Por Arturo Rodríguez García/ Proceso
Mazapil, una vieja comunidad minera en el norte de Zacatecas, se vació hace cuatro décadas. El cierre de minas y la aridez de la tierra provocó éxodos de pobladores. Pero hace ocho años el lugar salió del letargo y ahora sofisticadas maquinarias, altivos extranjeros y miles de obreros temporales deambulan por el breve caserío de la cabecera municipal.
El municipio tiene menos de 18 mil habitantes, de los cuales 72% son pobres y 24% vulnerables. Sólo 3.7% no presenta alguna de esas condiciones, según la Medición de Pobreza 2010 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Salvo por los nuevos hoteles, mesones, posadas, cantinas y los extraños, todo sigue igual en Mazapil desde que en 2005 la firma canadiense Goldcorp ocupó las tierras de cinco ejidos e instaló El Peñasquito, una de las tres minas de oro más importantes del mundo.
El complejo de mil 500 millones de dólares fue inaugurado el 23 de marzo de 2010 por Felipe Calderón y la entonces gobernadora zacatecana Amalia García, quienes presumieron los 3 mil 500 empleos directos que la mina generaría para las comunidades.
En el otro extremo del valle, a unos seis kilómetros de Mazapil, desaparece desde hace meses la comunidad de Salaverna. Bajo los montones de piedras que una vez fueron viviendas se localizó una reserva con potencial aurífero y cúprico que volvió prescindible el pueblo. La minera Frisco, subsidiaria de Grupo Carso, de Carlos Slim, decidió borrarlo y construir Nuevo Salaverna, como llaman a la colonia de interés social.
Mazapil atestigua la bonanza de dos gigantes que por la vía del despojo o la renta irrisoria de terrenos se convirtió en lo que hoy los empresarios mineros llaman “El Dorado Mexicano”.
De pronto los 650 habitantes de la cabecera municipal se convirtieron en 2 mil 500. El desvencijado hotel con sus seis habitaciones fue insuficiente. Decenas de casas rodantes y campamentos albergaban a cada vez más mineros que se asentaban en las márgenes del pueblo.
El agua, apenas suficiente para 63% de la población que había, no alcanzó para la repoblación cuadruplicada y desecó los ejidos El Vergel, Cedros, Mazapil y Cerro Gordo.
Cuando en 2004 los geólogos y peritos mineros convencieron a los ejidatarios de rentar sus tierras en 50 centavos el metro cuadrado, no les hablaron de las reservas por 18 millones de onzas de oro y mil millones de onzas de plata (equivalentes a 78 mil millones de dólares) que había ahí.
Los ejidatarios fueron reubicados en colonias de interés social. Cuatro de los cinco ejidos quedaron más o menos conformes, pese a que las casas nuevas tienen averías, grietas y servicios insuficientes, y casi nadie tiene escrituras. Sólo los ejidatarios de Cerro Gordo protestaron. Para exigir una renegociación y un porcentaje anual de ganancias bloquearon los accesos a la mina el 22 de abril de 2009.
El vocero del Peñasquito reclamó porque más de 3 mil empleados externos y mil 500 internos estaban parados, provocando pérdidas a la empresa. Además de la improductividad, se derrochaban los recursos del traslado de personal. Esos reclamos revelaron que los empleos no fueron para las comunidades de Mazapil; todos los trabajadores eran subcontratados temporalmente en las ciudades próximas.
La respuesta al conflicto vino del gobierno perredista de Amalia García. El subsecretario de Gobierno David Frías, abogando por la empresa, expresó: “Si los campesinos quieren ser socios y obtener reparto de ganancias, que inviertan y coticen en la bolsa de valores de Nueva York”.
A partir del juicio agrario 412/2009, resuelto por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito I, con sede en Zacatecas, Goldcorp debe restituir 599 hectáreas a los ejidatarios de Cerro Gordo y pagarles una indemnización de 130 millones de pesos. La sentencia quedó firme el pasado 17 de enero, cuando la empresa agotó las instancias y se le negó un amparo.
Puesto que la sentencia es por nulidad del arrendamiento de las tierras, la compañía exigió los 3 millones de pesos que les pagó. No esperaba que los ejidatarios tuvieran lista esa cantidad.
Asesorados por académicos, organizaciones ciudadanas y el diputado panista José Isabel Trejo, el peregrinar por juzgados y tribunales que durante años protagonizaron los campesinos de Cerro Gordo parecía terminar el pasado 16 de abril.
Pero ese día el magistrado presidente del TUA, José Rodolfo Lara Orozco, se negó a recibir el dinero de los campesinos y con ello evitó que se cumpliera la sentencia. En vez de eso, Lara Orozco llamó a las partes a resolver por la vía de la negociación económica el conflicto.
Lara Orozco rechazó el dinero de los campesinos con el argumento de que no tenía condiciones para resguardarlo en el tribunal.
La abogada de la empresa minera, Julieta Kuri, le recordó al magistrado la importancia constitucional de la minería, las pérdidas económicas y de empleos… luego propuso la designación de un perito contable que determinara el valor de las tierras para saber cuánto pagar a los ejidatarios. Una vez más Lara Orozco cedió en lugar de ejecutar la sentencia.
Así Goldcorp pudo dar largas, aunque sólo para enfrentar otro problema. El pasado 25 de abril unos 500 trabajadores bloquearon los accesos a El Peñasquito. La Jornada informó que los obreros subcontratados reclamaban más utilidades, pues en estos años apenas han recibido 10 mil pesos por ese concepto.
La mina que Slim tocó
Hace 10 años Carlos Slim adquirió una vieja mina de cobre en decadencia y hace poco se descubrió ahí una de las vetas de oro más grandes del mundo. Pero para explotarla no basta que la haya tocado el empresario –la adquirió cuando su empresa Frisco compró la vetusta Minera Tayahua– pues la actividad extractiva sólo será posible si desaparece Salaverna.
Frisco afirma que el yacimiento es de cobre, pero el diario Zócalo de Saltillo reveló que la reserva es aurífera y superior a la del Peñasquito.
“Ese señor Carlos Slim, con tanto dinero, cree que puede borrar un pueblo a su antojo. Nos ofrece casas de interés social a cambio de las que tenemos, mientras ellos van a sacar miles de millones de la tierra”, dice Humberto de la Rosa, vecino de Salaverna.
De la Rosa recuerda que antes había amplios hatos ganaderos y se practicaba la agricultura, pero debido a que las mineras se acabaron el agua, además del mineral, ya nadie pudo sobrevivir en la región. “Si los dejamos, lo mismo va a pasar con Salaverna, donde nacimos y crecimos, donde tenemos nuestro patrimonio”, dice.
Cuando la intención de desaparecer el poblado se empezó a barajar, Frisco ofreció a cada propietario 100 mil pesos y una casa de interés social en un fraccionamiento que denominaría Nuevo Salaverna.
Frisco desplegó a psicólogos y sociólogos para realizar supuestos estudios entre las familias, pues tenían enfrentamientos verbales con ingenieros y directivos. En realidad los convencían de ceder sus tierras.
Los pleitos con el personal de Frisco surgieron porque se empezaron a hacer mediciones topográficas y estudios geológicos, así como perforaciones para cuantificar el manto mineral, pero con el inconveniente de tumbar cercas o mover objetos en los patios de las viviendas para hacer pozos sin permiso ni aviso alguno.
“Sabemos a quién nos enfrentamos. Nos quiere fregar el más rico del mundo”, dice Estanislao Mendoza, dirigente de la Asociación de Posesionarios de Salaverna A.C., opositor a la reubicación que él considera despojo.
Con el argumento de que las tierras le pertenecen, el desplazamiento de Frisco lleva ya dos años y sólo unos cuantos habitantes se resisten a dejar sus casas. En realidad las mil 200 hectáreas que pretende explotar Frisco eran terrenos nacionales.
“La empresa tiene la concesión por el subsuelo, pero eso no quiere decir que sea dueña de la superficie que nosotros y nuestros padres habitamos desde 1917”, dice Mendoza y explica: “Frisco quiere reclamar estas tierras. Si a esas vamos, nos pueden sacar los títulos de propiedad de las compañías mineras españolas y va a resultar que nos van a querer marcar con fierro de Frisco, porque a lo mejor nuestros antepasados fueron esclavos de esas minas”.
Fuente: Proceso
