La presidenta Dilma Rousseff prepara una batalla para evitar un juicio político en un Congreso ampliamente fragmentado en medio de un escándalo de corrupción y la peor recesión de Brasil en décadas.
El líder de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, un fuerte enemigo de la presidenta, introdujo oficialmente el jueves un proceso para llevarla a juicio político, con el argumento de que violó leyes de responsabilidad fiscal. El juicio podría terminar en su eventual destitución.
“Hay indicios suficientes”, dijo Cunha al referirse a gastos en los que presuntamente incurrió el gobierno de Rousseff sin autorización del Congreso. “El momento de política actual es notoriamente grave. Nunca en la historia de la república hubo tantos pedidos de juicio político. La economía no va bien y la desconfianza en el país ya traspasó las fronteras”.
Existen riesgos para la mandataria de la economía más grande de América Latina: su popularidad está por el suelo en niveles no vistos desde 1985, cuando terminó la dictadura militar; y aunque los analistas consideran que sería difícil reunir el apoyo de más de dos tercios en la cámara baja para que el proceso pase al Senado, la opinión popular es un factor importante y el oficialismo no está bien consolidado en el Congreso.
“Tendrá que luchar con todas sus fuerzas para evitar ser destituida por el Congreso”, dijo Eliane Catanhede, una columnista de Estado de S. Paulo. “Dependerá de un Partido de los Trabajadores dividido y una base aliada que no es nada fiable”, agregó.
Miembros del Partido de los Trabajadores presentaron ante la Suprema Corte un recurso para frenar la apertura del proceso alegando que Cunha abusó de su poder y no notificó a Rousseff antes de tomar la decisión. Rousseff reunió a su gabinete el jueves para planear la estrategia.
“Cunha está usando el poder para paralizar a Brasil y al Congreso. Siempre es la misma herramienta: amenazas para obtener lo que quiere”, dijo el jueves Jaques Wagner, jefe del gabinete de Rousseff, en rueda de prensa. “Estamos preparándonos para una lucha política”.
Cunha instruyó a los partidos que integran la cámara de diputados sugerir antes del lunes a los miembros que formarán parte de una comisión especial de 65 miembros que decidirá si se inicia el juicio político. Cada partido tiene derecho a colocar a miembros dependiendo del tamaño de su bancada.
El diputado también convocó a una sesión extraordinaria el lunes para aprobar a cada uno de los miembros, así como al presidente y relator de la comisión. Agregó que el martes arrancaría el debate.
Especialistas dicen que en este momento parece poco probable que los diputados aprueben el procesamiento ya que se requieren dos tercios de la cámara integrada por 513 miembros. Si fuera aprobado, Rousseff sería inhabilitada temporalmente por un máximo de seis meses y su vicepresidente Michel Temer asumiría el poder. Después el Senado tendría que votar para destituir a Rousseff de manera permanente.
Rousseff rechazó la noche del miércoles las acusaciones. “Son inconsistentes e improcedentes las razones que fundamentan esta solicitud. No cometí ningún acto ilícito”, expresó la presidenta.
Aunque Rousseff fue reelegida en noviembre de 2014, su imagen ha sufrido a consecuencia del escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. La mandataria no ha sido acusada personalmente en el esquema de sobornos.
Cunha, por otro lado, ha sido acusado de recibir millones en sobornos en el mismo caso. Los fiscales alegan que Cunha tiene al menos cinco millones de dólares ocultos en cuentas bancarias en Suiza y se cree que podría ser arrestado en cualquier momento.
El diputado anunció que abriría el proceso de juicio político unas horas después de que legisladores del Partido de los Trabajadores indicaron que votarían contra él en una comisión de ética de la Cámara de Diputados que debate si debe ser investigado e inhabilitado por corrupción.
El Partido del Movimiento Democrático Brasileño de Cunha es el aliado más fuerte de la coalición gobernante de Rousseff, aunque Cunha y algunos otros miembros se han alejado claramente del gobierno en los últimos meses.
Mientras tanto, miembros de la oposición respaldaron la decisión de Cunha.
“No es un golpe de Estado. Estamos hablando de un mecanismo que existe en nuestra constitución”, dijo el senador Aécio Neves, quien perdió por un margen estrecho en las elecciones presidenciales de 2014.
Fuente: AP
