Por Arnaldo Córdova
Que el PRI y el PAN han estado negociando el destino que tendrá la reforma energética es un secreto a voces. Desde el principio pudo verse que compartían el mismo designio: abrir Pemex a la iniciativa privada para que ésta se encargara del desarrollo de la industria petrolera y la empresa nacional dejara de ser una carga para el Estado. Sus perspectivas variaban, como es natural: los priístas querían una apertura gradual; los panistas querían que todo se resolviera en un solo acto. Lo que no se ha ventilado públicamente es qué tipo de acuerdos son los que se están alcanzando por parte de los dos partidos derechistas.
El pasado miércoles, The Wall Street Journal hizo públicos algunos de esos acuerdos hasta ahora en secreto. El diario informó que “altos representantes del gobierno y miembros importantes del PAN se encuentran en negociaciones avanzadas para sellar un acuerdo que permitiría al Estado mexicano compartir la producción petrolera, así como conceder contratos de licenciadiseñados para acceder a depósitos de gas esquisto y crudo en aguas profundas, según tres personas que participan en las conversaciones, si bien advirtieron que sigue habiendo obstáculos en el camino” ( La Jornada, 7/11/2013, subrayado mío).
Qué podrán ser o en qué podrán consistir esos contratos de licencia, finalmente se aclara en la información proporcionada. No parecen tener sólo que ver con los llamados contratos de ganancias compartidas de la propuesta de Peña Nieto, y llegan a parecerse más a lo que los panistas identifican como concesiones. En derecho internacional, una licencia se acerca a lo que es una concesión, y es de suponer que una vez aprobada la reforma no haya dificultad alguna para identificarlas.
En todo caso, según la información del Journal, no se trataría de un tipo unívoco de contratos, sino de varios tipos, uno de los cuales podrían ser los contratos propuestos por Peña Nieto y se referirían a la explotación en campos petroleros de bajo riesgo (lo que quiere decir que se incluirían los campos convencionales que la iniciativa del gobierno reserva para Pemex); esos contratos, como se recordará, sólo se refieren a ganancias y no a producción. Se compartirían los beneficios y los riesgos, pero nada más.
Según esto, habría un segundo tipo de contratos que, ahora sí, estarían dirigidos a compartir la producción. Queda claro que por medio de este tipo de contratos no se compartirían las ganancias, sino que habría una distribución del crudo entre el Estado y las empresas privadas favorecidas por los contratos. Aquí, según el diario neoyorquino, se trataría exclusivamente de campos de alto riesgo o de los llamados no convencionales, en aguas profundas. En todo caso, el objetivo es compartir la producción de crudo.
Hay, empero, un tercer tipo de contratos de licencia que estarían dirigidos a los campos de aguas profundas e incluiría también la explotación del gas esquisto. Aquí se trata de una auténtica concesión porque no se comparte nada, ni ganancias ni producción. A la empresa contratante se le autoriza llevar a cabo todos los procesos de explotación, prácticamente sin la intervención de Pemex. Por su cuenta y riesgo, se haría cargo de todo el proceso y, al final, controlaría el petróleo sin otra obligación que pagar regalías e impuestos. Es lo más cercano a la propuesta del PAN.
Que la negociación está en curso, nadie lo puede dudar; además, los mismos priístas han aclarado que se está negociando. Según el curso de ese arreglo, lo que de verdad está pasando es que el PRI se está olvidando de su propuesta original para adoptar como propia la del PAN. Si esa diferenciación de los contratos de licencia que revela el periódico estadunidense es cierta, puede afirmarse, sin lugar a dudas, que la propuesta del gobierno es ya la misma que la del PAN y que, finalmente, tendremos de nuevo la figura de la concesión que es tan cara a los blanquiazules.
Que los priístas están doblando las manos, parece más que evidente. Justo el mismo miércoles pasado, David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía del Senado, declaró que, en aras de alcanzar un acuerdo con el PAN para aprobar la reforma, el gobierno y su partido están dispuestos a que la propuesta sea modificada y, entre otras cosas, reveló que la iniciativa panista de la producción compartida está en la mesa y el PRI no le hace el feo. Nada dijo del tercer tipo de contratos que salió a relucir en la información del Journal.
Para mayores aclaraciones, Penchyna afirmó: “Somos conscientes y sabemos muy bien que nuestra iniciativa, tal como fue planteada, es imposible que salga por sí sola, igual que las de PAN y PRD… la negociación implica aceptar cambios. Ninguna fuerza política por sí sola puede aprobar reformas, y mucho menos constitucionales, porque ninguna fuerza tiene una representación de mayoría relativa [sic]” (Reforma, 7/11/2013). Hay que agradecer a los priístas que, por lo menos, se hayan vuelto más modestos y humildes. El que parece no aprender es su líder, César Camacho, tan servil del presidente como siempre.
En su peculiar estilo, Camacho rechazó, contra toda evidencia, que exista una negociación entre el gobierno federal y el PAN para compartir la producción de hidrocarburos con petroleras privadas. “El planteamiento –dijo– es el mismo que presentó el presidente Enrique Peña Nieto y que de origen hemos difundido… No hay letra chiquita ni nada porque la letra es del mismo tamaño. Hemos mantenido este diálogo no sólo con el PAN, sino con todas las fuerzas políticas” (misma fuente). Si estamos a su dicho, nada hay de nuevo y Peña Nieto sostiene su propuesta. Eso, sin embargo, ya nadie lo cree.
Por lo que puede verse, tenemos ya una idea más fina de lo que significa la reforma energética y de los objetivos e instrumentos que le son esenciales: se reformarán los artículos 27, para eliminar la prohibición de los contratos, y 28, para eliminar el concepto de sectores estratégicos de la economía. El objetivo central eran y siguen siendo los contratos, hasta hace poco denominados en la iniciativa de Peña Nieto como contratos de ganancias y riesgos compartidos. Ahora diversificados en tres categorías: 1) contratos de ganancias compartidas; 2) contratos de producción compartida, y, 3) contratos de cesión del proceso productivo y comercial a los privados, equivalente en todo a la concesión y por la que los empresarios sólo pagarán regalías e impuestos.
Priístas y panistas, finalmente, vuelven a encontrarse: la derecha en pleno en el asalto a la nación. La información del periódico estadunidense consigna también que las propuestas finales, ya con el acuerdo de priístas y panistas, estarán listas para fines de noviembre. Eso quiere decir que se está trabajando a marchas forzadas y que ya ni hacen falta distractores en torno al sentido y al significado de la reforma. Las decisiones, al parecer, ya están tomadas. Sólo queda esperar que la sociedad organizada sea lo suficientemente fuerte para parar el golpe.
Fuente: La Jornada
