El gobierno de Nuevo León lanzó una nueva ofensiva contra el exmandatario Rodrigo Medina de la Cruz, con el propósito de vincularlo a proceso por los delitos de peculado y contra el patrimonio del estado, por los cuales ya había sido exonerado.
La Fiscalía Anticorrupción de la entidad citó al priista para que el próximo jueves 15 se presente en audiencia oral en la Sala 12 Penal del Tribunal Superior de Justicia, donde se ventilará el recurso de apelación interpuesto, luego de que el juez de Control Jaime Garza Castañeda desestimó –el pasado 9 de agosto– los dos delitos mencionados.
En aquella ocasión el juzgador determinó procesar a Medina de la Cruz únicamente por ejercicio indebido de funciones y desechó los otros dos.
El proceso contra el exgobernador inició después de que la Contraloría estatal detectó un quebranto al erario por 3 mil 683 millones de pesos por estímulos fiscales que Medina y su equipo entregaron de manera indebida a la armadora surcoreana de automóviles KIA, establecida en el municipio rural de Pesquería.
Ernesto Canales Santos, fiscal Anticorrupción de la entidad, explicó que en la próxima audiencia serán presentados nuevamente argumentos incriminatorios que el procesado deberá responder.
“Será un debate en donde los fiscales, en representación del Estado, expondrán los motivos por los cuales creemos que Rodrigo Medina también debe ser vinculado a proceso por otros dos delitos”, dijo el funcionario.
Precisó que el exmandatario será imputado próximamente por otros cargos relacionados también con la entrega de terrenos y obras de infraestructura con sobreprecios.
La otra acusada
Como parte de este maxiproceso que emprendió el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, a través de la denominada Operación Tornado, el pasado sábado 3 fue imputada por ejercicio indebido de funciones Celina Villarreal Canales, quien fuera subsecretaria de Inversión y Fomento Industrial en el sexenio de Medina.
La juez de Control Patricia Quintana consideró que hay pruebas suficientes para continuar la investigación contra la exfuncionaria estatal, implicada también en el esquema fraudulento detectado en la entrega de apoyos a la armadora KIA.
La Fiscalía convenció a la juzgadora de que Villarreal participó en el análisis de estudio de impacto socioeconómico presentado el 2 de mayo de 2014, donde fueron aprobados los incentivos a la armadora, un procedimiento que según la parte acusadora estaba fuera de la ley.
También se estableció que Villarreal Canales se involucró en la adquisición irregular de los predios que el estado entregó a la empresa asiática.
Como medidas precautorias, la juez determinó que la imputada se reporte una vez al mes en el juzgado, y se le embargará una propiedad.
El 3 de enero del 2017 se determinará si Villarreal es sometida a juicio.
Además de Medina y Villarreal Canales, la Subprocuraduría Anticorrupción ha logrado que sean vinculados a proceso el extesorero Rodolfo Gómez Acosta y el exsecretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán Robert.
Fuente: Apro
