Los linchamientos cada vez van más a la alta en el país. Representan una respuesta a la falta de capacidades del Estado para garantizar seguridad y justicia. Cinco son las entidades donde se concentran las tres cuartas partes (73 por ciento) de estas acciones, que son, al final, “actos ilícitos”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que entre 2015 y 2018 se han presentado al menos 336 casos de linchamientos en todo el país que han dejado 561 víctimas, 22 por ciento de éstas, 121 personas, las agresiones terminó con la muerte de quienes fueron linchados, en tanto que los otros 440, equivalente a 78 por ciento, fueron rescatados o liberados.
El organismo nacional presentó este miércoles el Informe especial sobre los linchamientos en el territorio nacional, que elaboró de manera conjunta con el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los resultados revelaron que en las 32 entidades del país se han registrado al menos un acto de linchamiento en el periodo analizado. Pero son cinco los estados con mayores índices: Estado de México, con 102 casos; Puebla, con 85; Ciudad de México, 44; Tabasco, 42; e Hidalgo, con 20 actos de este tipo de violencia. Del total de víctimas, 523 fueron hombres y 38 mujeres.
Los números van a la alta. De acuerdo con el reporte de la CNDH y el IIS, del total de casos, 43 corresponden a 2015, 59 a 2016, 60 a 2017 y en 2018 se registraron 174 linchamientos.
Los 174 casos de linchamiento revisados el año pasado ocurrieron en 23 estados de la República, teniendo como resultado 271 víctimas. De ese total, en 21 por ciento (58) terminaron con la muerte de la víctima, es decir, fueron linchamientos consumados; 79 por ciento (213) de las víctimas quedaron en tentativa de linchamiento.
Correspondió al segundo visitador general de la CNDH, Enrique Guadarrama López, quien precisó que hablar de linchamientos en algún estado “no significa decir que sea toda la entidad en la que presenta la problemática, sino algunos municipios, barrios o colonias”.
Los resultados indicaron que los municipios que han presentado el mayor número de casos de linchamiento son en Puebla: Ciudad de Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan y Tlacotepec de Benito Juárez; en el Estado de México: Ecatepec, Naucalpan, Chalco y Nezahualcóyotl; en Tabasco: Cárdenas, Villahermosa, Cunduacán y Nacajuca; en Ciudad de México: las alcaldías de Milpa Alta, Iztapalapa, Tlalpan, Cuajimalpa, Xochimilco y Álvaro Obregón; y en Hidalgo: Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Tasquillo y Tezontepec de Aldama.
De estos, el mayor número de linchamientos se dieron en Ecatepec, con 28; Ciudad de Puebla, con 13; Cárdenas, con 10; la alcaldía de Iztapalapa, con ocho y Naucalpan, con siete.
El estudio se realizó con base en información hemerográfica y con una encuesta aplicada a más de mil 200 personas en cuatro entidades.
De acuerdo con el informe, la mayoría de los linchamientos se dio contra presuntos ladrones, 69 por ciento de los casos fue por robo; 11 por ciento por secuestro; 7 por ciento por abuso sexual; y 13 por ciento por otros presuntos delitos.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señaló que los linchamientos “son actos ilícitos, que constituyen una de las expresiones más graves de la crisis que en materia de inseguridad, violencia e impunidad enfrenta el país (…) debilitan las instituciones democráticas, violentan derechos humanos y más que constituir una forma de justicia, contribuyen a debilitar o imposibilitar el acceso a la misma”.
Algunas de las causas por las que se presentan, enfatizó, es por la desconfianza y lejanía de la sociedad respecto de las autoridades, la falta reiterada de cumplimiento y aplicación de la ley, así como la incapacidad de las distintas instancias de gobierno para generar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre las personas, “por lo que se canaliza o dirige el hartazgo e impotencia de estas últimas, ante una realidad que las vulnera y lastima, para que incurran en acciones violentas en contra de aquellos que consideran o suponen, cometen delitos o atentan en su contra o de la comunidad a la que pertenecen”
Fuente: La Jornada