciado en España y evitar la extradición a Estados Unidos; el tribunal confirmó el fallo judicial emitido el 23 de enero que daba luz verde a su traslado a ese país. El Ministerio de Justicia confirmó a Proceso que el Consejo de Ministros aprobó su extradición el pasado 28 de junio y días después fue puesto en manos del gran juzgado en Nueva Hampshire.
La extradición de su jefe, Jesús Manuel Gutiérrez Guzmán fue aprobada el 12 de diciembre de 2012 y tras un recurso similar para obstaculizar su traslado a Estados Unidos, el fallo fue ratificado el 28 de diciembre del año pasado y el 12 de abril último fue entregado en absoluto sigilo y bajo fuertes medidas de seguridad a agentes estadunidenses.
La justicia española corroboró el 15 de abril pasado la extradición del otro miembro de la célula, Samuel Zazueta (auto judicial 36/2013), en el cual señala que “los hechos investigados en España no abarcan sino una mínima porción de los que son objetó de acusación en Estados Unidos, lugar donde se encuentra la mayoría de las fuentes de prueba a utilizar del juicio”.
Añade que “aun cuando se trataran de los mismos hechos, la posible competencia de la jurisdicción española para el conocimiento de los hechos acaecidos en España, en modo alguno excluye la competencia de los tribunales estadunidenses por el principio de territorialidad, así como la persecución universal de esta clase de delitos de la Convención de Viena”.
El caso de Celaya Valenzuela fue el que más se agilizó. Fue entregado a agentes de Estados Unidos el 5 de octubre de 2012, dos meses después de su captura. Una fuente judicial dice al corresponsal que “el FBI negoció con él (Celaya) algo, porque fue el primero que España entregó en forma acelerada”.
“De él teníamos detectada una visita anterior acompañado de su familia”, dice la fuente relacionada con la investigación. “Al que sí detectamos haciendo los primeros movimientos de la operación fue a Palazuelos”.
Explica: “Ellos nunca estuvieron hospedados en el (hotel) Palace. Estaban en otro hotel del centro de Madrid del que no te puedo dar el nombre, pero la célula utilizaba el restaurante del Palace para hacer sus reuniones, para camuflarse entre turistas de alto standing y ejecutivos de todo el mundo que vienen a hacer negocios a España”.
Los documentos judiciales dejan en claro que España permitió la actuación de los agentes encubiertos del FBI en suelo español.
En los fallos de Gutiérrez Guzmán y de Palazuelos se lee: “La investigación policial y el procedimiento penal en España se iniciaron a partir de la información transmitida por las autoridades de los EU, con la finalidad de dar cobertura a la intervención de agentes encubiertos (del FBI), funcionarios de policía de dicho Estado y de incautar la mercancía ilegal”.
Fuente: Proceso
