Organizaciones civiles denunciaron hoy que 34 indígenas nahuas del municipio de Ayotitlán, Jalisco, y un abogado ambientalista continúan presos desde el pasado 22 de julio cuando fueron detenidos mientras exigían el cumplimiento de una suspensión federal en sus tierras ocupadas por la empresa minera Peña Colorada, durante un operativo encabezado por el propio Procurador de Justicia del Estado de Colima (PGJE), Marcos Santa Montes.
Todos están acusados de los delitos de secuestro consumado, despojo, robo calificado, daños en propiedad ajena y lesiones graves, delitos, que aseguran las organizaciones, son fabricados.
Representantes de las organizaciones el Ejido Nahua de Ayotitlán, de Cuatutitlán, Jalisco, del Instituto de Derecho Ambiental, de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, del Campo es de todos, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, entre otras, denunciaron que el pasado 22 de Julio del año en curso, mas de 500 personas llegaron a los terrenos propiedad del ejido en el Municipio de Cuautitlán, Jalisco, donde se encuentra la empresa Peña Colorada. El objeto era la realización de un recorrido para revisar que se estuviera cumpliendo la suspensión de plano que un Juez otorgó, con la que se cancelaban los efectos de las concesiones mineras de la empresa Peña Colorada y que permite a la comunidad el libre acceso a las mil 200 hectáreas, en las que existe un diferendo con la empresa.
La Comunidad Indígena Nahua de Ayotitlán, se ubica en el corazón de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, en el Municipio de Cuautitlán, Jalisco y colinda con el estado de Colima.
“La empresa en complicidad con el Gobierno del Estado de Colima instrumentó un operativo a cuyo frente iba en persona el Procurador de Justicia del Estado de Colima, en el que se detuvieron arbitrariamente al abogado defensor y 34 nahuas. En el mismo operativo se agredió físicamente a los detenidos y a otras personas integrantes de la comunidad, incluyendo a adultos mayores, niños, mujeres y jóvenes”, sostuvieron las organizaciones en conferencia de prensa en la Ciudad de México.
Este jueves, el Juzgado Primero de lo Penal de la Ciudad de Colima, Colima, decidirá en torno al dictado de formal prisión o el auto de libertad a favor de las personas detenidas.
“De confirmar la detención y dictar formal presión, por la gravedad de los delitos que se les fabrican, los 34 nahuas y el abogado defensor corren el riesgo de permanecer en prisión, hasta que se resuelva el proceso, lo que puede durar años”, alertaron las organizaciones.
Representantes de las organizaciones defensoras denunciaron que a los 35 detenidos se les fabricaron los delitos. Foto: Cencos
Adelantaron que ayer el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, acudió a la comunidad de Ayotitlán y se comprometió a buscar la liberación de los detenidos.
Sin embargo, advirtieron que en distintas declaraciones ha sido reportado un intento de sus funcionarios por ignorar la responsabilidad del Estado de Colima en estas violaciones de derechos humanos, y buscar la deslegitimación de la organización que defiende los derechos de la comunidad, tanto dentro de los procesos penales en su contra, como de sus derechos de propiedad.
Mientras, diversos medios de comunicación han informado que el Gobernador de Colima, Mario Anguiano, durante una reunión con Sandoval, acordó la liberación de 33, de los 34 detenidos, sin especificarse quienes serían los liberados.
Las organizaciones argumentan que “no existen elementos para acreditar ninguno de estos delitos. La acusación más burda se refiere al delito de secuestro. La compañía y la empresa Peña Colorada sostienen que tres empleados de la empresa fueron secuestrados, por lo que pagaron un rescate por catorce millones de pesos al ejido”.
Sin embargo, explicaron, la comunidad de Ayotitlán ha acreditado mediante un recibo de una transferencia bancaria, en el que la propia empresa señala que transfiere una cantidad de catorce millones de pesos por el pago de rentas atrasadas, en base a Convenios de ocupación temporal firmados con el comisariado ejidal en 1998 y el 2012.
“Los cargos de despojo tampoco se encuentran acreditados ya que la comunidad no privó a nadie de ninguna propiedad y se encontraba en sus propios terrenos. Tampoco existen señalamientos concretos en torno a las personas que supuestamente dañaron algunos bienes, o en torno al robo de cierto equipo de cámaras”, sostuvieron.
Por ello, denunciaron que lo sucedido el pasado 22 de julio “fue un caso de detención arbitraria de defensores de sus derechos y de violencia y daños a la integridad física de toda la comunidad. Los daños a la integridad física han sido constatados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien visitó a los detenidos y se cercioró de las heridas que presentaban”.
Denunciaron además que el proceso penal seguido en contra de los detenidos ha estado plagado de irregularidades. Entre ellas, destacaron, se ha restringido el acceso a sus defensores y familiares, y se ha permitido el acceso a personas extrañas buscando manipular a los detenidos.
En esto contexto, los grupos civiles exigieron que se libere de inmediato a los 34 indígenas nahuas detenidos y al defensor de derechos humanos Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez.
Así como el cumplimiento inmediato y total de la ejecutoria del 19 de septiembre de 2014, del amparo 462/2013 señalado líneas arriba, que suspende los efectos de las concesiones mineras, agua y descargas y autorización ambiental a la empresa Peña Colorado en los terrenos de la comunidad, y garantiza el libre acceso de la comunidad a sus tierras.
Aunado a la suspensión y no emisión de ordenes de aprehensión y de detención en contra de los integrantes del Comisariado Ejidal, y otros miembros de la comunidad, así como de los defensores de derechos humanos que los apoyan.
Esta comunidad es un referente en la defensa de sus recursos naturales, su conservación y su usufructo sustentable. Las organizaciones detallaron que fue una de las comunidades que apoyó la declaratoria de área natural protegida en sus tierras.
Pidieron también el cumplimiento de la recomendación 122/95 emitida por la CNDH, respecto al conflicto de limites y cumplimiento total de la resolución presidencial del poblado.
La comunidad ha mantenido por varios años con el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada S.A. de C.V., propiedad de Ternium México, diversas diferencias.
En el año 2013, la comunidad interpuso un amparo, identificado bajo el expediente 462/2013, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo del Estado de Jalisco, buscando el respeto de sus derechos de propiedad, posesión y disfrute de las 50 mil hectáreas que conforman su territorio. Este Juez otorgó una suspensión de plano que suspende los efectos de las concesiones mineras de la empresa Peña Colorada y permite a la comunidad el libre acceso a las mil 200 hectáreas, en las que existe un diferendo con la empresa.
Fuente: Sin Embargo
