La tribu Seri patrulla la Isla Tiburón para impedir la cacería ilegal del borrego cimarrón, ya que se extienden entre 10 y 15 permisos para organizar safaris, que pueden costar hasta 25 mil dólares y sólo están al alcance de unos cuartos. De hecho, un solo permiso alcanzó el precio de 250 mil dólares en una histórica subasta para determinar quién tenía la licencia para matar un borrego cimarrón…
Por Víctor Hugo Michell y Felipe Larios/ Milenio
Las fuerzas armadas de la tribu seri —un grupo de 20 indígenas armados con rifles de cacería— se encuentran en estado de alerta. Han recibido la orden de incrementar sus patrullajes en el territorio de su nación, lo mismo en la carretera y el desierto como en el canal del Infiernillo, que separa al continente de la isla Tiburón.
Este grupo de indígenas, que se autodefine como un “ejército tribal”, quiere proteger aun si es por la vía de las armas una verdadera mina de oro. “Los cazadores furtivos que vienen a nuestra isla están matando todos los años unos 10 de nuestros borregos y eso no lo podemos permitir”, dice Luis Miguel López Morales, gobernador tradicional de la tribu. “De eso depende nuestra comunidad”.
¿Qué importa un borrego? De entrada, quizá pueda parecer que no mucho. Pero lo que esta tribu tiene en sus manos es un recurso renovable que vale millones de dólares y que representa una salida de la miseria para sus integrantes. Uno que año con año es objeto de reñidas subastas en Las Vegas y que atrae a cazadores de Estados Unidos, Canadá y Europa dispuestos a pagar un ojo de la cara por participar en su búsqueda, entre cañones y desfiladeros.
Es el ovis canadensis mexicano, mejor conocido como el borrego cimarrón de Sonora. El rey de reyes en el circuito mundial de cacería. Un animal que es el leitmotiv del Club Grand Slam, un reducido grupo de cazadores/conservacionistas que incluye a millonarios, CEO de empresas multinacionales y artistas que viajan por todo el mundo gastando miles de dólares cazando… borregos salvajes.
De todos los lugares posibles, el más codiciado de estos borregos solo habita en una parte del planeta. Para ser exactos, en isla Tiburón, un territorio completamente despoblado casi del tamaño de Tlaxcala en el mar de Cortés.
La reserva se encuentra ubicada justo enfrente de la comunidad de Punta Chueca y es propiedad de la pequeña tribu seri o comcaac, un grupo ferozmente celoso de su soberanía que vive marcadamente por debajo de la línea de pobreza.
“Por los minerales y la vegetación que consume y las cañadas y los cañones en los que habita, el borrego de la isla Tiburón es de los más grandes y caros del mundo”, opinó Luis Romero, cazador profesional y dueño de Desert Hunting, una empresa dedicada a la organización de safaris de élite. “Por alguna razón, crecen más que en tierra firme. Puedes llegar a cazar un borrego de 170 puntos (el tamaño de la cornamenta) en un solo día”.
Eso ha dado pie a un negocio multimillonario en las costas de Sonora, en algunas de las tierras más sagradas de los seris. Cada año, como parte de un acuerdo que data del sexenio de Ernesto Zedillo, el gobierno federal entrega al gobierno tradicional de la tribu entre 10 y 15 permisos de cacería para la explotación del borrego cimarrón. El valor inicial de una licencia no rebasa los 250 pesos.
Pero ese permiso vale mucho más que eso. Al final de un largo proceso de venta y reventa, su precio se habrá multiplicado hasta unas 10 mil veces. En sociedad con la Wildsheep Foundation de la Unión Americana —organización no gubernamental dedicada a la protección y cacería sustentable del borrego—, los seris subastan cada una de esas licencias en cifras que van de 80 mil a 200 mil dólares.
“Un borrego de rancho cinegético en tierra firme, en Sonora, vale 60 mil dólares. Uno en Baja California Sur, quizá unos 45 mil. Pero el de la isla puede ir hasta 85 mil”, detalló Romero. El récord de isla Tiburón se lo llevó la subasta de 1997. Fue particularmente reñida: el cintillo alcanzó los 250 mil dólares.
Desde el inicio de la cacería del borrego, en 1997, el arreglo formal ha sido que el gobierno tradicional seri entrega los cintillos a la Wildsheep Foundation y ésta los subasta en Las Vegas o Reno. Las ganancias después se dividen entre los cazadores estadunidenses y los indígenas mexicanos. En una buena temporada, podrían ser uno o dos millones de dólares. Mucho dinero para una población donde no hay otro recurso, más allá de la pesca.
Pero no es la única vía de ingresos que genera el cimarrón. Según Romero, un safari bien organizado en la isla puede llegar a costar 25 mil dólares, incluyendo la presencia de chefs, cargadores, guías y conductores, además de comida transportada vía aérea desde el continente. Son viajes que llegan a extenderse por 15 días y que sólo están al alcance de una selecta minoría occidental, atendida por rastreadores seris que también pueden hacerse de bonos y salarios extraordinarios.
En paralelo, la historia del paraíso de cacería ha tenido su lado negativo. La última década y en particular el sexenio pasado vieron el surgimiento de un fenómeno de difícil combate: la cacería furtiva. Atraídos por la posibilidad de cazar un borrego de antología, cazadores ilegales de México y el extranjero desembarcan todos los meses en isla Tiburón, cuyo territorio es tan extenso que es imposible de controlar de forma completa.
Vedado el acceso a fuerzas federales y estatales —nadie puede ingresar a la nación seri sin un permiso especial—, la tribu ha fincado sus esperanzas en sus fuerzas armadas, un grupo parapoliciaco al que se ha armado con rifles de cacería y radios de onda corta con miras a desalentar las incursiones a isla Tiburón.
Quizá sea una adecuación indígena al fenómeno de las guardias comunitarias que se ha suscitado al sur del país. Lo cierto es que hoy, el ejército tribal patrulla de forma independiente a la federación las aguas y el territorio seri. Eso le ha llevado en más de una ocasión a tener roces con autoridades federales y estatales, que no ven con buenos ojos que civiles estén armados.
La lucha contra los furtivos tampoco ha sido fácil. “Nos rebasan en armamento. Traen armamento muy fuerte. Nosotros no contamos con eso. Traen radios, teléfonos celulares, armas de larga distancia…”, insistió el gobernador tribal.
Alfonso Méndez, el comandante del ejército tribal, resume la relación tirante entre las fuerzas armadas de los seris con otras instancias de gobierno: “Es difícil el trabajo. Medio pesado. Entran autoridades de Hermosillo y marinos y a veces los encontramos armados. Y ni modo. Nosotros somos la autoridad en el territorio de la comunidad. A veces los encaramos porque entran al territorio. Y eso les está prohibido”.
Paradojas de la vida, justo enfrente de isla Tiburón y el multimillonario negocio del borrego cimarrón, la población seri se debate en la miseria. Desde hace seis años no hay un centro médico que funcione en el poblado, en el que habitan 520 personas. No hay alcantarillado y la red eléctrica es cosa reciente. Según el censo de 2010, más de 50 por ciento de sus pobladores carecen de acceso a servicios de salud.
De las 154 viviendas que componen Punta Chueca, 104 no tienen agua entubada y solo la mitad cuenta con sanitarios. Hasta el puesto de la Cruz Roja Mexicana, que se dedicaba a la atención de infecciones estomacales y de ojo, está en el abandono.
Al mismo tiempo, como entre otras poblaciones indígenas del norte, las tasas de diabetes se han disparado, algo que se asocia con el elevadísimo consumo de bebidas azucaradas ante la ausencia de agua de fácil acceso. “El gran problema que tenemos es la diabetes”, considera Juan Antonio Robles Barnett, regidor étnico de la tribu. “Como no tenemos doctor que ayude a prevenir, no hay control y por eso ha aumentado la enfermedad”.
Hace dos años, con varios de sus pobladores mostrando síntomas agudos de diabetes —el Censo de 2010 descubrió que hay seis personas con ceguera—, el consejo seri ordenó cerrar su territorio al paso de camiones refresqueros. Desde entonces, empresas como Coca-Cola o Pepsico tienen prohibido abastecer las tiendas del pueblo, lo que no ha evitado que los tenderos viajen más lejos, a Kino, a comprar el producto.
Robles Barnett enfatiza que el borrego podría ser una solución a la pobreza de la comunidad seri, aunque hay demasiadas necesidades y un número limitado de cimarrones que cazar. “El problema es que no nos llega ese dinero de forma completa. Por la misma necesidad del pueblo no alcanza para todos”, dijo.
Ante ese panorama, con la mayor parte de su población atrapada en la miseria y sin ninguna otra actividad productiva que les ayude a salir adelante, los seris se plantean ahora la posibilidad de emprender una “nacionalización” del borrego cimarrón.
“El borrego para nosotros es como Pemex. Nosotros lo vemos como la batería económica que tenemos. No hay más recursos aquí. Ningún programa del gobierno federal, municipal o del estado llega. No tenemos para dónde hacernos: solo el borrego”, dice el gobernador López Morales.
Todo radica en los términos de negociación que se fijaron con la Wildsheep Foundation hace ya varios años. Bajo el acuerdo original, la organización estadunidense logra quedarse con más de 50 por ciento de lo que genera una subasta de borrego. “Lo que nosotros queremos es subastarlo nosotros mismos, sin intermediarios”, afirma. “Poner nuestro stand en Las Vegas, ir nosotros allá, venderlo para que nadie se quede con el dinero, más que la tribu”.
Para el próximo año, cuando la temporada de cacería esté lista y los borregos cimarrón hayan madurado y tengan sus crestas lo suficientemente grandes, la tribu quizá ya no le venda los cintillos, como todos los años, a los estadunidenses. Todo dependerá de que logren obtener visas para ir a la subasta de Las Vegas.
Quizá se decidan por expropiar ese borrego de oro al otro lado del canal del Infiernillo.
Fuente: Milenio.com
