El Estado mexicano está obligado a atender de raíz el origen de la captación de base social de los grupos de la delincuencia organizada, pero su desmantelamiento no puede darse con la represión y la violencia, sino con equidad y desarrollo social, aseveró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Entrevistado a las afueras de Palacio Nacional, el funcionario indicó que en el caso de Guerrero —tras los hechos de violencia registrados entre lunes y martes— ya se tiene bien identificada la zona en la que se da este fenómeno de base social en favor del crimen, y en particular se presenta en la zona de Petaquilla y Chilapa.
Indicó que estos grupos del crimen organizado logran captar base social de apoyo sobre todo a través de la coerción y la amenaza.
Consideró que en el fenómeno que se dio en Chilpancingo y alrededores “se conjugan varios factores: muchos recursos económicos, amenazas y capacidad de movilización de grupos delictivos”
—¿Y qué puede hacer el Estado? -se le preguntó.
—Puedes desmantelar estos grupos con respeto y el peso de la ley -respondió.
Añadió que la responsabilidad del Estado es desmantelar este tipo de base social que apoya al crimen organizado.
El subsecretario rechazó que la criminalidad esté ganando la batalla a las autoridades. “Al contrario, hemos empezado a revertir seriamente este problema (…) Se está haciendo el mejor esfuerzo en materia de combate la inseguridad, van los resultados, no a la velocidad que uno quisiera pero todos los delitos están descendiendo”.
Interrogado también sobre la crisis del desplazamiento forzado interno en México, dijo que se tiene una cifra “de carácter general” que se estima en 300 mil personas en esa situación.
El problema, agregó, no sólo se presenta por la violencia, sino también por la marginación, la pobreza, la caída en la actividad agrícola, la sequía, entre otros. “Son muchos los factores”.
Señaló que su visita a Palacio Nacional fue para dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador de diversos temas de la agenda de derechos humanos, uno de ellos los avances en el caso de la desaparición y crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa.
El próximo día 26, dijo, se reunirá como cada mes con los padres y las madres de los jóvenes, así como con sus representantes; destacó las órdenes de aprehensión contra militares emitidas recientemente por la fiscalía para el caso; y confirmó que el último día de julio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos culminará su labor en la coadyuvancia de ese caso.
“Va por muy buen camino la investigación, estamos en un buen momento. Va a haber resultados”, garantizó.
Fuente: La Jornada
