La dependencia feral determinó que, por tener legitimidad en caso, Chihuahua, y no Gobierno federal, debe realizar acciones jurídicas.
En un oficio enviado a la Consejería Jurídica del Gobierno de Chihuahua, el director general de Delitos Financieros y Diversos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Flavio Carlos Valadez, indica que la SHCP no es parte del proceso.
“(…) con independencia de lo establecido por el Poder Judicial de la Federación en la resolución del Conflicto Competencial 4/2018, la defensa de los recursos en cuestión sí compete al fuero local; por lo que en consecuencia corresponde enteramente al Gobierno del Estado de Chihuahua, y no al Gobierno federal, llevar a cabo las acciones jurídicas necesarias e interponer los recursos a que haya lugar”, indicó el documento del que REFORMA tiene una copia.
“Por más protección que le haya brindado el Presidente de la República y varios de sus principales funcionarios hasta ahora, está prevaleciendo la razón y el Derecho, y estamos en un cauce de carácter legal”, declaró durante una gira de trabajo en Ciudad Juárez.
Luego del sobreseimiento de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso de la presunta triangulación de 250 millones de pesos desde la SHCP hacia la Administración del ex Gobernador César Duarte y posteriormente hacia las campañas del PRI en 2016, la Consejería Jurídica de Chihuahua exhortó a Hacienda para que a la brevedad apelara la exoneración en la causa penal 24/2018, impuesta por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte el 31 de agosto.
“Al respecto, me permito informar a usted que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (la Secretaría) a la fecha no ha formulado ninguna querella por los hechos que investiga la Procuraduría General de la República (la Procuraduría), por lo que no ha adquirido el carácter de parte en el proceso penal”, respondió la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos al Gobierno de Chihuahua el 18 de septiembre en tres escritos fechados el 3 de septiembre.
La dependencia explicó que en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, sólo pueden promover recurso de apelación aquellas personas dentro del proceso que cuenten con legitimación dentro del mismo, entendiéndose por sujetos legitimados, la Fiscalía, la víctima u ofendida del delito o el imputado y su defensor.
“En el caso en particular, esta Secretaría no cuenta con la calidad de víctima u ofendida del delito y por ello carece de legitimación procesal para apelar dicha resolución, en razón de que los hechos investigados por la Procuraduría no causan ningún agravio o perjuicio a la Secretaría”, se precisó en el oficio.
“Por lo que los recursos presuntamente desviados no forman parte de su patrimonio, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, inciso c) subinciso III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, situación que fue hecha del conocimiento de la Procuraduría a través de oficio presentado el 10 de agosto de 2018”.
La instancia federal agregó que en caso de interponer el recurso de apelación en los términos que solicitó la Consejería Jurídica, conforme con el Artículo 470 fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, éste sería desechado al haber sido promovido por quien carecía de legitimación dentro de la causa penal correspondiente.
“Asimismo, se hace de su conocimiento que –en efecto- esta Secretaría fue citada a la audiencia celebrada el día 24 de agosto de 2018, ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte en la Ciudad de México, audiencia que no pudo ser celebrada por fallas técnicas en el traslado de los imputados y cuyo objetivo (en principio) era precisamente regularizar el procedimiento referente a la audiencia inicial y dilucidar respecto al carácter de la Secretaria en ese proceso penal, sin que la presencia de ésta en dicha audiencia, presuponga que ostenta la calidad de víctima respecto a los hechos que investiga la Procuraduría como usted lo aduce”, añadió el director general de Delitos Financieros y Diversos de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Además, refirió, tampoco la Auditoría Superior de la Federación, órgano encargado de la fiscalización de los recursos federales, ha formulado querella por los hechos investigados.
“Al considerar como consta en autos de la carpeta de investigación FED/CDMX/SZN/0001490/2018, que los recursos referidos en dicha indagatoria no revisten el carácter de federal, sino estatal”, puntualizó.
En tanto, el Gobernador Javier Corral se refirió al documento enviado por Hacienda en el que indica que la víctima en el caso federal de Alejandro Gutiérrez es el Estado de Chihuahua.
“Señalan que ellos no tienen ni sienten el carácter de víctima en el caso de Alejandro Gutiérrez”, precisó.
“Por lo tanto, en la audiencia para desahogar este tema, quién es realmente la víctima, quién es el ofendido, el agraviado, en el desvío de 250 millones, es muy probable que Chihuahua recupere ese carácter en esa audiencia”.
Además, Corral indicó que el plan de protección del Presidente Enrique Peña Nieto a Gutiérrez no ha funcionado.
“Por más protección que le haya brindado el Presidente de la República y varios de sus principales funcionarios hasta ahora, está prevaleciendo la razón y el Derecho, y estamos en un cauce de carácter legal”, declaró durante una gira de trabajo en Ciudad Juárez.
“No le está funcionando del todo el plan, de protección, de impunidad, que se le ha diseñado desde distintos ámbitos, incluida la Procuraduría General de la República”.
