La policía brasileña allanó este viernes el domicilio del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva en Sao Paulo y lo llevó a declarar para investigar si cometió delitos de corrupción y de lavado de dinero en el marco del fraude a Petrobras. Durante tres horas, el expresidente fue interrogado y luego fue puesto en libertad.
No es fácil sorprender a los brasileños en tiempos de escándalos continuos de corrupción. Pero este viernes pasó lo impensable: Luiz Inacio Lula da Silva, el que fue el presidente más popular de la democracia de Brasil, la cara mediática del Partido de los Trabajadores (PT), el gobernante que sacó a 30 millones de personas de la pobreza, recibió el golpe más duro de su carrera y protagonizó el peor capítulo de la crisis del Gobierno de 12 años del PT.
A las seis de la mañana del viernes (hora local), la Policía llegó a la casa de Lula en Sao Bernardo (a 20 kilómetros de Sao Paulo), la registró y se lo llevó a declarar por supuesta corrupción.
Durante tres horas, el expresidente fue interrogado sobre su presunta participación en una trama corrupta que desangró durante años la petrolera estatal Petrobras. Aún sin tiempo para recuperarse del impacto de ver al presidente más popular de la democracia en esa coyuntura, los brasileños vieron por primera vez una acusación formal contra Lula, al que últimamente cercaban sospechas de corrupción, pero contra el que los investigadores no se habían pronunciado públicamente con tanta dureza como ahora.
La Fiscalía lo acusa de ser “uno de los principales beneficiarios” de un sistema de desvío de dinero en Petrobras (entre 2004 y 2012, supuestamente salieron 10 mil millones de reales, unos 2 mil 400 millones de euros) para favorecer a empresas corruptas.
La macrooperación policial de este viernes, bautizada como Aletheia en referencia a la expresión griega “búsqueda de la verdad”, fue a lo grande: 200 policías y 30 auditores de Hacienda cumplieron órdenes judiciales en los Estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Bahía desde primera hora. Lula reaccionó indignado en una conferencia de prensa después del interrogatorio forzoso, afirmando que se sintió “prisionero”.
“Soy víctima de un espectáculo mediático. Si querían oírme solo tenían que haberme llamado y yo habría ido, porque no debo nada a nadie y no temo nada”, dijo, con rostro cansado y rodeado de simpatizantes que lo vitoreaban en la sede del Partido de los Trabajadores (PT). “Si encuentran en mi cuenta un solo real que hable contra mi conducta, no merezco ser de este partido”, insistió.
Los investigadores sospechan de una reforma de dos viviendas que frecuentaba Lula, pagadas por las constructoras Odebrecht y OAS, como una vía por la que el político recibió beneficios ilícitos. Las dos empresas ya estaban implicadas en la trama de corrupción de Lava Jato, y pagaron, según los investigadores, electrodomésticos y muebles de una casa de campo y un apartamento de lujo. Lula siempre ha insistido en que no tiene relación con estas reformas, porque los inmuebles no son suyos. Los fiscales también apuntan a donaciones y pagos de conferencias a Lula por parte de empresas investigadas en el caso Lava Jato.
La Fiscalía ha sido durísima con el exsindicalista en el comunicado publicado este viernes: “Dentro de una República, incluso las personas ilustres y poderosas deben estar sujetas al escrutinio judicial cuando hay fundadas sospechas de actividad criminal, que se apoya, en este caso, en decenas de testimonios y amplias pruebas documentales”.
Además del domicilio de Lula, los agentes visitaron también la vivienda de su hijo, Fábio Luiz da Silva, conocido como Lulinha, en Sao Paulo. Mientras tanto, simpatizantes y detractores de Lula ya intercambiaban insultos y hasta golpes en las inmediaciones del edificio donde vive Lula y del aeropuerto de Congonhas, donde declaraba y que fue elegido por motivos de seguridad. Un ejemplo más de la fuerte polarización que vive este país.
La crisis política ya forma parte del día a día del brasileño, especialmente desde que la heredera de Lula, Dilma Rousseff, fue reelegida por segunda vez en noviembre de 2014. El Gobierno solo tiene un 11.4 por ciento de aprobación popular, según las encuestas más recientes, y la presidenta afronta un proceso de destitución desde el año pasado y una Cámara de Diputados hostil que bloquea sus medidas. Se enfrenta, además, a una economía en recesión.
El jueves fue publicado el dato del Producto Interior Bruto (PIB) en 2015 y las noticias fueron pésimas: la economía nacional se contrajo un 3.8 por ciento con relación al año anterior, según estimaciones del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Es el peor resultado desde 1996, y la tendencia apunta a que 2016 sigue por el mismo camino.
Puede que su popularidad no sea la de antes (poco más de un 50 por ciento de aprobación, frente al 80 por ciento de sus mejores tiempos), pero Lula se perfilaba hasta ahora como candidato probable para las elecciones de 2018. Sobre todo, porque Rousseff nunca ha mostrado el carisma de su predecesor. “Yo fui mejor que todos los otros presidentes de este país”, dijo el político de 70 años tras ser detenido.
El “héroe del pueblo brasileño”, como le llama el PT, no quiere rendirse sin pelea, e incluso anunció que piensa viajar por Brasil en una especie de campaña electoral para proclamar su inocencia y defender su legado. Este viernes clamó: “Lo que pasó tenía que pasar para que el PT levantase la cabeza. Vamos a empezar de nuevo”.
