Por Víctor M. Quintana S.
No hay cerro que se les empine a las compañías extractivas trasnacionales… ni autoridad que las atore. La feria de las empresas mineras y de energías renovables prosigue, con una cuarta parte del territorio nacional concesionado a ellas, lo mismo para perjuicio de los rancheros norteños que de la nación ikojts en el istmo de Tehuantepec. Y seguimos contando…
La cuenca del río del Carmen en Chihuahua vuelve a ser noticia. Todavía no se resuelve el problema de las perforaciones y los aprovechamientos ilegales de agua, denunciados y combatidos por los ejidatarios y colonos en contra de un pequeño grupo de menonitas, cuando otro conflicto relacionado con los recursos naturales estalla. La compañía minera Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver, ha llegado desde 2006 a un predio de uso común del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, a 19 kilómetros del centro de población, y ha realizado barrenamientos de exploración por doquier. Sobornaron al presidente del comisariado ejidal anterior y han contratado como trabajadores a un puñado de personas del ejido, a las que les pagan hasta 100 mil pesos. Su proyecto se llama Cinco de Mayo y puede consultarse en el sitio de internet www.magsilver.com, a todo color y en tercera dimensión.
Pero la mayoría de las y los ejidatarios, muy versados en protestas y defensas de sus propiedades familiares y comunitarias, se pusieron a investigar de inmediato. Les dijeron a sus muchachos que se metieran en eso del Internet y que investigaran a la susodicha empresa: resulta que cotiza en bolsa, que les dice a sus accionistas que obtendrá grandes ganancias con la mina que se explotará en las tierras del ejido, que va a obtener cuando menos 230 mil onzas de oro, y miles de toneladas de molibdeno, plata, plomo y zinc, y que va a utilizar los métodos de lixiviación y flotación para procesar los minerales. Con la convicción de que esta mina va a contaminar las pocas corrientes y los muy debilitados acuíferos, la comunidad de Benito Juárez ha empezado a exigir a las autoridades que actúen, pero se ha enfrentado a los asalariados de la mina. En este contexto se dio hace apenas unos días un primer enfrentamiento entre ejidatarios y trabajadores de la mina, quienes agredieron a aquéllos cuando esperaban una visita de los funcionarios de Profepa y Semarnat. Las mujeres y los hombres del ejido no van a ceder en sus demandas y presiones ante el gobierno federal y van a apoyarlos los ejidos y comunidades en un radio de 50 kilómetros, preocupados también por los desechos tóxicos de esta nueva mina a cielo abierto.
Y vaya que la gente del norte de Chihuahua está dispuesta a todo por defender sus tierras y sus aguas. La semana pasada y anteayer, nada menos, detuvieron el ferrocarril en su paso por Villa Ahumada, para presionar a Conagua, que no ha realizado las visitas de inspección ni mucho menos la clausura de pozos ilegales en la cuenca del Santa Clara.
Así como pasa en estas desérticas latitudes, sucede por todo el país con las empresas trasnacionales mineras y de energías renovables. A los rancheros de acá, como a la nación ikojts en San Juan del Mar, Oaxaca. Acá quieren sacar metales preciosos; allá, generar energía eólica; en todas partes siembran tempestades. La manera de proceder de estas empresas que tienen concesionado más de medio país parece ya casi un protocolo perverso: detectan una potencial riqueza natural, llegan al sitio, exploran, se aprovechan de la lenidad de las autoridades federales o de la complicidad de éstas y las locales, sobornan a unos cuantos dirigentes y habitantes de la comunidad, la dividen, hacen que se enfrenten quienes la apoyan y quienes la rechazan, explotan, despojan, se enriquecen, se van. Un nuevo fantasma, nada fantasmagórico, recorre nuestro país: el extractivismo, la depredación despiadada de los recursos naturales. Tan sólo entre 2000 y 2010 se extrajo de nuestro país el doble de oro que en tres siglos de colonización española. Agréguese a esto la extracción del oro azul, el más valioso de ahora en adelante: el agua; el aprovechamiento de los recursos genéticos, el uso de los territorios para generar energía eólica. En esta coyuntura histórica de cambio climático y escasez de alimentos, no es posible que los recursos naturales de la nación sigan siendo botín de un puñado de empresas extranjeras en su mayoría.
Urgen cambios legales de inmediato. Reformas profundas a la Constitución, a las leyes federales de minería, de aguas, de reforma agraria. Es necesario legislar para obligar a actuar a las dependencias como Semarnat, Conagua y Profepa y dotarlas de dientes afilados y efectivos.
Un profundo conocedor de estos asuntos, el doctor Juan Luis Sariego Rodríguez, precisa el contenido de las reformas que urgen: eliminación de los principios de la primacía del uso minero del suelo y del interés público de la actividad extractiva; relación entre empresas y comunidades no sujetas a la discrecionalidad, consulta necesaria a éstas antes de establecer cualquier proyecto; impuestos y regalías de acuerdo con las ganancias de las empresas, en beneficio de las poblaciones afectadas. Y, sobre todo, repensar la prioridad extractivista y el modelo de desarrollo.
De lo contrario, las venas de México seguirán abiertas, y por ahí nos sacarán toda la vida.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/09/14/opinion/027a2pol
