El periódico Libre en el Sur, dirigido por el periodista Francisco Ortiz Pinchetti, ha documentado una larga serie de manejos irregulares en que ha incurrido el único panista que ganó una delegación en el Distrito Federal, Jorge Romero Herrera, quien obtuvo la victoria en Benito Juárez con apenas 498 votos y enfrenta actualmente una impunación. Romero, conocido entre sus leales como El Fûrer, quien no sólo se ha ostentado como licenciado en Leyes sino que ha suscrito documentos como tal, es acusado de ser el principal causante de la debacle panista en la capital del país.
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Apenas se disipa la polvareda que quedó tras la debacle panista en el Distrito Federal –donde perdieron dos de las tres delegaciones que tenían, una de las dos diputaciones federales, cinco diputaciones locales de mayoría, la mitad de sus votos de 2009— el Partido Acción Nacional enfrenta un paradójico dilema. Resulta que en la única posición importante que lograron salvar apenas por 498 votos, la jefatura delegacional de Benito Juárez, el todavía impugnado ganador es un personaje del cual no se puede estar precisamente orgulloso.
Los panistas capitalinos saben quién es Jorge Romero Herrera y cuál ha sido su trayectoria. Saben que en 2006 llegó a una diputación plurinominal en la Asamblea Legislativa del DF por ser novio de Mariana Gómez del Campo, entonces presidente del PAN DF. Saben que pese a ocupar la presidencia de la comisión de Juventud, su papel fue menos que mediocre, anodino, durante los tres años que cobró en Donceles.
Saben que en 2009 fue acusado por los demás contrincantes –Paula Soto, Alfredo Vinalay, Óscar Estrada– de apoderarse de la estructura partidaria y de manipular el padrón con incondicionales para sacar la candidatura de Mario Palacios a la jefatura delegacional, y que se cobró el servicio inventando por sí mismo en la DBJ una “coordinación de Gabinete” que no existía, con sueldo, claro, de director general. Saben que en 2011, otra vez entre acusaciones de manipulación e inflado del padrón –incluso con militantes inexistentes–, impuso a su secretario particular, Luis Mendoza Acevedo, como presidente del Comité Delegacional juarense, por lo que el proceso fue también impugnado.
Saben que para llegar a la candidatura en 2012 volvió a las andadas y fue acusado por los otros dos precandidatos, el ex diputado local y ex delegado interino en Miguel Hidalgo, Alfredo Vinalay, y el ex delegado en Benito Juárez Fadlala Akabani, que presentaron recursos tanto ante los órganos internos del partido como ante el Tribunal Electoral del DF y el Tribunal Federal (TEPJF), de alterar el listado con militantes falsos o reclutados mediante prebendas, de manera corporativa. Saben también que encabeza una cofradía siniestra de la que se cuentan mil historias y que es llamado El fûrer por sus incondicionales.
Saben que ha sido acusado de arbitrariedades, persecuciones y amenazas por militantes de su propio partido, como es el caso de Suad Tuachi, que renunció a su militancia de siete años por esa causa. Saben que mintió al ostentarse como egresado de la Escuela Libre de Derecho, sin serlo. Saben que en altos estratos del partido y del gobierno calderonista se le culpa de ser uno de los causantes del desastre del partido en la capital del país, como ha dicho Juan Ignacio Zavala.
Pero lo más grave es que todo eso lo supieron y lo saben también los dirigentes del partido y que lo solaparon una y otra vez. Es difícil ahora para el PAN presumir a un virtual jefe delegacional con esas características; pero el dilema mayor que enfrenta el partido, de cara a su Consejo Nacional de este sábado 11 de agosto y en pleno proceso de reflexión, refundación o de reencuentro con sus principios, es si se decidirá de veras a sanear sus filas de raíz aunque les cueste su único delegado –si es que se confirma– o si otra vez sólo aparentará la flagelación para que todo siga igual.
Esta vez, el costo sería impagable. Válgame.
Esta columna ha sido publicada originalmente en Libre en el Sur
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