El 8 de enero El Universal publicó que el acoso sexual en dependencias del gobierno ha aumentado en los últimos años. En 2013 había 24 quejas; en 2014, 84; en 2015, 237, y en 2016 hubo 230. Hasta octubre del año pasado había 131 casos.
En el texto se constató que el INE es el órgano que más denuncias registró, con 420 acusaciones.
El Universal también publicó en ese mes el caso de Karla, quien laboró como analista jurídica en la Dirección del Secretariado del INE y acusó a Lavoignet por “tocamientos lascivos” y acoso sexual de 2015 a 2017.
En marzo, se documentó otra denuncia contra el mismo personaje, ésta promovida por Margarita, quien accedió a testificar hechos similares ocurridos en 2015, tras conocer el caso de Karla.
Ambas acusaron al funcionario de tocamientos, acoso laboral y condicionamiento de renovación de contrato a cambio de favores sexuales.
Al final, de acuerdo con la resolución emitida el 3 de septiembre, se acreditó acoso sexual a Karla en dos variantes: “chantaje sexual a quid pro quo [a cambio de]y el acoso sexual ambiental”, es decir, cuando conductas sexuales propician un ambiente de trabajo hostil, ofensivo o humillante.
“Está demostrado que el infractor acosó sexualmente y hostigó laboralmente a la denunciante, atentando contra su autoestima, salud e integridad”.
El sancionado “dispuso del cuerpo de la quejosa a su voluntad, al hacerle que mostrara sus senos, tocárselos, así como tocarle su entrepierna, incluso mantener relaciones sexuales, a pesar de expresar rechazo, miedo o inconformidad, lo cual, conforme al fuero interno de la denunciante, le ocasionó enojo, frustración, ansiedad, angustia, tristeza, sentimientos de culpa, vergüenza”.
El expediente da cuenta de cómo el denunciado ejerció su jerarquía y relación de poder e incluso contó con el apoyo de un tercero, su secretario, para el acoso laboral.
“Sentía miedo, pensé en mi trabajo, no quería perderlo, pensé en mi hija y como que me bloqueé, me sentí aplastada (…) él me decía que yo le debía la plaza (…) se bajó el cierre de su pantalón y me pidió que me quitara la blusa y me tapó la boca para que no gritara”, se lee en el expediente.
Karla también denunció por acoso laboral a Jorge Garza Talavera, quien fue suspendido 10 días sin goce de salario y dejaría de percibir 21 mil 355 pesos (su salario mensual neto es de 64 mil pesos), pero con posibilidad de alargar sus vacaciones, pues el INE estuvo de descanso hasta el viernes pasado.
El 1 de marzo Lavoignet fue separado de su cargo para ser investigado. El 3 de septiembre el titular de la Junta General Ejecutiva del INE, Edmundo Jacobo, concluyó el procedimiento laboral disciplinario y resolvió la destitución.
Lavoignet y Garza también pueden inconformarse e incluso acudir ante el TEPJF.
