La Procuraduría General de la República (PGR) puso a disposición de la ciudadanía en su portal institucional, la tercera parte de la versión pública de la averiguación previa del caso Iguala, sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
La integración de esta tercera parte de la versión pública del expediente del caso Iguala, que abarca del tomo 155 al 201, consta de 37 mil 215 fojas divididas en 47 tomos.
Su elaboración llevó alrededor de un mes y en su integración participaron poco más de 30 servidores públicos.
Asimismo, el testado de la información clasificada se realizó con apego a los criterios establecidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para garantizar el derecho a la privacidad, a la presunción de inocencia y el debido proceso de víctimas, testigos, ofendidos y presuntos responsables.
En un comunicado, la PGR señaló que dentro de la recién creada Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, a partir de hoy el documento se pone a disposición para su consulta, a través de Internet, con el objetivo de garantizar el derecho al acceso a la información y el derecho a la verdad.
La totalidad de la tercera parte de la versión pública está disponible para su descarga en formato PDF y puede ser consultada en la liga: http://www.gob.mx/pgr/acciones-y-programas/expediente-caso-iguala.
La segunda parte de la versión pública del expediente del caso Iguala consta de 48 mil 583 fojas divididas en 69 tomos y 14 anexos. Su elaboración llevó alrededor de dos meses y en ella participaron poco más de 30 servidores públicos. Esa parte se puso a disposición del público en general el pasado 11 de abril, seis meses después de que la primera se puso en línea para su consulta abierta.
La primera parte fue publicada el 10 de octubre de 2015 y es más extensa: consta de 85 tomos y 13 anexos que contienen alrededor de 54 mil fojas. En este caso, su elaboración implicó más de siete meses, participaron alrededor de 100 servidores públicos y el testado de la información clasificada también la verificó el INAI.
Fuente: Apro
