(El agua también es un derecho humano)
Por Víctor M. Quintana S.
Se entiende, se comprende perfectamente la desesperación de los campesinos del Ejido Constitución, municipio de Buenaventura al derribar 30 postes de concreto, destinados a la instalación eléctrica de un pozo para riego agrícola –otro más– en las inmediaciones de su comunidad. Luego de varios años de visitar dicho ejido se da uno cuenta cómo, ante la impotencia de los ejidatarios y vecinos ranchos particulares llegan, perforan los pozos que quieren y abaten los niveles del agua de los ya muy antiguos pozos de los productores pobres y todavía peor, los del agua potable del centro de población. Es el caso del sospechoso rancho “La agricultura” que hace años vino, tendió varios kilómetros de una cerca de lujo y empezó a producir tomate a diestra y siniestra, con muchas dudas sobre sus propietarios y su financiamiento. Ahora es el turno del predio “El Calero”, propiedad de acaudalados productores de fe menonita. Y eso que la ley establece que al agua para consumo humano tiene prioridad sobre la que se destina a usos agrícolas e industriales.
Por eso constituye un hecho importante el que un grupo de productores de El Barzón, y de varias comunidades como los ejidos Constitución, Benito Juárez y San Lorenzo en el municipio de Buenaventura y otros en los municipios de Riva Palacio, Namiquipa y Villa Ahumada, todos en la cuenca del río Santa Clara-Del Carmen hayan presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el jueves 20, contra las dependencias federales Conagua, Semarnat y Profepa porque debido a su negligencia y omisiones, el derecho al agua se les está haciendo nugatorio, es decir, simplemente se les anula. Esto debido a que las citadas dependencias no han actuado para impedir las perforaciones y aprovechamientos ilegales en dicha cuenca que disminuyen ostensiblemente o agotan el caudal de agua al que los productores y sus comunidades venían accediendo desde hace casi 60 años.
El mismo presidente de la CNDH en persona, el licenciado Raúl Plascencia Villanueva fue quien aceptó la demanda de los productores y señaló que se canalizará a la Sexta Visitaduría de dicha institución, que es la encargada de tratar todo lo referente a los derechos ambientales. Esto constituye, tal vez, la primera queja formal presentada por chihuahuenses ante la CNDH por la violación de los derechos que se consideran “de tercera generación”. La primera generación es la de los derechos civiles, las libertades elementales en cualquier democracia: de expresión, de asociación, de reunión, etc. La segunda generación es la de los derechos políticos: a votar, a ser votado, a participar en la vida pública. La tercera generación es la de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se conoce más simplemente como la de los derechos sociales: a un trabajo digno, a la libre sindicalización, a la educación, a la cultura. Los consagra el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos Sociales, Culturales adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966, al que México se adhirió desde 1981. En este marco se ubica los derechos al medio ambiente sano y al agua, consagrados en la reforma al artículo 49 constitucional, de apenas el mes de enero del presente año.
No sólo el presidente de la CNDH dio entrada a la denuncia de los productores chihuahuenses, dijo también que, es posible que se pongan en marcha medidas cautelares para proteger sus derechos.
Se ha querido etiquetar este conflicto que opone a los pequeños y medianos productores de la cuenca del río Santa Clara-Del Carmen con un grupo de acaudalados productores de religión menonita, como un conflicto étnico. Además se ha tratado de satanizar a los productores mestizos culpándolos del eventual éxodo de familias menonitas a la República de Tartaristán, de la Federación Rusa.
Eso es querer manipular demagógicamente el conflicto. Aquí no se trata de un conflicto ni étnico ni religioso. Ni se impugna a la mayoría de la comunidad de religión menonita por ser de esa etnia precisamente, ni se ataca a la religión que profesan. La lucha no es racial ni religiosa, sino de clases. Enfrenta a quienes tienen los medios económicos y tecnológicos para apoderarse ventajosamente de los recursos naturales, sobre todo del agua, que son de la nación y a quienes los han usufructuado legalmente: las comunidades que legalmente se establecieron ahí. Ni la mayoría de los mexicanos de religión menonita son depredadores, como no lo son tampoco la mayoría de los mexicanos de otra religión o sin ella. Minorías aprovechadas hay en una comunidad lingüístico religiosa y en otra.
Por eso es de suma importancia que el asunto haya llegado hasta la CNDH: ojalá que ahí se procese de acuerdo a la visión universalista, progresiva, amplia de derechos humanos que expuso su presidente en la conferencia magisterial que sustentó en Chihuahua. Ojalá que en la actuación de este organismo brille la justicia y se sienten precedentes para las defensas de los dos derechos que ante el cambio climático corren el riesgo de ser continuamente conculcados: el derecho al medio ambiente y el derecho al agua.
Fuente: www.Diario.com.mx
