A tres meses del escándalo protagonizado por la hija del entonces titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Humberto Benítez Treviño, –a quien a la postre le costó el cargo–, al valerse de sus influencias para clausurar un restaurante porque no le asignaron la mesa que quería, la Secretaría de la Función Pública (SFP) concluyó el procedimiento administrativo de responsabilidad del caso, con la destitución e inhabilitación temporal del cargo de siete servidores público del organismo verificador.
En un comunicado, la dependencia informó que el subprocurador de Verificación, Roberto Figueroa Martínez; el director general de Verificación y Vigilancia, Jesús Rolando Rangel, y el jefe de Departamento de Verificación de Normas Oficiales Mexicanas, Abraham Sánchez Fuentes, fueron destituidos del cargo e inhabilitados para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un año.
A su vez, el director de Procedimientos y Sanciones, Policarpo Montes de Oca Álvarez, fue destituido de su cargo, mientras que tres inspectores de Programas Especiales, comisionados como Verificadores, fueron suspendidos de sus empleos por un lapso de seis meses.
Todos los funcionarios se encontraban separados de sus cargos desde el pasado 9 de mayo, cuando la SFP inició la investigación del caso que a la postre provocó que el presidente Enrique Peña Nieto despidiera al entonces titular de la Profeco, el mexiquense Humberto Benítez Treviño.
A través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el pasado 15 de mayo anunció la remoción de Benítez Treviño por instrucciones del presidente Peña Nieto.
“Las investigaciones determinaron que el titular de la Profeco no ordenó ni participó de los hechos (la clausura del restaurante) y que en consecuencia no tiene responsabilidad administrativa en los medios”, dijo en aquella ocasión.
No obstante, “al considerar que este caso ha dañado la imagen y prestigio de la institución”, añadió, el Ejecutivo federal “ha ordenado la remoción del cargo del procurador Federal del Consumidor, a fin de evitar que se vulnere la autoridad y eficacia de la Profeco ante prácticas que atentan contra los derechos de los consumidores”.
El pasado 28 de abril, la hija de Benítez Treviño, Andrea Benítez, ordenó el cierre del restaurante Maximo Bistrot luego que no le asignaron la mesa que pedía, lo cual generó indignación de los usuarios de redes sociales que crearon el ya célebre #LadyProfeco.
En su comunicado, la SFP deja en claro que los procedimientos a los servidores públicos involucrados “se les otorgó la garantía de audiencia para que aportaran las pruebas que estimaron pertinentes en su defensa y las autoridades de la SFP les otorgaron los plazos legales para su desahogo”.
Fuente: Apro
