La Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Jalisco, que implementen “acciones urgentes y contundentes” para que grupos de autodefensa civil cesen sus operativos.
Luego de aprobar un punto de acuerdo propuesto por la diputada de Nueva Alianza, Sonia Rincón Chanona, los legisladores pidieron redoblar esfuerzos para persuadir y disuadir las acciones de los grupos de autodefensa civil.
El documento, aprobado de obvia y urgente resolución, establece que la creación de grupos de autodefensa civil es uno de los problemas más preocupantes en materia de seguridad pública y mantenimiento del Estado de derecho.
Durante los últimos meses han surgido organizaciones que bajo argumentos de presunta ausencia o incapacidad de las policías municipales, estatales y federales, toman la acción de la justicia y el control armado de las comunidades, agrega.
De acuerdo con el texto, existen al menos 36 grupos de autodefensa en ocho estados del país, que asumen la defensa de las comunidades y aplican normas propias de impartición de justicia, fenómeno que obliga a poner atención para evitar que pudiera agravarse la situación de violencia en muchos municipios.
Sin duda, señala el documento, detrás de la formación de grupos de autodefensa civil hay abandono del Estado mexicano y la pérdida de credibilidad en las autoridades.
“Sin embargo, no puede dejar de pensarse en que el debilitamiento del Estado de derecho da oportunidad al narcotráfico y el crimen organizado para manipular a las poblaciones a fin de proteger y promover sus intereses”.
El punto de acuerdo lamenta “las circunstancias creadas por el combate frontal al narcotráfico impulsado en el sexenio pasado se traduzcan en actos desesperados de poblaciones indefensas, y, a la vez, en un riesgo mayor para la paz social”.
Explica que los grupos de autodefensa contravienen la legalidad y pueden propiciar enfrentamientos armados que afectarán inevitablemente a la ciudadanía.
“Aun en las circunstancias de gran inseguridad que prevalecen en algunas zonas, no se justifica romper el orden estatal para dar paso a organizaciones que pueden salirse de control y generar una crisis de gobernabilidad”, concluye el acuerdo.
Fuente: Notimex
