Por John M. Ackerman
Los gobiernos federal, estatales y municipales, así como las principales televisoras del país, ya buscan lucrar políticamente con el desastre generado por las tormentas Manuel e Ingrid. Culpan a las víctimas de su propia desgracia, convierten las visitas a las zonas afectadas en indignantes espectáculos mediáticos y hacen pasar la entrega de despensas y la aprobación de escuálidos fondos como la evidencia palpable de su supuesto compromiso con el pueblo.
Será muy difícil que alguien crea en estos hipócritas esfuerzos que buscan utilizar el desastre natural para reconstruir su lastimada legitimidad. Más bien la reconstrucción de Guerrero, Michoacán, Veracruz y los otros estados afectados constituye una oportunidad de oro para desmontar la corrupción y el cinismo de la clase política y los poderes fácticos.
¡Pensé que era el fin del mundo!, exclama Sergio Martínez, director del Centro de Salud del pueblo de Totolapan en Tierra Caliente, en entrevista con el corresponsal de La Jornada Guerrero,Sergio Ocampo. El desbordamiento del río Balsas inundó este pueblo y dejó totalmente incomunicados a los 28 mil habitantes de la zona.
Las lluvias de las últimas semanas no fueron desde luego el diluvio final del cual nos habla la Biblia. Pero con una decidida acción ciudadana esta tragedia sí podría llegar a ser el principio del fin de la irresponsabilidad gubernamental y el desprecio de las élites hacia el pueblo mexicano. Por ejemplo, frente a la evidente negligencia de las autoridades para prevenir y proteger a la población, los ciudadanos tendrían que ser los responsables de coordinar y vigilar las acciones de reconstrucción.
Un ejemplo a seguir sería el del Consejo de Autoridades de Comunidades Afectadas por la Tormenta, formado por pueblos indígenas de la Montaña de Guerrero el pasado 23 de septiembre. El importante reportaje de Blanche Petrich sobre el tema cita a Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien señala que los integrantes del consejo insistirán en que no los excluyan de la toma de decisiones. Porque lo que tradicionalmente sucede es que los presidentes municipales se reúnen a puertas cerradas con el Ejército y las autoridades del estado y deciden sobre los desplazados, las ayudas y los recursos sin consultar a los pobladores. Este consejo será la voz de los pueblos. Y también va a verificar que las cosas se hagan conforme a sus necesidades.
La responsabilidad gubernamental y televisiva en el desastre es evidente. El destacado líder guerrense Pablo Amílcar Sandoval ha revelado que desde las 8 de la mañana del viernes 13 de septiembre el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que las lluvias deManuel “muy probablemente resultarán en inundaciones repentinas y deslaves que ponen en riesgo la vida… especialmente en las zonas montañosas” (véase: http://ow.ly/phku7 ). Miguel Ángel Osorio Chong insiste en que se giraron algunos oficios con un aviso burocrático antes del diluvio, pero los 145 muertos contabilizados oficialmente y los miles de damnificados demuestran que esta acción simuladora fue totalmente insuficiente.
De acuerdo con la Ley General de Protección Civil, el Ejecutivo federal es la instancia responsable de asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil. Esto implica, por ejemplo, vigilar que no se autoricen centros de población en zonas de riesgo y, de ser el caso, se notifique a las autoridades competentes para que proceda a su desalojo (art.7, VIII). Si bien las autoridades municipales y estatales también son responsables, la Secretaría de Gobernación tendría que haber enviado desde el mismo viernes 13 una orden explícita para desalojar las zonas en riesgo. Los miles de policías federales que ese día se ocuparon para desocupar violentamente el Zócalo, por ejemplo, hubieran sido mucho más útiles ayudando a evacuar la Montaña de Guerrero.
El gobierno federal también tendría que haber recurrido a los medios de comunicación masivos, y en particular a su aliada Televisa, así como utilizado los tiempos oficiales para difundir ampliamente el peligro que se acercaba, ello de acuerdo con los artículos 9 y 13 de la misma ley. Los actuales esfuerzos de comunicación social en la materia solamente sirven para tapar el pozo después del ahogamiento de por lo menos 145 ciudadanos.
Este desastre ha revelado que están de cabeza las prioridades de Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre, Televisa y toda la desprestigiada clase política, tanto guerrerense como nacional. En lugar de cumplir con sus responsabilidades de proteger la población del diluvio que se acercaba, prefirieron reprimir a los maestros, tomar tequila con sus amigos y llenar las plazas públicas con acarreados.
El viernes 13 de septiembre de 2013 resulta ser similar a dos otras fechas históricas: el 2 de octubre de 1968, con el brutal asesinato de estudiantes en Tlatelolco, y el 19 de septiembre de 1985, día del terremoto histórico en la ciudad de México. Los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en cada una de estas tres fechas, y durante los días subsecuentes, desnudaron la verdadera esencia del régimen autoritario y dieron pie a importantes procesos políticos a favor de la democracia y la justicia social. Tal como ocurrió en 1968 y 1985, la tragedia actual tendría que convertirse en un llamado nacional a la acción social para desplazar a la corrupta clase política y luchar para instalar un régimen nuevo fiel a una verdadera soberanía popular.
Twitter: @JohnMAckerman
Fuente: La Jornada
