Un juez federal comprobó que sí se desvió dinero público hacia las cuentas de Raúl Salinas. Es más: Detectó que durante el tiempo en el que El hermano incómodo desempeñó un cargo público multiplicó su fortuna 339 veces, y corroboró que en siete años el mayor de los Salinas de Gortari pasó de tener 17 inmuebles a 41. ¿La resolución del juez? Declararlo inocente y ordenar el descongelamiento de sus cuentas. Su enriquecimiento, dijo, fue producto de “la efectiva inversión de sus haberes”.
Por Jorge Carrasco/ Proceso
Si hubo delitos, Raúl Salinas de Gortari no fue culpable de ninguno. Esa fue la conclusión que jueces y magistrados fueron armando a lo largo de 17 años para liberar de toda responsabilidad penal a El hermano incómodo. En la lógica que prevaleció en el Poder Judicial de la Federación, el desvío de la partida secreta de la Presidencia de la República durante el gobierno de su hermano Carlos (1988-1994) no fue su culpa. Y si acumuló miles de millones de pesos en ese mismo lapso fue por su creatividad empresarial.
El autor más acabado de ese razonamiento es Carlos López Cruz, juez 13 de Distrito en Materia Penal federal en la Ciudad de México, quien el viernes 19 de julio exoneró del delito de enriquecimiento ilícito al mayor de los hermanos Salinas de Gortari y, en consecuencia, ordenó la restitución de sus bienes, estimados en 224 millones de pesos.
Esa cifra es independiente de los mil 300 millones de dólares que depositó en bancos de Suiza e Inglaterra y que motivaron fuertes disputas entre los descendientes del jerarca Raúl Salinas Lozano, exfuncionario que hizo su vida pública al lado del profesor Carlos Hank González –ambos ya fallecidos, al igual que el menor del clan Salinas de Gortari, Enrique, asesinado en diciembre de 2004.
Las cuentas bancarias, casas, terrenos, joyas, inversiones y cuantas propiedades Raúl Salinas acumuló en nueve estados de la República –que suman 41 y que le fueron aseguradas en 1996– no las obtuvo mediante “prácticas corruptas, irregulares o deshonestas”. Quien piense lo contrario, que lo demuestre y, de acuerdo con el juez, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha podido hacerlo en 17 años y tres meses.
Derrotada una y otra vez en el juicio que se ha prolongado más de tres lustros, la PGR impugnó la decisión de López Cruz, quien ha sido uno de los jueces capacitados en tratamiento de casos de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro y el Servicio de Aduanas de Estados Unidos. También ha recibido instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cultura de la legalidad, transparencia y combate a la corrupción.
Ha sido abogado de la Subdirección Jurídica de la Dirección General de Reclusorios del Distrito Federal, agente del ministerio público federal y director general de la visitaduría de la propia PGR. En junio de 2008 fue designado juez por oposición.
Su resolución judicial no fue anunciada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encargado de informar sobre las decisiones más importantes de la justicia federal. Se conoció a través del periódico Milenio el miércoles 31 de julio, al final del primer receso judicial del año. Desatado el escándalo, la PGR dijo que ese mismo día impugnó el fallo del juez. Pero no informó más. Nada dijo sobre la lógica jurídica del juzgador. Al cierre de esta edición, el CJF aún no anunciaba qué Tribunal Unitario revisará el fallo del juez López Cruz.
El 18 de marzo de 1996, al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo, la PGR consignó a Raúl Salinas de Gortari por enriquecimiento ilícito y peculado. Un año antes, el mismo gobierno zedillista ya había logrado su encarcelamiento, acusado de ser el autor intelectual del homicidio –en septiembre de 1994– del entonces presidente del PRI y excuñado de los Salinas, José Francisco Ruiz Massieu, padre de Claudia Ruiz Massieu Salinas, actual secretaria de Turismo del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Raúl Salinas pagó 10 años de cárcel antes de obtener su libertad por vía del amparo. El 14 de junio de 2005, durante el gobierno de Vicente Fox, quedó exonerado del homicidio por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con sede en el Estado de México.
Ya antes, en octubre de 2004, ese mismo Tribunal Colegiado de Toluca le había hecho ganar una batalla crucial para recuperar su dinero. En un fallo dictado el 8 de octubre de ese año, estableció que no había elementos para demostrar el peculado, porque la partida secreta de la Presidencia de la República se manejaba de manera discrecional para gastos contingentes. El operador era el director general de Administración de la Presidencia, Ernesto Sentíes Hoyos.
Con esa decisión, los magistrados echaron abajo lo que había determinado el juez Juan José Olvera López, titular del Juzgado 12 con sede en el Reclusorio Oriente, para quien en la causa acumulada por enriquecimiento ilícito, la 52/2002 abierta contra Raúl Salinas, quedó demostrado que entre 1990 y 1994 Sentíes fue quien recibió de la tesorería federal 2 mil 700 millones de pesos…
(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1918 de la revista Proceso, actualmente en ci
