Por John Saxe-Fernández
Una de las razones por las que deben saber que el Acuerdo TransPacífico (ATP) es importante es que traten de aprobarlo sin que nadie se entere…los que apoyan (al ATP) siempre dicen que van a crear empleo. Si fuera verdad, los sindicatos estarían a favor, pero la gente que lo impulsa es la de Wall Street. Así se expresó el economista Joseph Stiglitz, luego de hacer una reflexión crítica del ATP ante un auditorio neoyorkino: alertando a organizaciones comunitarias y sindicatos, agregó que Michael Froman, el representante comercial del gobierno de EU en esas negociaciones, viene de Citibank (dueño de Banamex) y no representa a los trabajadores ni al ciudadano común, sino a un grupo de interés especial, por lo que, dice Cynthia Phinney, del Sindicato de Electricistas de Maine, “es menester la revisión y discusión parlamentaria del ATP oponiéndose a la vía rápida (fast track) llamada autorización para promover el comercio.
La vía rápida permite que Obama presente un texto al Congreso, cocinado en lo oscurito, en tiempo limitado de debate, sin modificar el articulado y con una votación en bloque, positiva o negativa. Como las negociaciones se realizan en secreto y México es parte de ellas, cabe resaltar la importancia (y a pesar de todo) exigir transparencia incluso a un gobierno tan opaco y entreguista como el del PRI: lo que están pactando con poderosas corporaciones extranjeras, a puertas bien cerradas, va mucho más allá de asuntos comerciales o denegocios. Hacen componendas con la vigencia de la Constitución, fundamento del estado de derechoen territorio nacional o lo que van dejando los neoliberales de leyes, regulaciones y directrices de corte nacional en materia laboral, ambiental, del consumidor y de arbitraje.
Documentos divulgados por Wikileaks (http://goo.gl/1zg0Q5) desde La Jornada (26/3/15) ofrecen evidencia de que, como advierten analistas varios, el ATP es un TLCAN en esteroides: concede a inversionistas privilegios y derechos por encima de las leyes –y empresas– nacionales, asentando normas y tribunales supranacionales como el centro internacional establecido por el Banco Mundial para dirimir las disputas entre inversionistas extranjeros y los estados firmantes (Icsid, siglas en inglés). Todas las ventajas jurídicas van para las corporaciones de fuera, quedando a su merced, según demuestra Manuel Pérez Rocha L., en sustancioso artículo, toda regulación de interés público que pudiera reducir sus ganancias. El mecanismo no es equitativo: Los gobiernos o las comunidades afectados por inversionistas extranjeros no pueden presentar demandas. Igualmente problemática es la frecuente opacidad en las operaciones de estos tribunales (NYT, 3/12/14). Pérez Rocha recuerda que países, de Indonesia a Perú, enfrentan juicios de las trasnacionales y que México y Canadá ya han perdido o llegado a acuerdos en cinco oportunidades cada uno, pagando cientos de millones de dólares a empresas extranjeras, sin olvidar pérdidas semejantes en Centroamérica, ni los mil 770 millones cobrados a Ecuador por cancelar un contrato a Occidental Petroleum, o los mil 600 millones a favor de Exxon que Icsid ordenó a Venezuela pagar por nacionalizar proyectos petroleros. Y aún en el Icsid hay 200 casos pendientes (Ibídem).
Los pocos documentos del ATP que conocemos, analizados por Lorry Wallach de Public Citizen, muestran que mejor prestar atención a la advertencia de Stiglitz: el secretismo es mayúsculo porque la embestida del uno por ciento es de fondo y de magnitud mayor: van por todo. Phinney revela que sólo aquellos con autorización especial pueden ver los textos y luego de revisarlos, no pueden discutir lo leído. Aún más, “la mayoría, si no es que todos, los consejeros con acceso –a los documentos– son representantes de las corporaciones. Habrá uno que otro líder sindical. Pero ni siquiera pueden discutir lo que saben con miembros de su sindicato”. Peor aún “…sólo pueden ver los textos que (Froman) considere que son relevantes a su área de interés”. Para Billy Engel, electricista de Nueva York, “estos tratados van a barrer con nuestras leyes…muchos derechos laborales y sindicales serán totalmente borrados de inmediato”, una opinión que contrasta con la displicente postura de Paul Krugman, quien desatiende sin más el impacto del ATP en los derechos laborales (NYT, 26/3/15) aunque reconoce que el ATP no promete nada bueno para EU o el mundo.
Tal vez sea generoso asumir que esa preocupación por el mundo tiene que ver, además de los derechos del consumidor, con la campaña del cabildo fósil contra acuerdos vinculantes en materia de medio ambiente, en particular en relación con la urgente necesidad de limitar severa e inmediatamente emisiones de gases con efecto invernadero, base de las ganancias de las Exxon/Mobil de este mundo. Quizá en Krugman la palabraworld refleje preocupación por la humanidad ante un planeta en colapso climático antropogénico.
Fuente: La Jornada
