La Cámara de Diputados gastará este año casi mil millones de pesos sólo en la dieta (salario) de sus 500 integrantes, que incluyen el pago de aguinaldo y fondo de ahorro por 406 mil pesos a cada uno de los que formaron parte de la 62 Legislatura, así como la parte proporcional de esa prestación a quienes entran en funciones a partir de mañana.
El sueldo anual de cada diputado es de un millón 929 mil 999 pesos, que considera prestaciones como aguinaldo, seguros de gastos de vida y médico –extensible a esposas, concubinas o parejas del mismo sexo, hijos y padres– y de separación individualizada, e incluso ‘‘ayuda para despensa’’.
Gasto aparte lo constituyen asesores, secretarias, papelería, combustibles, 111 choferes de base, comidas, agua embotellada, café, galletas… Durante 2015, en su presupuesto total de 7 mil 300 millones de pesos la cámara destinó 70 millones 489 mil 574.96 pesos al cumplimiento del contrato con GNP para el pago del seguro de gastos médicos mayores de los 500 diputados.
Se trata de un beneficio al que renunciarán los 35 nuevos diputados de Morena y 25 de Movimiento Ciudadano, pero no el resto de las bancadas.
Del presupuesto autorizado para la cámara este año, 4 mil 294 millones se destinan a servicios personales, donde se incluyen los sueldos del personal sindicalizado, de base, asesoría y mandos medios y superiores. Estos últimos también reciben el seguro de gastos médicos mayores.
Seguros a familiares y asesores
Según el contrato que la cámara firmó el 13 de junio de 2014, en el segundo semestre de ese año pagó 23 millones 583 mil pesos por asegurar a todos los legisladores, sus familias y a los funcionarios. Cada legislador o directivo que inscribió a sus familiares pagó sólo 50 por ciento de la prima y el resto la cámara.
La Cámara de Diputados justifica de la siguiente manera el seguro: ‘‘Ante la eventualidad de un accidente o enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización, la suma asegurada básica tiene un rango de hasta mil 500 salarios mínimos, con una cobertura adicional en el extranjero’’.
El nombre de los diputados, funcionarios y familiares con esa cobertura, así como el tipo de padecimiento, medicinas y servicio médico que se les haya prestado ‘‘se consideran dato personal protegido’’ y, por lo tanto, no se entregan ni aun con una solicitud de transparencia.
Hasta ahora, el único caso de un diputado que ha pagado un servicio médico mayor es el de Jaime Cárdenas Gracia, quien en la 61 Legislatura representó al Partido del Trabajo. Según el comité de administración, a petición del ex consejero electoral le fueron descontados 42 mil 346 pesos de su dieta.
Antes de irse, los diputados de la 62 Legislatura recibieron su aguinaldo completo de 140 mil 504 pesos, así como el equivalente al fondo de ahorro, que consta de dos partes: un descuento hasta de 133 mil 62 pesos por diputado, y una aportación de la cámara por un monto igual.
También se incluye un ‘‘seguro de separación individualizada’’ por 151 mil 740 pesos, y 33 mil 360 pesos anuales de ‘‘ayuda para despensa’’. Los beneficios para los diputados incluyen un seguro de vida, por el que se pagaron 48 mil 674 pesos por cada uno.
‘‘Gano más como actriz’’
La semana pasada, cuando se le informó que su dieta es de 73 mil 910 pesos mensuales, Carmen Salinas (PRI) dijo que ganará menos que como actriz. El salario de los legisladores se adiciona con 45 mil 786 pesos de ‘‘asistencia legislativa’’ y 28 mil 772 de ‘‘asistencia ciudadana’’.
Aun así, es práctica común que diputados de todos los partidos les pidan hasta la mitad del sueldo a sus subordinados. Uno de los ejemplos más conocidos entre los propios legisladores es el de la tabasqueña Claudia Bojórquez (PRD). Sus propios compañeros refieren que además de pedirles moche de sus sueldos, cada Navidad a sus ocho trabajadores les recogió las tarjetas de vales de despensa, cada una con 11 mil pesos, y sólo les devolvió una para que se la repartieran. Y además les pidió la mitad de su finiquito.
A pesar del acuerdo de austeridad aprobado por la Junta de Coordinación Política, los diputados salientes mantuvieron las solicitudes de dinero. La diputada panista Adriana González Carrillo –que tiene el primer lugar en viajes al extranjero de la 62 Legislatura– pidió 33 mil 874 pesos para una comida y 44 mil 763.74 más para una cena de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional a los asistentes al Diálogo Interparlamentario México-Ecuador, que ya había costado 288 mil pesos.
El comité de administración informó que le rechazó a la diputada Leticia López Landero (PAN) –que presidió la desaparecida Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas– 62 mil 60 pesos para pagar ‘‘una conferencia de trata’’ el 4 de abril.
Para el cierre de la legislatura que termina hoy, el comité entregó el acta de depuración y cancelación de saldos. En ésta se incluyen pasivos con empresas y prestadores de servicios que ya vencieron, porque algunos datan de 2002. Pero también viáticos y gastos no comprobados por ex diputados y ex funcionarios, que en este caso ascienden a 106 mil 163.04 pesos.
Aunque el comité pidió al jurídico de la cámara gestiones para el cobro de ese dinero, esa área respondió que resultaría más caro actuar por la vía judicial y enfrentar un caso que terminaría en una sentencia no favorable.
Esa lista incluye a Juan Ramón Bonfil, ex director de servicios médicos de la cámara, que fue acusado por el PAN –cuando Felipe Calderón era el coordinador– de un desfalco de 15 millones de pesos. Los gastos no comprobados por él ascienden a 61 mil 927 pesos.
También, los ex diputados Carlos Bello Otero (PAN), Gerardo del Mazo (PRI) y Pedro Jiménez León (Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano), por mil 833 pesos cada uno; Jorge Valentino Mendoza (PRI), mil 926; Alejandro Rivera Aguilera (PAN) 2 mil 500; Ricardo Esparza Gómez (PAN), 28 mil 508, y Levi Rendón, 5 mil 800 pesos.
Facturas atrasadas de provedores fueron declaradas prescritas. Entre otros están Editorial Vuelta, 36 mil 800 pesos; Universidad Autónoma Metropolitana, 103 mil 500; Comtelsat, 94 mil 320; el actual senador Alejandro Encinas (PRD), 300, y el senador con licencia Raúl Cervantes Andrade (PRI), 35 mil 729 pesos.
Fuente: La Jornada
