El Comité de Investigación de Rusia (SK), a través de su Departamento de Investigaciones La investigación involucra al ministro Alexéi Uliukáyev en un caso de corrupción de la empresa petrolera estatal Rosneft.
Especiales y sobre la base del trabajo efectuado por el Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso), ha iniciado este 15 de noviembre un caso penal contra el ministro de Desarrollo Económico, Alexéi Uliukáyev, informa el sitio oficial del comité.
El caso investiga un presunto soborno al ministro Uliukáyev por una suma de dos millones de dólares, a cambio de un voto favorable del Ministerio para autorizar a la compañía petrolera estatal Rosneft a adquirir un poco más del 50 % de las acciones de Bashneft.
Según el comunicado, el ministro ha sido detenido y se han iniciado las investigaciones correspondientes. En las próximas horas se presentarán los cargos formales en su contra.
Un caso en manos de la justicia rusa
Según la portavoz del SK, Svetlana Petrenko, “se trata de un caso de extorsión a representantes de Rosneft, agravado por amenazas“, detalla RIA Novosti. Petrenko aseguró que el ministro fue detenido con dinero en efectivo mientras recibía un soborno. Asimismo, otra fuente de la agencia de noticias rusa asegura que el FSB se encontraba desde hacía más de un año tras la pista de Uliukáyev.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anunció que se trata de “una acusación muy seria, que necesita de pruebas muy importantes. De cualquier forma, la justicia será la encargada de tomar una decisión en este caso”. Peskov aseguró que el presidente aún no ha sido notificado sobre este tema.
El posible castigo
El artículo 290 del Código Penal de Rusia establece varias penas que podría enfrentar el ministro Uliukáyev por el delito que se le acusa. En primer lugar, una multa de 3 a 5 millones de rublos o por un monto similar a los ingresos oficiales del acusado en un lapso de 3 a 5 años de trabajo, o entre 80 a 100 veces el monto del soborno recibido. Además, la ley estipula una prohibición de 15 años para volver a ocupar cargos públicos específicos.
Asimismo, el inculpado podría enfrentar una condena de entre 8 y 15 años de prisión, que podría ser reemplazada con una multa de un valor similar a 70 veces el monto recibido y la prohibición oficial para ocupar ciertos cargos públicos.
Fuente: RT
