Después de haber ganado un amparo, un tribunal federal volvió a dictar la formal prisión a Jorge Serrano Limón por el caso donde le imputan el desvío de más de 25 millones de pesos de aportaciones de la Federación al Comité Nacional Provida, la asociación que preside.
El magistrado Enrique Escobar Ángeles, que preside el Sexto Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, determinó que sí existen los indicios para continuar con el juicio iniciado a Serrano Limón por peculado, un delito que no es grave y que le ha permitido estar procesado en libertad.
Este fallo fue dictado en cumplimiento a la sentencia del amparo 42/2016, concedido por la magistrada Isabel Porras Odriozola, para reponer el procedimiento, pues estimó que en instancia de apelación se confirmó el proceso a Serrano sin aclararse cuáles eran los elementos del delito y sin analizarse su probable prescripción.
La magistrada dijo en su mandato que, antes de resolver si debía continuar el juicio de Serrano, debía analizarse si la acusación ya había fenecido, debido a que los hechos que le imputan corresponden a revisiones de la Auditoría Superior de la Federación sobre irregularidades en el uso de recursos registradas en el año 2003.
También instruyó que, en el fallo a reponer, debía quedar si hubo o no un exceso en la anterior formal prisión dictada en su contra, cuáles eran los elementos que configuran el peculado contra el acusado, su forma de participación, si hubo o no dolo de su parte y si había alguna excluyente de culpabilidad.
El amparo también le fue concedido para que el magistrado de apelación definiera si Serrano debía o no ser fichado por las autoridades de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.
Con base en estos lineamientos, el magistrado Escobar Ángeles redactó una nueva resolución en la que consideró subsanadas las deficiencias y concluyó que, de todas formas, la acusación estaba vigente y que sí había los elementos del delito para sostener el juicio contra el responsable de Provida.
Este asunto corresponde a supuestas irregularidades en la comprobación de 25 millones 764 mil 539 pesos aportados a Provida, en un Convenio de Colaboración del 14 de marzo de 2003 celebrado con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.
Para la Procuraduría General de la República (PGR), Serrano gastó el dinero en conceptos no considerados en el convenio.
Fuente: Reforma
