La Fiscalía General de la República inició hoy el proceso de publicación de los documentos del caso Odebrecht -como le ordenó en noviembre pasado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)-, con la difusión de la lista de 22 funcionarios citados a declarar ante el Ministerio Público entre 2017 y 2018, incluido Emilio Lozoya, ex director de Pemex.
La Fiscalía General de la República (FGR) publicó este viernes la lista de los funcionarios que han sido cuestionados por su participación en el caso de la constructora brasileña Odebrecht y sus declaraciones iniciales recopiladas entre 2017 y 2018, como parte del proceso de desclasificación de la carpeta de investigación.
El listado incluye al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, quien actualmente se encuentra preso y en proceso judicial por supuestamente haber recibido sobornos en el caso Odebrecht y por la compra de la planta Agronitrogenados.
Aunque las declaraciones están parcialmente testadas (cubiertas en negro), los testimonios de funcionarios indican que había prisa por aprobar los contratos con la empresa brasileña.
“Desconozco quién instruyó que todos los oficios se firmaran el mismo día. Existe un procedimiento que regula la gestión de contratos, y si existían contratos en los que se diera esta situación. Podían existir factores que causaran que los contratos se firmaran en un mismo día, no recuerdo qué tipos de factores”, se lee en una de las declaraciones hechas ante el Ministerio Público, el cual habla acerca de la firma de oficios que formaban parte del contrato de la refinería de Tula.
La publicación de los documentos es en acatamiento a la resolución del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), que en noviembre del año pasado indicó que la FGR debía desclasificar la carpeta de investigación por el caso Odebrecht por tratarse de un tema de interés público y un hecho de corrupción.
La Fiscalía está obligada a transparentar todo el expediente por medio de su página web y en la Plataforma Nacional de Transparencia, y actualizar la información cada tres meses.
La FGR, ante la primera solicitud del INAI de transparentar la información, había respondido que era “clasificada” debido a que su divulgación “causaría un perjuicio la relación bilateral entre el Estado mexicano y la autoridad extranjera; perjudicaría el procedimiento judicial en trámite, en el que la FGR es parte: y, menoscabaría las facultades de investigación del Ministerio Público de la Federación, al afectar las líneas de investigación pendientes”.
Fuente: SinEmbago/ La Jornada
