Por Luis Javier Valero
En tanto que cientos de funcionarios de todos los niveles y habitantes de distintos pueblos de la Tarahumara acudían a la reunión que encabezó el Presidente Enrique Peña Nieto en Guachochi, en una repetición desgastada de los eventos presidenciales, casi medio centenar de gobernadores de pueblos tarahumaras de Guadalupe y Calvo, Urique y Bocoyna realizaban el mismo trayecto, pero en sentido contrario a la ciudad de México.
No escucharon a Peña Nieto afirmar que la Cruzada contra el Hambre beneficia, ya, a 3 millones, y que al cerrar el presente año, más de cinco millones alcanzarán este beneficio. Según el presidente, en 2012 había 7 millones de mexicanos en pobreza extrema.
Sin embargo, esas cifras, casi de manera inmediata, se pusieron en entredicho cuando la secretaria de Desarrollo Social del Gobierno federal, Rosario Robles Berlanga, anunció que al terminar la gestión del actual gobernador César Duarte, “130 mil personas en pobreza extrema dejen esa condición”.
Sorprende porque desde el año anterior el mandatario estatal, con base en las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), había informado que “alrededor de 100 mil chihuahuenses dejaron la pobreza extrema, que es la mayor reducción a nivel nacional”. (Nota de Orlando Chávez Echavarría, El Diario de Chihuahua, 31/VII/13).
No concuerdan las cifras. Faltan poco más de 2 años para el término de la actual administración estatal y según las cifras citadas, en ese lapso sólo se podrán mejorar las condiciones de vida de 30 mil chihuahuenses en pobreza extrema. Más. En esa ocasión, el director de Atención y Operación del Programa Oportunidades, Julio Manuel Valera Piedras, informó que se destinarían 346 mil millones de pesos para la Cruzada Contra el Hambre.
Tal cifra contrasta con otra, la de los potentados de México, que en esta administración federal han depositado 30 mil millones de dólares a bancos norteamericanos, los cuales, sumados a los capitales enviados al exterior como inversión directa, los mexicanos remitieron más de 45 mil 380 millones de dólares.
Así, si creemos las cifras destinadas al combate a la pobreza extrema, citadas por Peña Nieto, resultaría que el éxodo de capitales, esto es, sólo una parte de la riqueza generada por el trabajo de los mexicanos, casi es el doble de lo invertido en combatir a la pobreza extrema.
Lo anterior quizá explique porqué justamente cuando Peña Nieto encabezaba un acto en Guachochi, en el que daba a conocer los alcances de este programa estelar de su gobierno, casi medio centenar de gobernadores rarámuris acudían a la ciudad de México a entrevistarse con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con los integrantes del Tribunal Agrario a fin de sensibilizarlos en la resolución de distintos asuntos relacionados con la tenencia de la tierra, el respeto a sus derechos como ciudadanos y como comunidades indígenas, además de intentar que un conjunto de funcionarios del gobierno federal atiendan sus reclamos.
Agrupados en la llamada Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara, habitantes de Bacajípare, Huitosachi, Bosques San Elías-Repechike y Mogotavo expusieron ante el ministro presidente de la SCJN “la problemática que se vive en sus comunidades ante la irregularidad con la que actúan las autoridades del estado de Chihuahua”. (Boletín de prensa de las organizaciones, 3/VI/14).
Entre los asuntos torales planteados por los dirigentes indios, a quienes acompañaban Isela Gonzáles, directora de Alianza Sierra Madre A.C.; María Teresa Guerrero, directora de Consultoría Técnica Comunitaria; y Juan Ríos, director de Tierra Nativa A.C., está la falta de ejecución de un asunto ya determinado por la Corte en la que le ordenó al Gobierno de Chihuahua, “constituir el consejo consultivo (con la participación de las comunidades indígenas) para el Fideicomiso Barrancas del Cobre, el cual hasta el momento no se ha integrado”.
Además, presentaron el caso del aeropuerto de Creel que, contra toda la información oficial ofrecida, el juez octavo de distrito, Ignacio Cuenca Zamora, le otorgó a las comunidades indígenas el amparo de la justicia federal, y en el que “se dañaron grandes extensiones de flora y fauna por la tala de pino, extracción de materiales, además de las áreas de pastoreo y de recolección de plantas medicinales y la clausura de dos manantiales para uso doméstico, con materiales removidos por la construcción de la aeropista”.
No es el único caso controversial, por las graves consecuencias derivadas de lo denunciado por los gobernadores rarámuris: “El gobernador indígena de Bacajípare, Lorenzo Moreno Pajarito, y la representante de Huitosachi, María Monarca, refirieron que los complejos hoteleros y turísticos en el Divisadero realizan descargas de aguas negras al fondo de la barranca, afectando el caudal de agua de tres manantiales que esta comunidad utilizaba para consumo doméstico…”.
Enterados de la visita presidencial fueron tajantes: “La extrema pobreza, las muertes de niños y mujeres, el que la mayoría de nuestra gente no sepa leer y escribir, demuestra que la riqueza que se ha sacado de nuestros territorios durante siglos se la han llevado otros. Por ello, creemos que ni con 100 cruzadas contra el hambre podrán mejorar nuestra situación”, declaró Lorenzo Moreno.
Lo dicho, en sentidos contrarios.
