Por Edgardo Buscaglia*
Todos los países del planeta poseen delincuencia organizada y el narcotráfico es sólo uno de los 23 tipos de delitos que comete. Otro son las desapariciones forzadas con motivaciones político-económicas.
El 26 de septiembre desaparecieron 43 estudiantes de una escuela rural de Ayotzinapa (que desde hace años denuncia la corrupción política) en Iguala (estado de Guerrero) por órdenes del alcalde del municipio (preseleccionado por su partido para ser diputado federal) y de su esposa, a quienes se vincula con redes criminales transnacionales. Este patrón político mafioso es muy frecuente en México dentro de todos los partidos y el presunto crimen de Estado contra los 43 estudiantes es la trágica consecuencia de quegrupos sociales reaccionen a la simbiosis de políticos y criminales. En este caso se sospecha, además, que esténimplicados militares porque se ha denunciado que un inmenso terreno del Ejército fue donado a la Alcaldía para construir un centro comercial con dinero que no puede explicarse lícitamente. Para evitar otros Ayotzinapas hay que entender cómo funciona la delincuencia organizada.
Mi experiencia capacitando a unidades de investigación patrimonial en 67 países indica que una organización criminal opera como una empresa transnacional: su objetivo es ganar dinero. Pero traficando ilegalmente cientos de bienes y servicios. Tienen directorios ejecutivos (políticos y empresarios legalmente constituidos); grupos armados (los que son más conocidos por el público) que brindan protección a las estructuras económicas; operadores de lavado de dinero, a través de un mínimo de siete países; y, los que están más abajo, franquicias económicas que pagan tributo a los de arriba y son minoristas de bienes y servicios ilegales. Aquí situaríamos a los Guerreros Unidos, quienes supuestamente trabajaron junto al alcalde de Iguala en la desaparición de los 43.
El crecimiento de la delincuencia organizada extremadamente violenta y transnacional se alimenta siempre de vacíos y fallas del Estado, por lo que para desmantelar un cártel es necesario coordinación internacional de políticas criminales, sociales, fiscales y regulatorias. Las medidas cosméticas anunciadas por el presidente Peña Nieto no abordan ninguna de estas cuestiones. Tampoco anunció medidas que toquen la infraestructura económica de esas redes para financiar campañas políticas, como parece ser el caso de Iguala.
Fijarse sólo en las estadísticas de homicidios no es combatir a la delincuencia organizada, porque pueden disminuir casi a cero cuando los criminales se fortalecen y se reparten los territorios, consolidándose así una pax mafiosa con un Estado débil que negocia o tolera.
El tamaño del monstruo que enfrenta México es enorme. Según informes de actividades sospechosas emitidos por 59 países desde el año 1998 a la fecha, los cárteles mexicanos están vinculados aredes criminales desde Colombia y China, a la ‘Ndrangheta calabresa o a la Yakuza japonesa, entre otras.
Para conseguir una democracia real con estado de derecho, y por tanto un crimen organizado menos violento, se deben combatir los delitos patrimoniales-electorales pero las élites político-empresariales sólo lo hacen cuando sus riquezas ilegales se vuelven contra ellos en forma de violencia.
Hoy, México viola mas del 70% de las cláusulas de la Convención de la ONU contra la Corrupción y más del 50% de la Convención contra la Delincuencia Organizada, ambas ratificadas por el Estado.
Si se quieren prevenir más Ayotzinapas hay que reducir todos y cada uno de los 23 tipos de delitos económicos organizados(tráfico de drogas, armas, personas, lavado de dinero…) y optar por el camino seguido por la Unión Europea desde 1995: 1) Fortalecer la capacidad punitiva de jueces y fiscales. 2) Atacar los bienes de las empresas criminales ligadas a políticos. 3) Imponer más sentencias y penas para la corrupción política. 4) Mejores políticas públicas de prevención social del delito. Sólo así la delincuencia operará en México con menor coste social, como en Alemania y Japón.
* Edgardo Buscaglia es director del International Law and Economic Development Centre.
Fuente: El Mundo
