Por José Pérez-Espino
El periódico Noroeste se encuentra en una situación de alto riesgo para cumplir con la tarea de informar a la sociedad. Está bajo acoso de las estructuras criminales que operan dentro y fuera de las corporaciones de seguridad o del poder político y económico de Sinaloa.
En ocho días, tras investigar sobre los presuntos nexos de policías municipales de Mazatlán con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, periodistas de Noroeste fueron víctimas de ocho agresiones, entre amenazas y ataques físicos. Han sido ataques directos en su mayoría. El dato más delicado es que los perpetradores son servidores públicos, lo cual eleva el nivel de riesgo para la casa editorial.
El hostigamiento a Noroeste no es reciente ni casual. Durante años ha documentado en sus páginas la impunidad con la que operan grupos criminales vinculados a la producción, tráfico y venta de drogas prohibidas en Sinaloa. También ha denunciado la “narcopolítica” y la falta de castigo a los servidores públicos y empresarios cómplices de los delincuentes.
Bajo ese contexto la postura editorial de Noroeste representa un ejemplo del ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, gracias a su independencia del poder político. Ejercer esos derechos, no obstante, ha costado al periódico amenazas al personal, ataques a sus instalaciones y agresiones físicas a reporteros.
¿Por qué el periódico es blanco de esa ofensiva?
La respuesta está en su contenido. No debe soslayarse que desde que inició la mayor escalada de violencia en el país en lo que va del siglo, Noroeste asumió una responsabilidad ética y de compromiso con sus lectores. En cambio, los gobiernos estatal y federal no han hecho lo propio respecto a su obligación de garantizar los derechos a las libertades de expresión, de prensa y acceso a la justicia.
El diario Noroeste fue el primero en México en fijar y hacer públicos criterios editoriales claros para la cobertura de temas de violencia vinculada al tráfico de drogas. El 14 de marzo de 2011 publicó una declaración de criterios bajo el título “Cobertura y publicación responsable de la información relacionada con inseguridad y delincuencia organizada”.
De esa manera, la empresa ha sido congruente en la responsabilidad ética de construir una narrativa diferente relacionada con los delitos asociados al tráfico ilegal de narcóticos, sin renunciar al deber de publicar hechos de violencia de interés público. Para empezar, con el compromiso de no darle voz a los criminales.
En consecuencia, los periodistas, directivos y personal han sido víctimas del acorralamiento de los diferentes grupos de delincuencia organizada y de servidores públicos desleales que trabajan para los criminales desde el gobierno.
Por ejemplo, en los primeros minutos del 1 de septiembre de 2010, la fachada del edificio de Noroeste en Mazatlán fue atacada a balazos. Las autoridades recogieron del exterior al menos 60 cartuchos percutidos. Tres horas antes, en la redacción se habían recibido dos amenazas vía telefónica por personas que se identificaron como integrantes de “La Línea”, un grupo criminal de Ciudad Juárez.
El dato es trascendente. Los periodistas y medios de Sinaloa y de Chihuahua han estado en medio de una pelea entre grupos criminales cuyo saldo mortal y efectos colaterales trastocó para siempre la economía, la política y la vida cotidiana de ambos estados.
El número de asesinatos cometidos entre 2008 y 2012 puede ayudar a la comprensión del problema.
En cinco años fueron asesinadas 7 mil 872 personas en Sinaloa, según datos oficiales, la mayoría a causa de la disputa entre grupos criminales de la región y de Chihuahua (tan solo en Ciudad Juárez la confrontación dejó un saldo de 10 mil homicidios).
Así, la cobertura informativa de la violencia vinculada al crimen organizado y al tráfico ilegal de drogas colocó en una situación de indefensión a los periodistas y medios. Y siempre, los más vulnerables han sido los reporteros, fotógrafos y camarógrafos, quienes desempeñan su labor periodística sin garantías.
La detención de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en Mazatlán, radicalizó el asedio contra Noroeste. Sus reporteros hicieron el trabajo de preguntar y así comenzó la nueva embestida en su contra.
Los periodistas solicitaron a servidores públicos del gobierno municipal de Mazatlán un posicionamiento oficial sobre una versión reproducida en Reforma y Proceso sobre los presuntos nexos de policías municipales con Joaquín Guzmán Loera. Más tarde llegaron las amenazas vía telefónica y las agresiones a los reporteros que cubrieron sucesos en Culiacán, Guamúchil y Mazatlán.
¿Por qué la impunidad y la indolencia oficial son ley en Sinaloa?
Además de los perpetradores existe alguien que ordena el acoso, o a quien los elementos de las corporaciones de seguridad creen que deben complacer agrediendo periodistas. Pero la falta de castigo a los responsables intelectuales y materiales de los ataques convierte a las autoridades en cómplices, por omisión, negligencia y denegación del derecho de acceso a la justicia para las víctimas.
Hasta la fecha, los tres poderes de la Unión y los de Sinaloa han sido negligentes para garantizar el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa en un estado cuyo territorio es dominado en buena parte por estructuras ilícitas de poder.
Existe omisión, negligencia y complicidad por parte de los gobiernos municipales de Culiacán, Mazatlán y Guamúchil, pero también del Gobierno del Estado. Directivos de Noroeste han señalado directamente al gobernador Mario López Valdez como responsable de no garantizar la integridad del periódico y del personal, al no castigar a los agresores, pese a la existencia de evidencia exhibida en fotografías y videos.
También existe responsabilidad en el orden federal.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión ha incurrido en actos de omisión y negligencia que deben ser investigados y sancionados. Ha denegado a Noroeste y a sus periodistas el derecho de acceso a la justicia, en los distintos casos de amenazas y agresiones a reporteros, así como en el ataque a las instalaciones del periódico.
Al igual que la Fiscalía Especial de la PGR, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es una ficción en Sinaloa.
Sin libertad de prensa no hay democracia. El asedio a Noroeste tiene propósitos de intimidación como una forma de coartar su derecho a la libertad de expresión. Los criminales en el servicio público y en el bajo mundo pueden seguir agrediendo a sus periodistas y matarlos.
También pueden agredir y matar a cualquiera de nosotros con plena impunidad y en cualquier parte del país.
* José Pérez-Espino. Periodista. @perezespino
