Emilio Lozoya recibió sobornos por hasta por 10 millones de dólares durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a cambio de contratos futuros, así lo reveló el exdirector de Odebrecht México a fiscales brasileños en un video divulgado por periodistas de Quinto Elemento Lab.
La organización periodística Quinto Elemento Lab logró obtener un testimonio grabado en el que un exdirectivo de la constructora brasileña Odebrecht revela la entrega de sobornos millonarios a Emilio Lozoya, quien fuera exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En la investigación, presentada en Grupo Imagen, se divulgó una entrevista con Luis Alberto de Meneses, quien fungió como director de Odebrecht en México en el periodo 2010-2017. Relata Quinto Elemento Lab que De Meneses, de origen brasileño, enfrenta un juicio en su país, y en la investigación emprendida por la Procuraduría General de la República (PGR), está su nombre vinculado al escándalo de corrupción con la petrolera ahora empresa productiva del Estado.
De Meneses reconoce que en 2012 entabló contacto con Lozoya por su papel clave en el equipo de campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Según reportes, De Meneses habría gestionado, entre 2012 y 2014, la entrega de 10 millones de dólares a Lozoya Austin con la promesa de futuros contratos para la compañía.
Luis Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México hasta mediados de este año, se presentó voluntariamente a rendir su testimonio sobre la manera en que presuntamente corrompió a Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex y hombre muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto, a cambio de ayuda para obtener contratos de la petrolera estatal.
No es el único testimonio. Al suyo se suman el de Luiz Mameri, vicepresidente de para América Latina y Africa, y de Hilberto da Silva, director del Sector de Operaciones Estructuradas o Departamento de Sobornos de Odebrecht, como lo bautizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues esa era la instancia encargada de armar los esquemas financieros y hacer las transferencias de los pagos indebidos a los políticos y funcionarios.
Los tres coinciden: Odebrecht pagó “propinas” o sobornos por al menos 10 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, que fueron transferidos a las cuentas bancarias que él proporcionó.
Las transferencias se hicieron, de acuerdo con los testimonios, cuando Lozoya era parte del equipo de campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y, posteriormente, cuando era director general de Pemex.
La información, los documentos y los videos fueron obtenidos por la organización mexicana Quinto Elemento Lab como parte la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, articulada por IDL Reporteros (Perú) e integrada por periodistas de La Nación (Argentina), La Prensa (Panamá), Armando Info (Venezuela), O Globo (Brasil) y Sudestada (Uruguay).
Ante los fiscales André Bueno de Silverio y Daniel Ferebek San Paioma, Meneses Weyll renunció a su derecho a guardar silencio y aceptó que la sesión se grabara para ser incorporada en las declaraciones juradas que constan en el expediente del proceso penal 6655.
Su testimonio, ya en manos del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, forma parte de las investigaciones del caso conocido como Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción en la historia de América Latina.
Los fiscales brasileños investigan la trama de corrupción en cuyo centro se encuentran el consorcio constructor Odebrecht y políticos de América Latina, comenzando por Inazio Lula Da Silva y decenas de presidentes, ministros, diputados e integrantes de la clase política de una decena de países del continente y de la África de habla portuguesa.
Hasta ahora, 78 altos ex ejecutivo de Odebrecht han acordado sumarse a las “delaciones premiadas” para rebajar penas. Pero sus testimonios no bastan para reducir el tiempo de cárcel o recibir condenas más benignas. Los delatores deben aportar datos y documentos que corroboren sus dichos, además de ayudar a revelar la estructura jerárquica de la organización criminal y su modus operandi.
La información que proporcionen también debe ayudar en la prevención de nuevos delitos y en la recuperación del producto del delito.
Si los colaboradores mienten o proporcionan información errónea, los potenciales beneficios se eliminan y el juez a cargo de la causa puede incluso aumentar las penas.
De hecho, aunque el acuerdo se establece entre fiscales y colaboradores premiados, el juez no está obligado a respetarlo y tiene la última palabra para determinar si la información proporcionada vale la pena y merece ser tomada en cuenta. Si no lo considera así, puede invalidar cualquier convenio pactado.
Información de calidad y susceptible de ser corroborada a cambio de una menor condena es la premisa de la “delación premiada”.
Fuente: Quinto Elemento Lab/ Proceso
