Como resultado de la investigación por el desplome del helicóptero en el que viajaba la entonces gobernadora de Puebla, la panista Martha Érika Alonso Hidalgo, y su esposo Rafael Moreno Valle, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que cumplió una quinta orden de aprehensión por el accidente ocurrido hace dos años.
En un comunicado de prensa, precisó que personal de la Agencia Estatal de Investigación aprehendió a Miguel “N”, quien también labora en Rotor Flight Services, firma relacionada con el funcionamiento de la aeronave en la que viajaban las cinco personas que murieron el 24 de diciembre de 2018.
Miguel “N” tendrá que responder por los delitos de homicidio culposo, daño en propiedad ajena y falsedad en declaraciones, precisó la FGE.
Como medida cautelar, las cuatro personas previamente detenidas y acusadas por homicidio culposo de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, fueron enviadas el pasado 26 de diciembre a los penales de San Miguel y Huejotzingo, bajo prisión preventiva justificada, detalló.
La semana entrante se realizará la audiencia de vinculación a proceso o no de los tres empleados y el propietario de la firma Rotor Fligth Services, señalados de los delitos de homicidio a título de culpa, daño culposo en propiedad ajena y falsedad de declaraciones, explicó.
La tarde del 24 de diciembre, por la muerte de la pareja panista y otras tres personas, la FGE dio cumplimiento a las órdenes de aprehensión en contra de los implicados en el caso.
La primera audiencia para definir su situación jurídica se desarrolló el sábado anterior en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, en la cual la defensa de los acusados solicitó una ampliación para que ésta se reanudara en un plazo de 144 horas.
Los detenidos fueron informados que son acusados de los delitos mencionados como empleados de la empresa que daba mantenimiento a la aeronave Agusta modelo A-109, matrícula XEABON, en la que los panistas y tres personas más fallecieron al desplomarse.
Por la ampliación del plazo, se impuso una medida cautelar denominada como “prisión preventiva necesaria justificada”, por lo que José Antonio Vázquez Torales, propietario de la firma, fue enviado al penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla.
A Ricardo Montiel Rodríguez, María Magdalena Raya Ochoa e Israel Olguín Jiménez, empleados de la empresa, los llevaron al penal de Huejotzingo, en donde permanecerán mientras se define su situación jurídica.
En su conclusión sobre la indagatoria de las causas del accidente, presentada en marzo pasado, el gobierno federal indicó que fue la falta de mantenimiento por negligencia en los “actuadores” del helicóptero, lo que provocó el accidente.
