El discurso “de odio que genera violencia a partir de la discriminación no está protegido por la Constitución. No confundamos la libertad con el odio. No confundamos la libertad de expresión con la discriminación. No confundamos la libertad de expresión con la incitación a la violencia. No confundamos la libertad de expresión con la falta de respeto a la dignidad de todas las personas”, afirmó el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al inaugurar las mesas discusión y conservatorios que organiza al cumplirse 10 años de la reforma en materia de derechos humanos.
Durante el acto realizado vía web, el también presidente del Poder Judicial de la Federación (PJF), resaltó la trascendencia de las reformas en materia de derechos humanos y al Poder Judicial, lo que señaló sentará las bases para que se tenga una sociedad más democrática, más cercana y favorecedora de los grupos que menos tienen.
En ese contexto, sostuvo que en el máximo tribunal del país han “sido muy enfático en que la libertad de expresión es la piedra angular de toda sociedad democrática” y por ello la Corte ha desarrollado “una abundante doctrina, la finalidad ha sido clarificar los supuestos en los que una persona debe responder civil o penalmente por la difusión de sus expresiones, de manera particular la doctrina constitucional ha protegido la actuación de periodistas, cuya función resulta trascendental en un estado constitucional”.
A este respecto, señaló “que los funcionarios públicos deben tolerar mayores niveles de intromisión en sus derechos debido al carácter de sus funciones, pero también la Corte ha dicho que el discurso de odio no está protegido por la constitución, el discurso homofóbico, racista, machista no está protegido por la Constitución, afecta la dignidad de las personas y consecuentemente este tipo de lenguaje, de discurso de odio que genera violencia a partir de la discriminación, no está protegido por la Constitución”.
Indicó durante su conferencia magistral que a partir de la reforma en materia de derechos humanos aprobada por el Congreso hace diez años, ya “no hay duda de que los derechos humanos internacionales son constitucionales, situación con la que “cambia la vida de las personas”, ya que a partir de ahí, todas las leyes que sean contrarias a un derecho humano son inconvencionales y son inconstitucionales y esto es de una enorme trascendencia.
Resaltó que para llevar a cabo la interpretación del significado legal de la reforma “los diez ministros que formamos el consenso (para aprobar este ordenamiento) antepusimos nuestras visiones personales por el bien de México, ahí están los resultados 10 años después.
“No nos equivocamos. Triunfó la batalla por los derechos, triunfó la revolución cultural de los derechos. Y hoy, diez años después son una realidad palpable para todas y para todos”.
Al referirise a los beneficios que la reforma en materia de derechos humanos ha traído, tanto para personas LGBTTT como quienes son discapacitadas, Zaldívar expuso: “hemos superado un modelo que las trataba de una forma indigna”.
Añadió que de igual manera, la Corte ha señalado que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección, pues con frecuencia se encuentran en una situación de dependencia familiar, discriminación y en ocasiones abandono”.
Refirió que la Suprema Corte ha desarrollado ampliamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad, dando cobertura a diversos derechos específicos como el derecho a la reasignación sexual, la posibilidad de divorciarse sin necesidad de acreditar alguna causal y el derecho a consumir mariguana con fines lúdicos.
“El eje central de estas decisiones ha sido el reconocimiento de que cada persona puede elegir y materializar el plan de vida que le parezca valioso”.
Dijo que “uno de los aspectos más dolorosos y en donde el país tiene una deuda terrible es en materia penal, nuestras prisiones están repletas de gente pobre, de gente que no tuvo los recursos para acceder a una abogada o a un abogado de calidad que lo defienda, nuestras prisiones están llenas de inocentes a los cuales se les fabricaron delitos por medio de la tortura”.
Por ello, señaló, que “con la reforma judicial, impulsaremos como nunca y lo seguiremos haciendo, la defensoría pública para que en todos los rincones del país haya abogados y abogadas del pueblo que defiendan a la gente más desprotegida, más discriminada, más olvidada y para esto va a ser indispensable y está siendo indispensable que la Corte haya reconfigurado los derechos humanos en materia penal.
“Se ha generado una extensa doctrina sobre los supuestos constitucionales en los que se puede detener válidamente una persona, precisando los estándares para la detección en casos de flagrancia, caso urgente y el arraigo, por el arraigo debo decir que ya se discutió en alguna ocasión en el pleno su constitucionalidad a la luz del texto actual de la Constitución y por una mayoría reducida se consideró que el arraigo es constitucional”.
Fuente: La Jornada
