El jurista español Baltasar Garzón asesorará al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, en temas de derechos humanos y anticorrupción.
Al finalizar una reunión en palacio de gobierno, Rodríguez Calderón dijo que con su experiencia, Garzón ayudará en la elaboración de un esquema en el que se puedan sentar las bases para desarrollar un trabajo permanente en los temas señalados.
“Hablamos de la gran experiencia de Baltasar en el tema de protección a los derechos humanos, en la creación de la Fiscalía anticorrupción y en la capacitación para que los sistemas funcionen contra la corrupción. Ya habíamos tenido una plática de eso aquí”, subrayó.
El mandatario explicó que por ahora no han establecido un programa ni han definido acciones concretas de asesoría, detalles que serán afinados en reuniones que tendrán en los próximos días.
El interés por contratar al español, dijo, es para que capacite en temas de protección a los derechos humanos a los funcionarios, a los policías y a los órganos de investigación de la entidad.
Es necesario que estos temas no solamente sean insertados entre los trabajadores del gobierno, sino que deben quedar de manera permanente para que los adopten las nuevas generaciones, añadió.
“Habrá todo un sistema de capacitación para inducirlo a las nuevas generaciones, porque no se trata del tema anticorrupción solamente en los eventos jurídicos o legales, para castigar a los que se hayan corrompido o se vayan a corromper en el gobierno. Queremos ir más allá, desde la base y la academia”, puntualizó.
Por su parte, el exmagistrado español dijo que habló con Rodríguez Calderón del interés mutuo por trabajar en estrategias para la lucha contra la corrupción en la entidad, así como en la reconstrucción de las instituciones a partir de la participación ciudadana.
“Humildemente, poner al servicio de este proyecto impresionante y este reto o desafío muy importante, toda la actividad que venimos trabajando en México y en otros países desde la Fundación (Internacional Baltasar Garzón) y mi propia experiencia, y en este sentido contribuir de la forma más contundente a que realmente el esfuerzo que se hace desde el gobierno de Nuevo León se traduzca en esa necesaria confiabilidad de los ciudadanos en sus representantes”, comentó.
Por la información que tiene, dijo Garzón, la entidad va en la ruta adecuada hacia la legalidad y la transparencia, aunque la consolidación de los proyectos será ardua, ya que se requerirá la incorporación de los ciudadanos en la toma de decisiones dentro de los mecanismos de gobierno.
Al comentar la tendencia reciente en México de asignar militares en trabajos de seguridad pública, como ocurre en Nuevo León, destacó que el trabajo de los soldados no está reñido con la protección de las garantías individuales.
“El mundo de la seguridad con lo militar no es necesariamente incompatible con los derechos humanos. Estos no son patrimonio exclusivo de los cuerpos civiles. Lo esencial es que los derechos humanos sean el núcleo de cada uno de los mecanismos de seguridad de un país y de un estado”, apuntó.
Y mencionó que el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, secretario de Seguridad Pública del estado, quien estuvo presente en la reunión, no fue designado en ese puesto por su ascendencia castrense, sino por la efectividad de su gestión previa en los cuarteles.
“En los mecanismos y desarrollos que realice aportará su experiencia, y también, por lo que he comprobado, con un alto valor de la defensa de los derechos humanos. Y que estos entren como política pública de un gobierno, es lo fundamental”, dijo el jurista español, quien promovió una orden de arresto contra el exdictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, y por crímenes contra la humanidad.
Admitió que en el pasado manifestó que el trabajo de los militares no es la persecución del delito, “pero entiendo que la dirección de la seguridad en un Estado es en función de los valores que tenga quien la va a desarrollar, más que por el cuerpo al que pertenezca”.
Fuente: Proceso
