De marzo de 2014 a febrero de 2015 a los diputados federales se les entregaron mil 193 millones de pesos del dinero de los mexicanos para gasto discrecional. De ese monto, 311 millones fueron de “subvenciones extraordinarias” de acuerdo con los informes oficiales de las fracciones parlamentarias.
Y del monto total no es posible que los ciudadanos conozcan cuál fue el destino exacto ni hay comprobación ante alguna autoridad exterior, pues la Auditoría Superior de la Federación reportó en febrero pasado que los legisladores mantienen su negativa a abrir sus cuentas y estados financieros para ser fiscalizados.
Las auditorías de la Contraloría Interna de San Lázaro permanecen en secrecía y solo las conocen los coordinadores parlamentarios.
En ese contexto, en la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada el pasado jueves por los mismos legisladores, se le da al Congreso un plazo que concluye el 30 de agosto para una reorganización administrativa que les permita cumplir con las nuevas disposiciones.
Fuente: Reforma
