A cuatro meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, no existen evidencias suficientes para concluir, como afirma el gobierno, que fueron calcinados en el basurero de Cocula, informaron los peritos argentinos.
El Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF) explicó que todavía no hay “evidencias suficientes” para vincular los restos calcinados encontrados por las autoridades junto a un río en el municipio de Cocula, Guerrero.
Los argentinos, los únicos peritos independientes autorizados a trabajar en los mismos lugares y con las mismas evidencias que la PGR, confirmaron la identificación de Mora pero al ser consultados recordaron, como dijeron en su comunicado del 7 de diciembre, que la evidencia que une el basurero con los restos encontrados en el río “es esencialmente testimonial” y, por tanto, no ofrece la necesaria “certidumbre científica”.
Este grupo sigue trabajando en las labores de identificación y en las evidencias extraídas del basurero para intentar dar respuestas científicas a las familias sobre el destino de sus hijos.
El gobierno ha detenido hasta ahora a 98 personas vinculadas con los hechos de Iguala, entre ellos numerosos policías, miembros de Guerreros Unidos y al alcalde de esa localidad, José Luis Abarca, y su esposa.
Pero aunque a Abarca se le considera “autor intelectual” de la masacre y está en prisión, no se ha hecho público que se haya abierto un proceso contra él por este crimen.
El último detenido es Felipe Rodríguez, alias “El Cepillo”, “sicario de la organización criminal y autor material del homicidio del caso Ayotzinapa”, según un comunicado de la Procuraduría del 16 de enero.
Milenio publicó el sábado el testimonio de Rodríguez, basado en documentos oficiales. Dicho testimonio coincide con las declaraciones de otros dos detenidos que fueron divulgadas por Murillo Karam el 7 de noviembre, cuando hizo pública la versión oficial del caso.
Perseo Quiroz, director en México de Amnistía Internacional, dijo que las declaraciones de tres detenidos no son suficientes para considerar probado un hecho, máxime cuando “hemos recibido testimonios de que no se cumplió el debido proceso” en algunas averiguaciones y detenciones. Human Right Watch también expresó su preocupación en el mismo sentido.
De hecho, una semana después de las desapariciones, un detenido por las autoridades de Guerrero dijo haber asesinado y calcinado a 17 estudiantes en un cerro donde sí se encontraron cadáveres pero que resultaron no ser los de los jóvenes de Ayotzinapa.
Vidulfo Rosales, consideró que la última detención “no afianza” la tesis oficial con nuevas evidencias sino que ofrece “la misma declaración” con la que el gobierno “quiere dar carpetazo al caso”.
La investigación sigue oficialmente abierta pero Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, dijo el 13 de enero que “se han agotado todas las líneas de investigación surgidas durante la indagatoria.
Después de cuatro meses, su principal reivindicación es que se reanude la búsqueda y se investigue tanto al ejército como al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y al ex procurador estatal, Iñaky Blanco puesto que “hay muchos indicios que los involucran de una manera u otra”, explicó Rosales.
El abogado añadió que los padres confían en que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que comenzarán a trabajar sobre el terreno en las próximas semanas, puedan ayudar a que se abran esas nuevas líneas de investigación y a que se utilicen otras técnicas para la búsqueda con vida de los 42 estudiantes a los que parece que se los comió la tierra.
Fuente: AP
