Por Luis Javier Valero
¿Por qué ahora se solicitó el nuevo endeudamiento, y no antes de las elecciones? La respuesta es obvia. La nueva emisión de bonos carreteros, por un monto de 15 mil millones de pesos (mdp) incidiría de manera contundente en el ánimo de los electores, pues la discusión, acerca de si es deuda o no, sería resuelta por la mayoría en sentido positivo.
Y no hay vuelta de hoja, es deuda; por lo menos así lo consideran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las empresas calificadoras de deuda.
En su reporte sobre las deudas de entidades y municipios, la SHCP hace una precisión a la de Chihuahua: “El saldo total de las obligaciones financieras del Gobierno del Estado de Chihuahua incluye cuatro emisiones en bonos carreteros, garantizados tres de ellos con fuente de pago propia (Nota de LJVF: el ingreso derivado de las cuotas de peaje, calculado por la Secretaría de Hacienda local en alrededor de 2 mmdp anuales), y el cuarto cuenta con fuente de pago el Impuesto sobre Nómina y como garantía de pago un porcentaje de las participaciones federales. Además, incluye tres créditos cuya fuente primaria de pago, del principal al vencimiento del crédito, la forman recursos provenientes de la redención de bonos cupón cero –adquiridos con ingresos propios de la entidad–. Los intereses serán pagados por el Gobierno del Estado con recursos provenientes de las participaciones que le corresponden. Para dos emisiones bursátiles se realizó una estimación del saldo”.
Antes de la aprobación de este nuevo empréstito, a través de la emisión de nuevos bonos carreteros, según la SHCP, la deuda de Chihuahua, al primer trimestre de 2013, ascendía a la cantidad de 25 mil 848 millones de pesos, de los cuales 8 mil 492 tienen como aval las participaciones federales y 16 mil 91 millones “ingresos propios”.
De acuerdo con estas cifras, Chihuahua sólo es superado, por el monto de la deuda, por 5 entidades: DF 58 mil 304 mdp; Nuevo León, 47 mil 863 mdp; Edomex, 40 mil 119 mdp; Veracruz, 39 mil 809 mdp y Coahuila, 36 mil 384 mdp.
Si el endeudamiento se midiera por el monto per cápita, entonces Chihuahua pasaría al 3o. lugar, sólo superado por Coahuila, –11 mil 909 pesos– y Nuevo León, –10 mil 286 pesos– pues los chihuahuenses debemos, cada uno, 7 mil 385 pesos; a su vez, los habitantes del DF tienen un endeudamiento, per cápita, de 6 mil 562 pesos; Veracruz, de 5 mil 208 pesos por habitante y el Estado de México de 2 mil 643 pesos. (Recuento personal a partir de las cifras de la SHCP y datos de población proporcionados por cada entidad).
Pero si se le agregan otros 10 mmdp –porque se informó que alrededor de 5 mmdp del nuevo endeudamiento se destinarían al pago de unos bonos carreteros–, entonces la deuda de Chihuahua se ubicaría en el orden de los 35 mmdp. Se mantendría, por el monto, en el mismo lugar, pero estaría a la par, per cápita, de las dos primeras, por encima de los 10 mil pesos.
Más allá de la pretensión gubernamental de no llamarla deuda, superada por la realidad, pues de no haber aprobado tal esquema de endeudamiento, las arcas locales tendrían un ingreso anual de alrededor de 2 mil millones de pesos por el pago de cuotas de peaje. Más aún, si no fuera endeudamiento, no tendría que pasar por la aprobación del Congreso, cosa que se hace para cumplir con los requerimientos legales, porque si no ¿quién respondería por los 15 mmdp que nos dan? Está muy clara la respuesta, “los ingresos propios” derivados de las cuotas de peaje. Y para comprometer ingresos propios se necesita de tal aprobación.
Otras entidades están usando el mismo mecanismo, algunos sobre los derechos vehiculares, otro, sobre los derechos registrales, pero es el mismo concepto, “ingresos propios”. Bueno, otra entidad también lo tiene sobre las cuotas de peaje.
De cualquier modo, son 15 mil mdp más de deuda.
Pero no es el único aspecto controversial del nuevo empréstito, también el destino del dinero; además de los intereses a pagar, 8 por ciento anual, (una cuarta parte por encima del crédito otorgado recientemente al ayuntamiento de Chihuahua por 130 millones de pesos), la deuda se pagará en 25 años, lo que significa que por 15 mmdp prestados, pagaremos al final 50 mmdp, aproximadamente, si se toman como base, y sin proyección alguna, los ingresos de 2 mmdp anuales.
¿A dónde irán los dineros?
En primer lugar, Gobierno del Estado informó que la administración federal le transfirió el manejo, durante los próximos 35 años, de la red carretera federal. Pero en la somera descripción de las obras a realizar se mezclaron los proyectos anunciados, tanto por la administración federal, como la estatal, lo que en buen castellano significa que, a cambio de transferir las carreteras, el gobierno federal no realizará obra alguna, las que se hagan, se harán endeudando aún más a Chihuahua.
El otro gran destino del dinero es el pago del “endeudamiento de 6.5 mil mdp que produjo la contratación de deuda pública de corto plazo durante el año pasado. Es decir, que quedarán de “cambio” unos 3 mil mdp”. (Columna de Alejandro Salmón, Ahoramismo, 17/VII/13).
Si tales informaciones son ciertas, entonces la discusión deberá centrarse en el destino del nuevo endeudamiento, pues la legislación establece que deberán destinarse a infraestructura y de ninguna manera a pagar deuda, de ahí la insistencia gubernamental en enfatizar que no es deuda.
Por otro lado, acceder a un financiamiento de tal magnitud para la construcción de obra pública, con las debidas precisiones, no es de por sí negativo, pero deberá evaluarse objetivamente el margen de maniobra, no de las siguientes administraciones estatales, sino del Gobierno del Estado y las necesidades, también objetivas, de la obra a realizar, porque la decisión de emitir nuevos bonos carreteros dejará sin esos ingresos (y sólo los remanentes, producto del aumento del tráfico vehicular) a las siguientes 4 administraciones estatales.
Es mucho.
De ahí la necesidad de la mayor información y transparencia en el manejo de tan ingentes recursos.
Precisiones abstencionistas
Una vez realizados los cómputos municipales, se ratificaron los pronósticos previos en cuanto a la participación electoral. Pero tal aserto sólo tiene razón en el ámbito estatal. Las elecciones recientes dieron pie a un nuevo fenómeno, la de una elevada participación en el Chihuahua rural y una caída del voto urbano.
En tanto que la participación estatal fue del 37.86 por ciento, cifra semejante a la de 6 años atrás pues votaron, en esta elección, 1 millón 19 mil 521 electores. Mientras en Juárez votaron 304 mil 667 electores, equivalente al 30.35 por ciento, en Chihuahua lo hicieron 233 mil 048, lo cual representa el 37.83 por ciento.
Pero tal participación contrasta con la presentada en el resto de los municipios pues en 54 de ellos la votación fue superior al 50 por ciento y sólo en 13 quedó abajo esta cifra: Ascensión, 44 por ciento; Cuauhtémoc, 36 por ciento; Delicias, 48.6 por ciento; Parral, 46 por ciento (aunque realmente estos tres centros de población son predominantemente de voto urbano); Gómez Farías, 41.5; Guadalupe, 47.3; Guadalupe y Calvo, 41.4; Janos, 48.9; Meoqui, 45.9; Namiquipa, 39.3; Nuevo Casas Grandes, 41; Rivapalacio, 32.8 y Urique 49.6 por ciento.
A su vez, en 33 municipios se presentaron votaciones de más del 60 por ciento: Allende, 68 por ciento; Bachíniva, 67; Balleza y Batopilas, 66; Bocoyna, 63; Buenaventura, 62; Carichí, 64; Coronado, 82; Coyame, 72.9; La Cruz, 71; Chínipas, 71.8; Santa Isabel, 62; Guachochi, 61; Guazapares, 66.9; Huejotitán, 74; Julimes, 65; López, 77; Manuel Benavides, 70; Matachí, 66; Matamoros, 66; Morelos, 69; Moris, 70; Nonoava, 79; Ocampo, 66; Rosario, 65; San Francisco de Borja, 72; San Francisco de Conchos, 74; San Francisco del Oro, 69; Santa Bárbara, 67; Satevó, 69; El Tule, 65; Uruachi, 64; Valle de Zaragoza, 63 por ciento.
El problema estriba en que Chihuahua y Juárez concentran poco más del 60 por ciento del padrón electoral.
Pero ahí está un panorama que deberá ser analizado pues a pesar de ser elecciones de mitad de sexenio, las menos concurridas tradicionalmente, tal pareciera que tal afirmación no aplica para las poblaciones rurales, y seguramente que en ello habrán influido decisivamente las reformas electorales que prohibieron la compra de propaganda política electoral en radio y televisión, lo que obligó a los candidatos a “bajar” las campañas a “tierra”.
Pero ahí está el hecho, lo habremos de comentar pues echa por tierra reflexiones hechas aquí, y por numerosos analistas en distintos foros.
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