Sin tener instalaciones petroleras, desde 2013 el Estado de México se ha visto beneficiado con grandes cantidades –más de 500 millones de pesos hasta la fecha– del dinero que Pemex destina a minimizar el impacto ambiental y económico que sus actividades ocasionan en numerosas entidades del país. En efecto, el Edomex no padece los estragos ambientales de la industria extractiva de los hidrocarburos, pero ahí habrá elecciones este año.
Por Jesusa Cervantes/ Proceso
Alejada de actos de fiscalización administrativa y asumiendo un papel de benefactora, la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con una “caja chica” mediante la cual distribuye de manera discrecional recursos a los 32 gobiernos estatales, el más afortunado de los cuales es, curiosamente, el Estado de México, donde habrá elecciones el próximo domingo 4 de junio.
Aun cuando esa entidad no alberga instalaciones petroleras, ha recibido de Pemex 521 millones 144 mil 507 pesos en los últimos cuatro años bajo el rubro de Donativos y Donaciones.
La mayor entrega la recibió durante el primer año de la presidencia de Enrique Peña Nieto, originario de ese estado y donde el PRI y los gobiernos federal y estatal, preocupados por la debilidad de su candidato, han echado mano de todas las estratagemas a su alcance para ganar la elección y apuntalarse así en la carrera por la Presidencia de la República para 2018.
En 2013 el Edomex contó con 217 millones 942 mil 572 pesos, la mayor donación para una entidad no petrolera; en 2014, cuando el precio del crudo estaba al alza, obtuvo de Pemex 225 millones 627 mil 195 pesos. El resto de los recursos para llegar a los más de 521 millones de pesos los obtuvo en 2015, 2016 y el primer trimestre del año en curso.
El programa Donativos y Donaciones es manejado por la Gerencia de Desarrollo Social que, según su página web, busca fortalecer el vínculo con las comunidades para minimizar “el riesgo en la operación, derivado de conflictos sociales”. Aunque en realidad tales “conflictos sociales” se derivarían de las actividades de Pemex, que no se realizan en el Edomex sino en otras 12 entidades: Campeche, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
El ligero manejo y comprobación de los recursos del citado programa de Pemex ha sido cuestionado por entidades fiscalizadoras de algunas entidades; en Colima, por ejemplo, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización acusó al exgobernador priista Mario Anguiano Moreno de posible “daño a la hacienda pública del estado” debido a que 38.5 millones de pesos que solicitó para hacer frente a los daños de la tormenta tropical Manuel fueron desviados presuntamente a gasolineras de su exsecretario de gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos.
Otro caso es el del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, a quien se acusa de haber extraviado la comprobación del gasto o entrega de cientos de millones de pesos, obras y hasta de haber perdido un helicóptero donado por Pemex; incluso se ha señalado que los vales de gasolina donados por la paraestatal los desvió para el pago a proveedores.
Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede revisar “cuando lo considere conveniente” el destino final de los recursos, Pemex se limita a recibir fotografías de las obras para las cuales se solicitaron recursos y, según su página web, da seguimiento al uso de los recursos o notifica si se recibió o no el “informe de comprobación” de parte de la entidad beneficiada.
De acuerdo con la ley y con el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, corresponde al Consejo de Administración aprobar “los criterios y lineamientos” para la entrega de donativos y donaciones, y al director en turno, autorizar los pagos.
LAS “CAJAS” DE PEMEX
Antes de la reforma energética, avalada en la Cámara de Diputados en diciembre de 2013, se aprobaba en el Presupuesto de Egresos un fondo de apoyo para beneficiar a los 12 estados con actividad petrolera. Luego de los cambios se formó el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y a su vez, dentro de éste se creó el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, que se alimenta de un porcentaje de la renta petrolera y se distribuye entre los cinco principales estados con hidrocarburos: Campeche, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Esta “caja chica” de Pemex para esos cinco estados fue, en 2015 –su primer año– de 6 mil 235 millones de pesos; debido a la caída del precio del crudo, en 2016 el fondo llegó a 3 mil 985 millones de pesos, según comentó a inicios de ese año Kristóbal Meléndez, investigador de Cuentas Subnacionales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
La segunda ‘caja chica’ de Pemex fue la que creó el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013, el llamado Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), que se forma con 1 o 2% del valor de los contratos por más de 5 mil millones de pesos que Pemex firma.
Según la página web del PACMA hay 89 empresas ‘obligadas’ a entregar los recursos; si se toma en cuenta el 2% de un contrato que pudiera ser de 5 mil millones de pesos, entonces el fondo podría alcanzar 8 mil 900 millones.
Los principales proyectos del PACMA son la construcción de comedores comunitarios en apoyo a la Cruzada Contra el Hambre, las Unidades Móviles de Capacitación y Servicio Comunitario y las Unidades Médicas Móviles, pero no se informa en cuáles estados y por qué montos se realizan las acciones.
Pero el programa al que más recurren los estados es el de Donativos y Donaciones, dependiente de la Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social, que durante los primeros años de la administración federal priista estuvo a cargo de Bernardo Bosch Hernández.
Mano derecha de Emilio Lozoya Austin, junto con el también director de área, Froylán Gracia Galicia, Bosch llegó a Pemex Exploración y Producción en 1998 y se quedó hasta 2005, en especial en el proyecto de Cantarell, entonces joya de la paraestatal.
Gracia y Bosch operaron en nombre de Lozoya la entrega de millones de pesos a los 32 gobernadores del país mediante el programa Donativos y Donaciones.
Ambos se movían como los grandes benefactores de Pemex, que lo mismo entregaban toneladas de asfalto para pavimentar calles, vales de gasolina o cientos de litros de combustible, o incluso millonarios cheques para la compra de helicópteros, como sucedió en Veracruz y Tabasco.
Una funcionaria que gustaba de acompañarlos es Rosario Brindis Álvarez, encargada de Enlace Legislativo de Pemex y a quien se acusó ante la Secretaría de la Función Pública de presunto conflicto de interés, por operar para que a la empresa que representa su marido, Alberto Ríos Treviño, se le adjudicara de manera directa un contrato por 567.4 millones de pesos. Incluso en su cuenta de Twitter, Brindis compartía fotografías de cada entrega de obra de sus también jefes, Bosch y Gracia.
Estos dos últimos, operadores de la llamada “Sedesol de Pemex”, dejaron la empresa luego de que Lozoya Austin fuera removido de la dirección, el 8 de febrero de 2016. Brindis continúa en Enlace Legislativo y Transparencia.
Fuente: Proceso
