Durante el último año de gobierno del priísta Enrique Peña Nieto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó que presuntamente se utilizaron de forma irregular 144 mil 430 millones de pesos del gasto federalizado (presupuesto federal dirigido a los estados), que para la Cuenta Pública 2018 ascendió a más de un billón 700 mil millones de pesos.
Esta tarde, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, realizó ante la Cámara de Diputados la Tercera Entrega de Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalízación Superior de la Cuenta Pública 2018.
El funcionario detalló que respecto de la Cuenta Pública 2018 se realizaron 872 informes individuales que, sumados a los 268 informes rendidos en junio y 668 en octubre, suman un total de mil 808. Adicionalmente, se practicaron ocho auditorías derivadas de solicitudes y denuncias sobre ejercicios fiscales en curso o anteriores, al amparo del Título Cuarto de la Ley de Fiscalización; así como ocho estudios y seis evaluaciones de políticas públicas.
“Del total de auditorías practicadas 819 se realizaron a entidades federativas, municipios o alcaldías de la Ciudad de México. Asimismo, se llevaron a cabo 478 al Poder Ejecutivo Federal, cuatro al Poder Judicial, nueve al Poder Legislativo y 11 a órganos autónomos. El total de entes auditados ascendió a 549, considerando entidades auditadas por primera ocasión como son los Congresos Locales”.
Ante integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el auditor superior de la federación indicó que con relación a los beneficios económicos de la fiscalización, hasta el día de hoy las recuperaciones operadas de la Cuenta Pública de 2018 ascienden a 9 mil 808 millones de pesos, de los cuales mil 647 millones corresponden al gasto federalizado, “en virtud de que los procesos de aclaración están comenzando”.
Agregó que cuando la instancia a su cargo ha detectado indicios de corrupción, “no ha vacilado en denunciarlos, coordinandose eficazmente con la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), para que se procure justicia efectivamente y, de ser el caso, se sancione a los responsables con todo el peso del estado de derecho”.
Colmenares Páramo subrayó que la ASF trabaja de manera coordinada con la FGR en diversas denuncias por daño al patrimonio público en los procesos que se siguen por las presuntas irregularidades cometidas en el sexenio pasado por ex servidores públicos de las entonces secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol), conocido como la estafa maestra, y por el que está siendo procesada la es titular de esas dependencias, Rosario Robles.
De igual forma, el órgano fiscalizador ha trabajado en auditorías de administraciones anteriores de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde “han surgido casos que han ofendido a todos los mexicanos por las graves señales de malos manejos, de abusos y corrupción”, indicó. Hay que señalar que la semana pasada, fue detenido en España, el ex titular de la paraestatal, Emilio Lozoya Austin, quien enfrenta un cúmulo de acusaciones por probables actos de corrupción cuando estaba al frente de esa empresa del Estado, y quien se econtraba prófugo de la justicia mexicana desde mayo de 2019.
Fuente: La Jornada
