Un grupo armado asesinó al dirigente transportista Victórico Martínez López, quien fue vinculado públicamente con el grupo delictivo Guerreros Unidos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El crimen se registró en Iguala a las 20:00 horas, en el estacionamiento de la Quinta Margarita, cuando Martínez López se disponía a abordar su automóvil en compañía de su esposa, Sandra Lorena Vellaty Barrios, quien también fue asesinada.
La mañana de ayer, Martínez López había encabezado una reunión con líderes transportistas de la zona Norte, donde anunció su regreso a la dirección de la Coordinadora del Transporte Organizado de la Zona Norte (CTOZN), cargo que dejó en diciembre pasado tras ser vinculado al narcotráfico y el caso Ayotzinapa.
“Vamos a seguir apoyando a la coordinadora al mil por ciento en los trabajos que lleva la coordinadora, y hay un logro que se está dando que es la unificación de los transportistas” (sic), expresó Victórico Martínez durante su mensaje. Horas después fue ejecutado en su propio domicilio.
El caso Ayotzinapa no sólo exhibió los presuntos nexos de autoridades de los tres niveles y el Ejército con el narcotráfico, sino que también ha dejado una estela de ejecuciones y detenciones de personajes ligados a la política en la zona Norte, donde el silencio se impone a balazos.
El pasado 25 de diciembre fue localizado el cuerpo de un hombre ejecutado y junto al cadáver dejaron un mensaje firmado por “Daniel El Travieso” donde acusaban directamente a los líderes del transporte en la zona Norte Victórico Martínez, Nicolás Nájera Salgado “El May” y José Luis Ramírez “El Churros” de formar parte del grupo delictivo Guerreros Unidos y haber participado en la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Tanto Nicolás Najera y José Luis Ramírez fueron detenidos por la Policía Federal, el primero el 25 de abril y el segundo a principios de este mes, ambos son acusados por el gobierno federal de ser líderes de Guerreros Unidos y estar relacionados con la desaparición de normalistas.
En enero, Proceso publicó el reportaje “Guerreros Unidos se cimbra en pugnas internas” donde se advierte que la violencia registrada a finales del año pasado en Iguala muestra la lucha intestina en el grupo delictivo, ya que los mensajes iban dirigidos contra policías estatales y mandos militares a quienes se acusa de dar protección a Víctor Hugo Benítez Palacios “El Tilo” y a Eduardo Joaquín Jaimes “El Choky”, de la banda de “Los Peques”, brazo armado del grupo criminal.
En ese tiempo se mencionan nombres de varios funcionarios presuntamente implicados con ese grupo delincuencial, como el exdirector de la policía de Taxco, Eruviel Salado Chávez, y una docena de agentes de esa corporación que desde octubre último está bajo el mando de la Policía Federal.
Tanto Salado Chávez como el exalcalde taxqueño Salomón Majul González, quien ahora es diputado federal por el PRI, y el empresario Federico Figueroa han sido señalados públicamente por sus presuntos nexos con Guerreros Unidos.
El 27 de diciembre aparecieron dos narcomantas en Iguala. En ellas se menciona al líder transportista de la zona Norte, Victórico Martínez López, y a otras personas como presuntos operadores de Guerreros Unidos, a quienes se acusa de “sobornar” a policías federales y ministeriales.
Dos días después, el centro de la ciudad amaneció tapizado de mensajes. En ellos se señala al Ejército de proteger a Víctor Hugo Benítez Palacio “El Tilo”, líder de “Los Peques”, uno de los presuntos implicados en la masacre y desaparición de los 43 normalistas; también se difundió una foto con el rostro de “El Choky”, supuesto brazo ejecutor de “El Tilo”, considerado por el gobierno federal como otra de las piezas clave en el caso Ayotzinapa.
Fuentes oficiales consultadas por el corresponsal aseguran que se trata de una lucha intestina entre miembros de la organización criminal que opera en Iguala, Taxco, Tepecoacuilco y Huitzuco, zona colindante con el sur del estado de Morelos.
Según informó la agencia Apro en octubre de 2014, el gobierno federal sabía que “Los Peques” controlan el narcomenudeo en Iguala y estaban implicados en la agresión a los normalistas de Ayotzinapa, lo mismo que algunos uniformados estatales y federales.
Los reportes oficiales consultados por Proceso en esas fechas indican que después de la desaparición de los 43 normalistas, los sicarios al servicio de “Los Peques” salieron de Iguala y se refugiaron en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri. Las autoridades de los tres niveles de gobierno y del Ejército les brindaron protección.
El año pasado, autoridades del poblado donde se encuentra la minera canadiense Gold Corp denunciaron la existencia de fosas clandestinas; algunos afirmaron que la esposa del exalcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, se refugió en esa zona.
La confrontación entre los operadores de Guerreros Unidos se incrementó en diciembre pasado, cuando fueron divulgados los nombres de políticos y autoridades civiles y castrenses de la zona norte presuntamente vinculados al caso Ayotzinapa.
Fuente: Proceso
