Ejidatarios que demandan el pago de 43 millones de pesos mantienen tomada la mina El Castillo que explota la compañía canadiense Real del Oro.
Luego de varios intentos de negociación en que se demandó el pago de ocupación temporal correspondiente a cuatro años, miembros del ejido Otilio Montaño del municipio de San Juan del Río, decidieron bloquear el acceso a dicha mina que deja ganancias mensuales superiores a los 220 millones de pesos.
Desde las 7:00 horas del miércoles, unas 50 personas llegaron hasta ese sitio –ubicado a unos 130 kilómetros de la capital- y colocaron vehículos en el acceso, impidiendo la entrada del primer turno laboral, aunque permitieron el ingreso al personal dedicado al resguardo de explosivos y otros elementos peligrosos, para evitar cualquier problema.
Igualmente dejaron salir a las 250 personas que terminaban su jornada laboral.
Martín Ramírez Moreno, comisariado ejidal de dicho núcleo territorial, explicó que la exigencia es que se les pague exactamente lo mismo que, por hectárea, está recibiendo el ejido Atotonilco, que también ocupa parte de la superficie de la mina.
La propuesta para saldar la deuda es de 43 millones de pesos, correspondiente a 4 años (de 2012 a 2015) del aprovechamiento de 500 hectáreas para la extracción de oro.
Tan solo en un trimestre, la empresa llega a superar ingresos de 40 millones de dólares (aproximadamente 680 millones de pesos), relata el entrevistado, quien sostiene que bastaría el trabajo de una semana para saldar la deuda de dicho periodo.
Pero la ocupación temporal de un segmento de los ejidos Atotonilco y Otilio Montaño, por parte de Real del Oro, no es nueva: inició desde 2006. Sin embargo, las condiciones no siempre fueron las mismas.
Gilberto Noris, quien en aquel entonces era el Comisariado Ejidal de Otilio Montaño, narra que en el inicio fueron solo 200 hectáreas las rentadas por un lapso de 15 años, con un monto que fue acordado por apenas un millón y medio de pesos.
Sin embargo, en algún momento, comenzaron a explorar y explotar sin avisar en una extensión no acordada, por lo que se dieron nuevos convenios.
Después de ese millón y medio (que se repartieron a razón de menos de 25 mil pesos por ejidatario), no han recibido mayor beneficio.
Incluso la compañía les excluye de aportaciones que sí se hacen a favor del ejido Atotonilco, en el que la minera aporta para la realización de obras del programa “3 x 1”, lo que permite que las condiciones de la comunidad sean inmejorables. Y eso que a ellos sólo se les ocupan 108 hectáreas.
Pero los problemas económicos que viven los ejidatarios de Otilio Montaño, no son los únicos derivados de las actividades mineras, pues zonas aledañas hoy ven consecuencias ambientales, según afirma José Óscar Romero, miembro del ejido Menores de Abajo, cercano a la zona explotada.
Y es que, según explica, hay probable afectación a los mantos acuíferos a causa del uso del cianuro y se ha visto una disminución en la fauna que habita en esa parte de la entidad, integrada –entre otros- por venados, jabalíes y guajalotes.
Por ello piden también la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ante la sospecha de que no se están siguiendo los protocolos adecuados en el uso de los recursos naturales y el temor de que ocurra una tragedia como la acontecida en Sonora, tras los derrames causados por una mina de Grupo México.
Fuente: Proceso
