La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desinfló una sentencia que obligaba a la Secretaría de Gobernación (Segob) a indemnizar a decenas de miles de ex trabajadores migratorios o sus descendientes, que exigían mucho más que los 38 mil pesos que desde hace años se han entregado a este grupo como compensación.
La Segunda Sala de la Corte modificó un amparo concedido en 2016 por la entonces jueza federal Paula García Villegas Sánchez Cordero –actualmente magistrada–, quien ordenó a la Segob hacer una búsqueda exhaustiva para averiguar dónde quedaron los recursos descontados de un fondo de ahorro creado para los braceros que laboraron legalmente en Estados Unidos de 1942 a 1964.
García Villegas calificó los 38 mil pesos, que se han pagado desde 2005, como un “paliativo” y ordenó conseguir con el Gobierno de Estados Unidos datos “exactos y transparentes” sobre los descuentos a todos los braceros, incluidos los que ya cobraron los 38 mil pesos.
El pasado 31 de octubre, la Corte desactivó el problema.
Los ministros aclararon que los descuentos por fondo de ahorro sólo se aplicaron de 1943 a 1949 y que, ante la ausencia de pruebas documentales, el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que maneja Gobernación es la única fuente para pagos de este tipo, con requisitos documentales mínimos.
“Incluso se abrió la posibilidad de que pudieran beneficiarse aquellas personas que laboraron en Estados Unidos más allá del periodo en que normativamente estaba previsto el descuento para el Fondo de Ahorro Campesino, de manera que también los ex trabajadores migrantes que participaron en el Programa Bracero entre 1949 y 1964 podrían recibir el apoyo”, dice la sentencia del Ministro Javier Láynez.
Agregaron que el amparo sólo debe beneficiar a las 7 mil 177 personas que lo promovieron y no a todos los braceros o sus descendientes, y que su único efecto es que Gobernación les responda una petición, sin hacer la investigación exhaustiva que ordenó la jueza.
Termina esperanza
Los paisanos que trabajaron de manera legal en Estados Unidos entre 1942 y 1964 esperaban recibir el pago por descuentos a sus salarios. El fallo era esperado por 5 mil 600 ex trabajadores o sus familias.
Fuente: Reforma
