La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó diferir la votación del dictamen sobre la Ley General de Aguas, que se había programado para someter al pleno el martes 10 de marzo, tras los señalamientos de que la nueva norma permite la privatización del agua.
El coordinador parlamentario del PRI, Manlio Fabio Beltrones, confirmó la decisión unánime de diferir por “el tiempo que sea necesario” el proyecto, con el fin de aclarar la desinformación que al respecto se ha generado.
Remarcó, sin embargo, que “no hay un solo elemento para señalar que es una iniciativa privatizadora del agua”.
Entre tanto, el diputado Kamel Athie Flores (PRI), presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, dijo que el dictamen sobre la Ley General de Aguas contempla a este líquido como de seguridad nacional y, por lo tanto, bajo la rectoría del Estado y rechazó su presunta privatización.
Sostuvo que no se modifican artículos constitucionales como el 27, sobre la propiedad de las aguas a favor de la nación, ni el 115, que le da a los municipios el privilegio de abastecer el líquido a sus habitantes, tampoco la Ley de Bienes Nacionales, que sería el otro instrumento mediante el cual se pudiera privatizar.
En rueda de prensa, dijo que ese dictamen tiene alrededor de dos años de estarse conformando, ha sido tratado en diversos foros, insistió que no privatiza este líquido y lo reconoce como un derecho humano, subrayó.
“En esta iniciativa contamos con el aval del PAN, del PVEM, y también contiene múltiples observaciones de compañeros del PRD, que nos acompañaron en la iniciativa desde un principio y que horas antes de poder discutirse en comisiones unidas, por razones que desconocemos, pero que respetamos, decidieron ya no seguir con el proyecto”, destacó.
Athie Flores resaltó que “el objetivo de esta iniciativa es cumplir con un mandato constitucional del 8 de febrero del 2012, donde se reconoce el derecho al agua como un derecho humano”.
Comentó que unos nueve millones de mexicanos se encuentran en una situación crítica respecto al agua, en zonas rurales y urbanas, y mencionó que a ellos se dirige esta ley, para que tengan acceso al vital líquido.
Enfatizó que las tres zonas metropolitanas más grandes del país tienen deficiencias, como ejemplo mencionó la delegación de Iztapalapa, en el Distrito Federal, donde no se cuenta con un suministro permanente, las 24 horas, con agua de calidad, “por la falta de nuevos proyectos que en esta ley si se contemplan”.
“La ley garantiza a los 113 millones de usuarios que ahora reciben agua que tengan la misma dotación que regionalmente se tiene establecida, pero además que en el mediano y largo plazo tengan seguridad de que nos les va a faltar el vital líquido”, añadió.
Aseveró que entre los opositores a este dictamen “se ha hecho un abuso de las mentiras, diciendo que el agua se va a privatizar”.
“Lejos de eso, en la propia ley se contempla el tema del agua como de seguridad nacional, así lo está manifestando la ley y así está considerado, y por lo tanto bajo la rectoría del Estado, entonces es una gran mentira que se quiera privatizar el agua”, explicó el diputado priista.
Aclaró que privatización no se debe identificar con la prestación de algunos servicios que tienen los organismos operadores
Como ejemplo, mencionó que en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México existen cuatro empresas que prestan diferentes tipos de servicios y que fueron contratadas desde que Andrés Manuel López Obrador estaba como jefe de Gobierno.
“Esto no quiere decir que sea una mala medida, yo creo que López Obrador vio que con esto el sistema de aguas de la ciudad podía ser mucho más eficiente”, expresó.
Recordó que la posibilidad de la participación de las empresas privadas en este servicio data desde las leyes de 1972 y de 1992. “Es algo que se ha venido haciendo porque se cree conveniente poder derivar algunos servicios”.
Fuente: Notilegis
