El abogado de la empresa Infraiber, Paulo Diez Gargari, sostiene que la captura en España de Javier López Madrid, el yerno del accionista mayor de OHL, por corromper a un funcionario a cambio de privilegios en las obras públicas, confirma el esquema que el grupo constructor –pero también otros como Higa y Odebrecht– aplica en México. En entrevista con Proceso, el litigante expone que hay “indicios fundados” de que la trasnacional paga con sobornos las facilidades para operar dos rentables vialidades de cuota mexiquenses, y de que ese dinero sucio puede financiar el apoyo ilegal del gobernador Eruviel Ávila a la campaña electoral del priista Alfredo del Mazo.
Por Álvaro Delgado/ Proceso
Ningún usuario se imagina que cuando paga por usar el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, dos vías de cuota para cruzar la anárquica zona metropolitana del Estado de México –vecina de la capital del país–, parte de ese dinero se destina al soborno de funcionarios y al financiamiento ilegal de campañas políticas como la de Alfredo del Mazo, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de esa entidad.
Y menos saben los usuarios que dinero de la empresa que explota esas dos vías de comunicación de cuota, concesionadas a OHL por Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador, se envía a su matriz de España para corromper también a gobernantes del Partido Popular a cambio de privilegios en obra pública, como consta en la investigación que llevó a la captura de Javier López Madrid, yerno del máximo accionista de la constructora, Juan Miguel Villar Mir.
La “operación Lezo”, emprendida por la justicia española contra el consejero de OHL por presuntamente sobornar con 1.4 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, del PP, es la prueba más reciente del esquema de corrupción de esta empresa que financia campañas políticas también en México, afirma el abogado Paulo Diez Gargari.
“Esta investigación vuelve a confirmar lo que yo he señalado: estos son mecanismos de financiamiento ilegal de campañas políticas, no hay ninguna duda”, afirma el jurista provisto de alteros de documentos que sustentan cómo en el Estado de México está en marcha un esquema de complicidades para seguir beneficiando con fabulosas ganancias a OHL y a la campaña de Del Mazo.
Este esquema incluye la modificación de la concesión del Viaducto Bicentenario –la carísima vía elevada de 32 kilómetros que va del Toreo a Lechería sobre el Periférico Norte– para aumentar plazo y tarifas a favor de OHL, exactamente como se hizo hace seis años, en medio del proceso electoral estatal y en vísperas de la elección presidencial de 2012.
Tras la victoria de Peña, en diciembre de ese año, el gobierno del Estado de México amplió a otros 18 años el plazo de la concesión a OHL y le autorizó aumentos a las tarifas de 62% real del Circuito Exterior Mexiquense –que bordea de oriente a norte la Ciudad de México–, pese a todas las documentadas ilegalidades que ha cometido desde 2003.
(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2112, ya en circulación)
