El agua en México: poca y contaminada

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El agua escasea en México y en su mayoría está contaminada, advierten Organizaciones no Gubernamentales. Incluso, hay 9 millones de mexicanos que no la tienen con calidad para beberla

Por Xanath Lastiri/ Sin Embargo

En el mundo, 760 millones de habitantes no tienen acceso al agua potable, según datos de la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU), mientras que en México, 9 millones no cuentan con agua para beber, es decir, aquella que pasa a través de un sistema hidráulico planeado, y 13 millones de habitantes de zonas rurales de nuestro país no tiene acceso al líquido de calidad porque también está contaminado, según organizaciones de la sociedad civil.

Con motivo del Día Mundial Del Agua, diversas organizaciones como Agua Para Todos, Agua para la Vida y la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, demandaron a los legisladores establecer en México una Ley General de Aguas que regule la disponibilidad del agua para los ciudadanos.

En febrero de 2012 se modificó por mandato oficial el tercer Artículo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable, asequible”, sin embargo, el gobierno federal no ha cumplido con la ley.

Nathalie Seguín, directora ejecutiva de FANMEX e integrante de Agua Para la Vida, dijo a Sin Embargo que el gobierno tiene que garantizar esos tres rubros importantes y explicó que el término salubre se refiera a un líquido no contaminado; aceptable, que “físicamente sea accesible”; asequible, que sea de acceso económico, lo cual no ocurre al cien por ciento en nuestro país.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de acuerdo con cifras de 2013, de los 2 mil 456 municipios del país, 2 mil 409 tienen disponibilidad de agua, es decir, 43 localidades carecen de acceso absoluto.

La problemática, según los especialistas, se centra en dos graves cuestiones: por un lado, no existe un sistema de aguas que les permita a los mexicanos la disponibilidad del líquido; y por el otro, el agua está contaminada.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se estima que el 25% de los ríos, lagos son de buena calidad, mientras el 75% restante, el agua tiene diferentes grados de contaminación, sin embargo, Sinaí Guevara, especialista en tóxicos del agua, de Greenpece, dijo que el 100 por ciento del agua en México está contaminada, en menor o en mayor grado.

“El gran problema de la contaminación se debe a los grandes industriales o mineras que tienen al país sumergido en aguas tóxicas” reiteró.

En tanto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) por sus siglas en inglés, dio a conocer ayer que 768 millones de personas en el planeta carecen de acceso al agua, y que 1.400 niños menores de cinco años mueren diariamente de enfermedades diarreicas relacionadas con la carencia de acceso al líquido.

En México, el derecho al agua está establecido en el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos. Además,  el acceso al líquido y al saneamiento es un derecho humano que fue reconocido el 28 de julio de 2010, por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución 64/292 (ONU).

La lucha por el agua

El hecho de no recibir agua impulsa a las comunidades a organizarse para demandar este derecho que por ley les corresponde. La especialista de FANMEX estimó con base en datos de la Conagua que en nuestro país existen cerca de 22 millones de habitantes que no cuentan con el recurso y alrededor de 36 millones que no tienen un baño que no ponga en peligro la salud y al medio ambiente.

“Entonces, son 22 millones que no tienen acceso al agua y lo tienen que resolver, en general, estas personas son las más marginadas y difícilmente van a tener dinero para estar comprando agua embotellada […] por lo tanto, empieza un trabajo comunitario del manejo de sus manantiales y de una estructura comunitaria de administración para su manejo” reconoció.

“Sí, hay muchas comunidades en nuestro país que han logrado manejar sus manantiales de manera equitativa, y eso estamos buscando [Con la Ley General de Aguas] que se reconozcan de forma institucional sin que se pierda la capacidad de ‘gobernanza’ que tienen como pueblos marginados”, reiteró.

La especialista explicó que las comunidades necesitan fortalecerse en cuestiones administrativas e incluso en resolución de conflictos, pues según dijo, existen grupos que se disputan ciertos manantiales, “entonces es aquí es cuando se les debe brindar el apoyo para sus sustentabilidad y no para su conversión” aclaró.

Al respecto, Sinaí Guevara dijo que “lo que vemos es que su voz tienen un peso, pero es social, nada los apoya; no hay una ley que los respalde, y  son luchadores sociales por el agua. Por eso, demandamos a través de la Ley una Contraloría” dijo a Sin Embrago.

Esta Contraloría que emanaría de ley, permitiría una total transparencia en el manejo de recursos, de este modo, tanto industriales como comunitarios tendrían el deber de rendir cuentas claras sobre el uso del agua.

Actualmente, ante la falta de regulación del uso del líquido se han creado Consejos de Cuencas que se encargan de la gestión del recurso natural, sin embargo, no existe aún una ley que establezca sus obligaciones ante la ciudadanía.

“En el tema del manejo del agua por parte de los pobladores tiene que ser “ciudadanizado, y que el resultado de lo que un Consejo de Cuenca obtiene por consenso dentro de sus estructuras de micro, subcuenca y cuenca, sea un plan rector vinculante. Eliminar el organismo que se llama Organismo de Cuenca que solamente toma en cuenta, a veces, al Consejo que especifica verdaderamente las demandas de las comunidades” declaró Nathalie.

Se trata de que los Consejos sean gestionados por los comunitarios, por ciudadanos con gobierno, un plan donde se dicte por los habitantes a dónde se están yendo esos recursos, qué obras se realizan, qué capacitaciones, para realmente responder a las necesidades de la población, para lo cual es necesario un fondo económico, explicaron las activistas.

En México existen varios grupos defensores del agua, que por abusos de autoridad, por falta de abastecimiento del agua, o explotación del recurso natural a manos de compañías privadas, se ven orillados a formar organizaciones para imponer sus necesidades sobre el uso el líquido, que por ley les pertenece.

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Agua para la vida

Son un grupo de organizaciones de la Sociedad Civil que surge de la preocupación de crear y una Ley General de Aguas, entre estos actores sociales que forman parte de una iniciativa ciudadana destacan organismos como FANMEX (red de organizaciones de acción por el agua), GreenPeace, Comisión de Cuenca, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naruraleza, entre otras más.

De acuerdo con el sitio oficial de la asociación, se trata de “un grupo de organizaciones y ciudadanos que sigue creciendo y que compartimos el interés de contar con un marco legal que realmente fomente el manejo sustentable del agua, así como la capacitación y el fomento de acciones concretas que permitan ir gestando una sociedad civil co- responsable en el manejo sustentable del agua y del saneamiento es por ello que lanzamos la campaña agua para todos, agua para la vida”

El pasado jueves 20 de marzo, Agua Para todos, Agua para la Vida, demandó a la Cámara de Diputados la aprobación de la iniciativa ciudadana Ley General de Aguas, la cual establece cuatro puntos importantes a considerar por los legisladores para garantizar el Derecho Humano al Agua y Saneamiento.

En la iniciativa se propone:

1. Una planificación consensada y vinculante (ciudadanía-gobierno) en cada cuenca para cumplir con las siguientes metas nacionales: agua para ecosistemas, agua y saneamiento para todos y para seguridad alimentaria; fin a la contaminación, destrucción de cuencas y acuíferos e inundaciones y sequías provocadas por mal manejo de cuencas.

2. Un nuevo sistema de concesiones con Instrumentos para proteger y restaurar cuencas en extremo estrés hídrico.

3. Contraloría Social del Agua y Defensoría Socio Hídricoambiental.

 

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