Los Zetas tuvieron bajo su nómina a presidentes municipales, policías locales, funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), a elementos del Ejército y a gobernadores de Coahuila y Veracruz.
El Informe Informe “Control… sobre todo el Estado de Coahuila” realizado por la Universidad de Texas expuso presuntos sobornos por parte de Los Zetas a militares y gobernadores de Coahuila y Veracruz para mantener el control de los territorios.
El informe señaló a los Gobiernos de los hermanos Rubén y Humberto Moreira en Coahuila y Fidel Herrera Beltrán en Veracruz, los tres del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El informe de 53 páginas analizó las declaraciones de 24 testigos en tres juicios federales contra integrantes de Los Zetas que se realizaron en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas entre el 2013 y el 2016 y documenta los abusos a los derechos humanos que son mencionados en las declaraciones de los testigos, incluyendo las desapariciones y las masacres de Piedras Negras y Allende de 2011.
En él resaltan que los testigos en los juicios en Texas relataron que el control del cártel se extendió a jefes de la policía municipal, procuradores estatales y federales, centros penitenciarios estatales y sectores de la Policía Federal y del Ejército mexicano.
Asimismo, se señala que varios testigos hicieron declaraciones sobre sobornos de millones de dólares pagados a los hermanos Humberto Moreira y a Rubén Moreira, gobernadores de Coahuila, a cambio del control total del estado.
De acuerdo con los testimonios, la influencia de Los Zetas sobre las operaciones del gobierno de Coahuila en todos los niveles les permitió llevar a cabo sus negocios en todo el estado con impunidad y, a menudo con la ayuda directa de funcionarios del estado y oficiales de policía.
Los investigadores resaltaron además que el gobierno de México no ha investigado las declaraciones que surgieron de estos casos.
Además, hicieron hincapié en el patrón de secuestros, asesinatos, tortura y desapariciones en contra de cualquier persona que Los Zetas consideraran una amenaza a sus operaciones ilícitas o como una manera para intimidar y reclutar personas.
Fuente: Reforma/ Frontera
