Luis Javier Valero Flores
La detención de Miguel Ángel Treviño Morales, a quien se le identifica como el Z40, presunto jefe de la banda delincuencial conocida como los Zetas, ha develado cuán iguales son los mecanismos utilizados, por el actual gobierno, al del anterior para combatir al crimen organizado.
Se diferencian solamente en el nivel de estridencia usado para “presumir” los logros en esta materia y en la escenografía usada.
Pero en cuanto a la profundidad de las acciones, del desarticulamiento de las bandas, de la destrucción de sus operaciones financieras, del desvelamiento de las empresas generadas por el grupo criminal para “lavar” el dinero, de la estructura usada para el tráfico de las drogas, de la redes de informantes, de los funcionarios gubernamentales involucrados, de los alcances del grupo delincuente, de la estructura del mismo, etc., nada, absolutamente nada.
No se parecen los operativos usados por las agrupaciones mexicanas, a los empleados por las correspondientes norteamericanas, para detener, o eliminar, a los presuntos “jefes” de los grupos criminales.
Un ejemplo: El operativo utilizado por las agencias norteamericanas, para detener a los asesinos del agente norteamericano, Jaime Zapata, miembro del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), perpetrado en las cercanías de San Luis Potosí en febrero de 2011, tardó 6 días en localizar a los asesinos.
¿Se parece al empleado para detener al “Z40”?
Y es que la Procuraduría General de la República afirmó que su detención no se dió “por casualidad”, sino derivada de los “trabajos de inteligencia y coordinación de las fuerzas policiacas, navales y militares del país”, a las que, de acuerdo con fuentes militares mexicanas, el gobierno estadunidense habría aportado información al mexicano sobre el paradero del narcotraficante.
Pero tales precisiones no hacen más que ahondar la necesidad de plantear los cuestionamientos acerca de lo limitado de las detenciones realizadas por las agrupaciones policiacas y militares del país, ya que dan la impresión de no querer desarticular a las que todo mundo considera empresas de un elevado nivel de complejidad y a las que solamente les quitan la presunta cabeza principal dejando intacta el total de la estructura, lo que da pie a la inmediata reconstrucción del grupo criminal, o a su fragmentación, con la consabida secuela de enfrentamientos y elevación de los índices delictivos pues, rota la cadena del tráfico de drogas y dinero, las bandas deben recurrir a otras formas de financiamiento.
Pero si la detención (o eliminación) del presunto jefe criminal no conlleva la revelación de las empresas utilizadas para el embarque y traslado de las drogas, ni de las empresas usadas para el lavado de dinero, de poco sirve ¡Ah, y también para que los gobernantes se “luzcan” presumiendo cifras de detenciones, de sicarios y jefes criminales que sólo aumentan el número de detenidos en los penales!
De ahí que las preguntas salten solas: ¿Dónde las empresas del Z40, dónde sus enlaces financieros, quienes son sus cómplices y subordinados? ¿Dónde sus enlaces gubernamentales?
Y tales preguntas tienen más razón de ser a la luz de todas las informaciones rendidas en el sexenio anterior, no desmentidas por el actual, de que los Zetas habían pasado de ser un grupo sicarios al servicio del Cártel del Golfo, para convertirse en la organización criminal más sanguinaria y de mayor crecimiento (exponencial) en el sexenio de Felipe Calderón, dedicada, además de la comisión de homicidios, secuestros y extorsiones, al tráfico de drogas.
Pues bien, si la detención de Treviño obedece a un trabajo de “inteligencia” ¿Dónde los resultados de las investigaciones realizadas? ¿O será que los norteamericanos sólo les ofrecieron la información de la ubicación del Z40 y de ninguna manera el resto de los datos?
¿O, peor aún, que esa información está en manos de las autoridades mexicanas y éstas decidieron no afectar la estructura del cártel?
En tanto, el presunto delincuente solicitó la duplicidad del plazo para emitir declaraciones, que se vence hoy, pero sólo para la acusación de los delitos de “portación de armas de fuego exclusivas del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita” y no para el cúmulo de delitos que en los medios de comunicación se les achacan.
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