La actual administración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha encontrado anomalías en algunos de sus 65 fideicomisos de los que ejercen recursos públicos, los cuales serán fiscalizados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La directora general del consejo, Elena Álvarez-Buylla, indicó que se ha detectado que, por ejemplo, un mismo proyecto se repite hasta en 20 ocasiones.
En un foro en el que estuvo acompañada por la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, Álvarez-Buylla afirmó que esto es muestra que hubo agentes que se especializaron en obtener recursos del erario para fines distintos al ámbito de la ciencia y tecnología.
Tenemos 65 fideicomisos, que se dice rápido, pero es prácticamente imposible fiscalizar de manera eficiente y transparente a todos en su conjunto; hemos encontrado hasta 20 veces un mismo proyecto bajado por diferentes agentes que se han especializado en recibir recursos de la función pública, del erario, para fines que no son justamente los que marca la ley.
La funcionaria refirió que 35 de los fideicomisos del Conacyt son del programa llamado Fondos mixtos, dirigidos al trabajo en las entidades federativas y que una cantidad importante de estos recursos se han destinado, por ejemplo, para obra civil e infraestructura, que muchas veces no redunda en un beneficio del desarrollo científico y tecnológico del país.
Enfatizó que bajo los nuevos lineamientos de la Cuarta Transformación, el fin de la dependencia a su cargo es consolidar estos fideicomisos y una reforma profunda para asignar los recursos en la materia.
Fachadas de corrupción
La secretaria de la Función Pública señaló que por décadas los fideicomisos fueron fachadas para esconder corrupción en el país. Es incuestionable el vínculo que se ha fabricado para hacer de los fideicomisos, no sólo auténticas cajas chicas, sino que se constituían en fachadas para ingeniería financiera y contable, y para esconder franca corrupción.
Por medio de estos mecanismos, agregó Sandoval, las entidades y los organismos gubernamentales dispusieron de recursos públicos sin vigilancia y sin supervisión por parte de los órganos internos de control del Estado o de alguna otra instancia de fiscalización. Ello provocó irregularidades en la gestión pública y llegó a generar importantes daños patrimoniales con el franco desvío de los recursos y de la defraudación fiscal en los pasados gobiernos federales y locales.
Fuente: La Jornada
