Como cuestión de proceso legal, citar la ley federal plantea la cuestión no probada de si un fiscal estatal puede invocar un delito federal, aunque carezca de jurisdicción para acusarlo él mismo
La acusación no sellada contra el expresidente Donald J. Trump este martes presentó una acusación inesperada que reforzó lo que muchos expertos legales han descrito como un caso novedoso y arriesgado: los fiscales afirman que falsificó registros comerciales en un plan para engañar a las autoridades de impuestos estatales.
Durante semanas, los observadores se han preguntado cuáles serían los cargos exactos que presentaría el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg. Muchos creían que acusar a Trump de fraude contable para ocultar violaciones de financiamiento de campañas podría generar importantes desafíos legales. Esa acusación resultó ser una parte importante de la teoría de Bragg, pero no toda.
“Los expertos han estado especulando que Trump sería acusado de mentir sobre los pagos secretos para afectar ilegalmente una elección, y esa teoría se basa en cuestiones legales controvertidas y podría ser difícil de probar”, dijo Rebecca Roiphe, profesora de la Facultad de Derecho de Nueva York y exfiscal estatal.
“Resulta que la acusación también incluye una afirmación de que Trump falsificó registros para cometer un delito fiscal estatal”, continuó. “Ese es un cargo mucho más simple que evita las posibles trampas”.
La acusación enumeró 34 cargos de fraude contable relacionados con el reembolso de Trump en 2017 a Michael D. Cohen, su exabogado y mediador. Justo antes de las elecciones de 2016, Cohen había hecho un pago de 130 mil dólares a la actriz de películas pornográficas Stormy Daniels, quien dijo que ella y Trump tuvieron una relación extramatrimonial.
Varios registros comerciales relacionados con esos pagos a Cohen, según una declaración de hechos adjunta, los caracterizaron falsamente como servicios legales prestados en 2017. Para cada uno de esos registros, el gran jurado acusó a Trump de un delito grave de fraude contable en virtud del Artículo 175 de la Ley Penal de Nueva York. Una condena por ese cargo conlleva una sentencia de hasta cuatro años.
Pero el fraude contable es normalmente un delito menor. Para que se convierta en un delito grave, los fiscales deben demostrar que el acusado tuvo la intención de cometer, ayudar u ocultar un segundo delito, lo que plantea la pregunta de qué otro delito alegaría Bragg que está involucrado.
El martes, Bragg sugirió que los fiscales están presentando múltiples teorías para el segundo delito, lo que podría brindarles a los jueces y jurados rutas alternativas para determinar que el fraude contable era un delito grave.
Como se predijo ampliamente, apunta a presuntas violaciones de las leyes electorales federales y estatales. Al hacerlo, en parte avanza con una premisa que ha dado que pensar incluso a algunos de los críticos más duros de Trump.
Como cuestión de fondo, puede ser ambiguo si pagar a una amante fue un gasto de campaña o personal.
Como cuestión de proceso legal, citar la ley federal plantea la cuestión no probada de si un fiscal estatal puede invocar un delito federal, aunque carezca de jurisdicción para acusarlo él mismo. Aun así, el artículo 175 no dice que el segundo delito previsto deba ser un delito de derecho estatal.
Citar la ley estatal plantea la pregunta de por qué las reglas electorales de Nueva York se aplicarían a una elección presidencial federal, que se rige por leyes federales que generalmente sustituyen a las leyes estatales.
Fuente: NYT
