Los escándalos que provocan los intentos de los gobernadores salientes de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua por blindarse jurídicamente contra demandas posteriores a su mandato, tienen un profundo alcance económico. Conscientes del tamaño del boquete que dejaron en las finanzas de sus entidades y del abultado porcentaje que alimentó la corrupción, Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte intentaron ocultar parte de la deuda en los registros de Hacienda. Se informe o no de los montos desviados, bursatilizados y robados, esos enormes adeudos son bombas de tiempo para esas entidades y para el presupuesto federal.
Por Jenaro Villamil/ Proceso
Un manejo desordenado de los recursos públicos y una “corrupción manifiesta” que involucra a los gobernadores y su equipo, empresas privadas, bancos y contratistas, predomina en las deudas estatales, que en total ascienden a 531 mil 822 millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Si a esta cifra se agregan los mecanismos de “bursatilización”, los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y los bonos Banobras, el total del adeudo se eleva a más de 715 mil millones de pesos, es decir, 81.4% más que en 2010, de acuerdo con el reporte de Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
Las recientes leyes estatales para “blindar” la deuda pública de los gobiernos priistas salientes de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, así como el intento de nombrar a fiscales estatales anticorrupción a modo para los mandatarios salientes, provocaron escándalos.
En las tres entidades hubo alternancia política después de registrar el mayor crecimiento de su deuda pública en las administraciones priistas, con los índices más elevados de deuda per cápita. Además, se manejaron irregularmente recursos recaudatorios como el Impuesto Sobre Nómina en Veracruz y Chihuahua –donde además se bursatilizaron los ingresos del Fideicomiso Carretero hasta 2038– y el Impuesto al Hospedaje en Quintana Roo, con un presunto desvío de mil 464 millones de pesos.
La deuda de Quintana Roo creció 115% bajo el gobierno de Roberto Borge, al pasar de 10 mil 265 a 22 mil 542 millones de pesos. Es la deuda per cápita más alta del país (casi 15 mil pesos) y tiene mil 15 millones de pesos pendientes de aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La administración saliente deja adeudos por 224 millones de pesos a proveedores de promoción turística en Cancún y 118 millones en la Riviera Maya.
En cuanto a la deuda de Chihuahua bajo el gobierno de César Duarte, pasó de 12 mil 547 a 42 mil 176 millones de pesos: un incremento de 210% desde 2010, el más alto de todo el país.
Es la tercera mayor deuda per cápita del país: 12 mil 23 pesos por habitante. Además, de última hora el Congreso estatal aprobó “bursatilizar” los excedentes de 6 mil millones de pesos por ingresos del Fideicomiso Carretero vigente hasta 2038, con lo cual compromete los recursos de las siguientes administraciones, comenzando por la del panista Javier Corral. La maniobra de César Duarte beneficiará, en cambio, a entidades financieras como Interacciones, Inbursa, Multiva y Banorte, según los reportes internos del fideicomiso.
CRECE DEUDA EN 113%
Con el polémico mandatario priista Javier Duarte la deuda de Veracruz creció 113% hasta sumar 45 mil 879 millones de pesos, la cuarta más grande del país (sólo por debajo de Nuevo León, la Ciudad de México y el Estado de México). Per cápita, la deuda veracruzana es de 5 mil 665 pesos por habitante, pero es la entidad con un mayor adeudo a proveedores (11 mil millones) y tiene pendientes de aclarar 15 mil 839 millones de pesos ante la ASF.
Duarte no sólo aceleró un paquete para “blindar” su cuestionada administración, envuelta en corruptelas familiares y con “empresas fantasmas” beneficiarias de adjudicaciones directas. Además, “donó” 10 inmuebles públicos como si fueran suyos.
También Nuevo León es una bomba de tiempo. Durante el mandato de Rodrigo Medina se mantuvo como el estado con más deuda del país, con 63 mil 832 millones de pesos, según la SHCP, pero si se le suman las emisiones bursátiles (18 mil 531 millones), los bonos Banobras (7 mil 426 millones) y los PPS (mil millones) el monto asciende a 89 mil 904 millones de pesos. Cada nuevoleonés debe 12 mil 468 pesos.
Dos entidades que tendrán elecciones en 2017 tienen problemas severos con el manejo de su deuda estatal y ambas son gobernadas por el PRI: el Estado de México, con una deuda total de 89 mil 715 millones de pesos, de los cuales 41 mil 883 millones son por PPS, y Coahuila, cuya deuda es de 38 mil 374 millones de pesos, pero es el segundo estado con la deuda per cápita más alta (12 mil 862 pesos).
Sin embargo, el experimento más cuestionado para esconder deuda pública se realizó en Puebla, bajo el gobierno de Rafael Moreno Valle. El mandatario modificó la Constitución para ocultar cerca de 21 mil 428 millones de pesos de deuda por PPS que comprometen las finanzas de la entidad por los próximos 30 años. La SHCP registra una deuda total de Puebla por sólo 10 mil 17 millones de pesos, de los cuales 3 mil 310 millones son por PPS.
En el caso de la Ciudad de México, la “bursatilización” es de 15 mil 590 millones de pesos, de un total de deuda registrada de 87 mil 903 millones, la tercera más alta del país.
IMPUESTOS Y DESFALCO
Para Arturo Fuentes Vélez, responsable del área de administración y finanzas del equipo de transición del gobernador electo Javier Corral, el problema con el gobierno de César Duarte en Chihuahua es un “manejo desordenado de la administración pública y de corrupción manifiesta”.
Duarte “le entró a todo”, afirma Fuentes Vélez en entrevista con Proceso: creó una unión ganadera, es accionista de un banco, compró ranchos “por las buenas y por las malas”, creó compañías farmacéuticas y su hijo es socio de una constructora con obras públicas en Quintana Roo, lo cual hablaría también de una “corrupción compartida entre estados”.
Las similitudes en el manejo de los impuestos entre Quintana Roo y Chihuahua es sorprendente. En el segundo, los empresarios pagan 3.3% de Impuesto Sobre Nómina, con la condición de que 0.3% vaya a un fideicomiso. La Fundación del Empresariado Chihuahuense ha denunciado que nunca se aclaró el destino de estos recursos, que ascienden a 120 millones de pesos durante el gobierno de César Duarte.
Fuentes Vélez explica que Duarte también “bursatilizó” 45% del Impuesto Sobre Nómina, pero los mil 200 millones de pesos implicados en esta operación “no están disponibles”.
En Quintana Roo existe un Impuesto al Hospedaje (IH) equivalente a 3% de cada noche de hotel vendida. En el gobierno de Roberto Borge, los recursos derivados de este impuesto dejaron de ser manejados directamente por cada fideicomiso y pasaron a manos del gobierno del estado.
Fuente: Proceso
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La Procuradora General de la República deberá emitir una orden para evitar que estos Gobernadores Corruptos, salgan del País cargados de los recursos de sus Gobiernos, sin importar las condiciones de miseria en la que dejan a los ciudadanos de los Estados que “administraron”