Las “desprolijidades” en los indultos concedidos la semana pasada a 12 presos del estallido social de 2019, que cumplían cárcel por delitos cometidos durante aquel, y cuyo gestionamiento fue desastroso al punto de convertirse en otra crisis para el gobierno, terminaron por costarle el cargo a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, cuya renuncia fue aceptada el sábado por el presidente chileno Gabriel Boric.
“Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera”, explicó secamente Boric a la prensa en la sede del gobierno.
“Cuando en política suceden situaciones de estas características, debemos asumir las responsabilidades”, agregó.
Los desarreglos consisten en que entre los beneficiados -de quienes Boric dijo que “no son delincuentes”-, a lo menos dos tienen prontuarios judiciales previos, uno con cinco condenas por delitos comunes.
A Ríos se le carga también el fracaso en el nombramiento de un Fiscal Nacional, luego que fueron rechazados dos candidaturas propuestas por Boric al Senado, lo cual tiene al Ministerio Público sin liderazgo desde hace más de tres meses.
La derecha a la carga
Conocidos los perdones presidenciales, el viernes 30 de diciembre, la oposición derechista los cuestionó inmediatamente y optó por retirarse de negociaciones para concordar una agenda de seguridad. Pero lo que parecía ser otra más de una típica rabieta politiquera, escaló conforme se reveló la existencia de sentencias y ahora está exigiendo que Boric retire los indultos, además de que enjuiciará políticamente a la ex ministra para inhabilitarla por años de ejercer cargos públicos.
También la derecha montó en cólera por otro indulto, el décimo tercero, aprobado por el presidente y que favoreció a un ex integrante del subversivo Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), sentenciado a 16 años de prisión por un asalto a un banco en 2013.
Al justificarlo, el gobernante chileno dijo tener “la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”, cuestionando así un fallo que llegó a las máximas instancias judiciales.
La Corte Suprema de Justicia, inusitadamente, reaccionó con una declaración reprendiendo al mandatario y recordándole la separación de poderes.
“La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”, dijeron los jueces.
Boric acusó el golpe.
Pero no es todo, sino que también se informó la renuncia del jefe de Gabinete de Boric, el abogado Matías Meza-Lopenhandía, para muchos la persona de mayor confianza política y personal del gobernante, con quien se conoce desde sus tiempos de estudiantes universitarios, cuando iniciaron la carrera política que lo encumbró al poder.
Boric no se refirió específicamente a su ahora ex colaborador, pero como su salida fue incluida escuetamente en el comunicado oficial acerca de Ríos, se supone que también participó en el papelón de los indultos.
De modo que lo que debía ser un “reencuentro” con la izquierda y con los movimientos sociales que protagonizaron el estallido social de 2019 y el cumplimiento de una promesa presidencial -la libertad de los presos-, se convirtió en una crisis política de proporciones que, lejos de amainar, crece.
Una crisis de envergadura
“El presidente se ha ido desprendiendo de sus afectos desde el cambio de gabinete (en septiembre) con la salida de (la ex ministra del Interior, Izkia) Siches (tras apenas 6 meses en el cargo). Le van quedando pocas personas en su círculo de hierro, y se aproxima tempranamente a lo que se denomina como soledad presidencial”, comentó a La Jornada el analista político Mauricio Morales.
“La crisis es de tal envergadura que ha llevado al presidente a cometer errores gruesos, partiendo por sus desafortunadas declaraciones sobre los indultados”, agregó.
Morales cuestionó que la forma de comunicar la salida de Ríos y su jefe de gabinete no fue la más afortunada porque “una cosa es ser duro y recio, y otra cortarle la cabeza en público a dos personas cercanas sin necesidad de hacerlo”.
“El presidente está herido, confundido, incómodo y molesto”, comentó.
Fuente: La Jornada
