El “pésimo desempeño” del Estado mexicano en materia de derechos humanos colocó al país en el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad (IGI) 2017, elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas de Puebla.
Según el informe, sólo Filipinas, India y Camerún superan a México en materia de impunidad, mientras países como Venezuela, Brasil, Colombia u Honduras tienen menores tasas de ese indicador.
La impunidad, entendida como delito sin castigo, alcanzaría un 99 por ciento en el País, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2017, cuyos resultados son publicados por Reforma.
Según el reporte, en México sólo se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos, por lo que la cifra negra desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8 por ciento, cita el rotativo.
Además, del total de delitos denunciados, sólo existe un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias, lo cual arroja una impunidad cercana al 95 por ciento en ilícitos acreditados por la autoridad como consumados.
La cifra de delitos consumados en perspectiva con la cifra de ilícitos no denunciados arrojaría que la impunidad simple y llana estaría en los márgenes del 99 por ciento, se expone en el estudio divulgado por Reforma.
De acuerdo con el informe, los mexicanos argumentan que las dos principales razones por las que no denuncian son la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad.
La razón de fondo, se añade, que desincentiva a los ciudadanos a denunciar es que el sistema que debe castigar los delitos tiene profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos.
Los índices de impunidad en las entidades federativas de México indican lamentablemente que es un problema generalizado en el País.
La varianza de impunidad en 26 entidades es de apenas más-menos 5.73 puntos.
El análisis de la cadena de impunidad, se añade, muestra ineficacia e ineficiencia institucional que se acumula a lo largo de todas las fases del proceso de procuración e impartición de justicia.
Fuente: Reforma/ Apro
